México, 1 de agosto (La Razón).- Los generales Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia Vargas y Roberto Dawe, tendrán que enfrentar un juicio por delitos de delincuencia organizada.
En el filo del vencimiento del plazo de arraigo en su contra, la Procuraduría General de la República obtuvo las órdenes de aprehensión respectivas.
Hay que decir que esto ocurrió luego de que fueran valoradas las pruebas de descargo que proporcionó el propio general Ángeles y que sólo fueron integradas al expediente por la orden precisa y apremiante de un juez a las autoridades.
Para el Ministerio Público es una buena noticia, ya que de no lograr la detención habría significado fortalecer las teorías que ven en las acusaciones una venganza.
Tampoco sería la primera, y menos la última vez, que algo así ocurre, y esto se puede entender si tenemos en cuenta la rudeza de los cuarteles y las ambiciones que despierta el poder que proviene de las armas.
Los tres generales serán acusados junto a dos narcotraficantes de altos vuelos, Edgar Valdés Villarreal, La Barbie, y Gerardo Álvarez Vázquez, El indio. Ambos sujetos pertenecieron a la organización de los hermanos Beltrán Leyva.
Hay un dicho que señala que en México “a nadie se le niega un vaso de agua o un auto de formal prisión” y eso se puede aplicar muy bien a las órdenes de captura.
Habrá que esperar a las valoraciones del juez que decida dictar el auto de formal prisión y con el tiempo al propio proceso para tener una valoración adecuada del asunto.
Por lo pronto es una noticia triste para las fuerzas armadas, porque el general Ángeles pertenece, como se ha dicho con insistencia, a la élite militar mexicana.
El caso, además, es el más importante desde la operación limpieza, la que culminó con la detención de quien había sido el Zar antidrogas.
La historia penal mexicana indica que se debe ser cauto en los juicios, ya que en más de una ocasión los grandes anuncios sólo han sido el prólogo de fiascos de gran envergadura.
Lo más grave para los grandes casos judiciales, y más en los que está implicada la política, es que nunca hay final feliz, ya que cualquier desenlace tiene graves implicaciones.
No se necesita mucha imaginación para prever las consecuencias que se derivarán de que tres generales del ejército hayan estado al servicio de los barones del narcotráfico, pero peor aún, sería terrible amanecer un día con que siempre no, que alguien se equivocó y que los testigos protegidos no fueron lo confiables que se esperaban.
Los generales no se improvisan, y la pérdida de cada uno de ellos y en circunstancias en las que está en litigio su honorabilidad, representa un alto costo en inversión y, más grave, en la moral de los mandos más jóvenes.
Triste suerte para los generales, pero también para un aparato de seguridad sometido a las presiones del narcotráfico y a una guerra de la que no hay final a la vista.
Julian Andrade
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La Razón