México, 29 de octubre (Reforma).- El anteproyecto de ley general contra tortura y tratos crueles contempla la creación de un Instituto Nacional Forense que sea autónomo, así como llevar un registro nacional de víctimas y sanciones a quien simule haber sido torturado.
Esta semana, la Procuraduría General de la República (PGR) se reunió por última vez con grupos civiles, legisladores y organizaciones internacionales, para ahora consolidar las propuestas y que el Presidente pueda presentar la iniciativa al Congreso a fines de noviembre, comentó Juan Pablo Pampillo, titular de la Unidad de Ética y Derechos Humanos de la PGR y quien encabezó las audiencias.
Estas consultas, que comenzaron los primeros días de octubre, permitieron modificar más del 90 por ciento de la propuesta original que le fue presentada a organizaciones civiles, estimó Stephanie Erin Brewen, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Aunque el proyecto sigue considerando como conductas separadas la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, Chasel Colorado, de Amnistía Internacional, destacó que la diferenciación ya no está relacionada con la gravedad de las heridas, como al inicio.
“De inicio este es un anteproyecto que finalmente también deberá pasar por las instancias legislativas”, acotó Eber Betanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR.
Dividida en cinco títulos, con 95 artículos, más 15 transitorios, la ley considera como tortura el causar por acción u omisión penas, dolores, sufrimientos físicos o psicológicos a una persona, incluyendo la violencia sexual, para obtener una confesión o para que realice o deje de hacer una conducta o como medio intimidatorio.
En tanto que los tratos crueles son definidos como los actos intencionados pero sin un propósito determinado que causen dolores o sufrimientos físico o psicológicos que resulten ofensivos, humillantes o lesivos de la dignidad de la persona.
“Con el propósito de erradicar la tortura estamos incluyendo también los denominados ‘delitos vinculados’, como son la privación ilegal de la libertad, la incomunicación, la obstrucción a lugares de detención, mantener intencionalmente insalubres los lugares de reclusión y la simulación de tortura”, agregó Pampillo.
Estos ‘delitos vinculados’ -que fueron agregados en la última versión- son fuente de preocupación para Amnistía Internacional, pues consideran que algunos casos de desaparición forzada o de desaparición entre particulares podrían entrar ahí, consideró Chasel Colorado.
Sobre este punto, Stephanie Erin Brewen agregó que en la reunión del martes pidieron que esta ley se armonice con la de desaparición forzada para que no haya una tipificación diferente del delito de desaparición.
Ambas destacaron que la mayoría de sus preocupaciones fueron atendidas, como el derecho de las víctimas a peritajes independientes y que estos tengan el mismo peso que los oficiales.
César Martínez