México, 22 de octubre (Reforma).- México y Estados Unidos acordaron intercambiar información para identificar casos de mexicanos desaparecidos que puedan encontrarse en el vecino país.
Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó que durante la reunión bilateral sobre derechos humanos, que se realizó ayer en el Departamento de Estado, se abordó la posibilidad de intercambiar bases de datos para ubicar a personas reportadas como no localizadas.
En el encuentro, dijo, se mencionó que el registro actual de personas no localizadas en México es de 26 mil personas desaparecidas y 42 mil localizadas.
“En Estados Unidos el registro de no localizadas es de 86 mil personas; la idea es intercambiar información tecnológica sobre cómo conviene administrar y gestionar el registro (mexicano), e incluso la posibilidad de intercambiar bases de datos”, explicó en entrevista telefónica desde Washington.
Durante un foro en el Woodrow Wilson Center, el subsecretario de Derechos Humanos de la SRE, Miguel Ruiz Cabañas, indicó que durante la reunión bilateral se insistió en no confundir casos de personas no localizadas con presuntos casos de desaparición forzada.
“Lo que nosotros convenimos es trabajar bilateralmente con Estados Unidos para beneficio mutuo porque podemos intercambiar información de nuestros registros, con los registros que tiene Estados Unidos; y seguramente, tanto metodológicamente, como los nombres de personas, pudieran encontrarse en las dos listas el paradero de estas personas”, dijo el subsecretario.
En el encuentro bilateral, los funcionarios conversaron además sobre la investigación del caso Iguala, los derechos humanos de migrantes, las prácticas policiacas dirigidas a minorías y la pena de muerte.
Sobre este último punto, dijo Campa, se solicitó al Gobierno estadounidense respetar los estándares de derechos humanos.
“La delegación de México planteó algunos de los casos pendientes y manifestó su preocupación, su solicitud, de que en todos los casos se respeten los acuerdos internacionales y consulares”, describió.
“Se dio a conocer la información de los avances en Estados Unidos para ajustarse, en todos los casos, a los protocolos convenidos, y el compromiso para avanzar en la garantía plena de los derechos humanos en estos casos”.
A unos días de que se diera a conocer el recorte a los recursos de la Iniciativa Mérida por la situación de derechos humanos en México, Campa aseguró que no se habló del tema ya que la decisión dependió del Presidente Barack Obama y el Congreso estadounidense.
La delegaciones de México y Estados Unidos fueron presididas por el subsecretario Miguel Ruiz Cabañas y por Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, respectivamente.
Descartan tercera fase del GIEI
Al finalizar la segunda fase de trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Iguala, el Gobierno mexicano no volverá a ampliar su mandato, informó Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
“Después de consultar con los expertos el tiempo conveniente para la conclusión de sus tareas, la respuesta fue que seis meses es un tiempo razonable. (Una tercera fase) no está considerada, el planteamiento es que la conclusión de los trabajos sea al término de esta siguiente fase”, dijo en entrevista telefónica desde Washington.
El lunes, México y el GIEI firmaron un acuerdo de colaboración con 10 puntos fundamentales para que el grupo trabaje durante los próximos seis meses, que incluye el compromiso de generar un nuevo equipo de investigación a cargo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
Campa precisó que el acuerdo implica un esquema de coadyuvancia y límites en la participación del GIEI, ya que la responsabilidad de la investigación radicará, en su totalidad, en el Ministerio Público.
Diana Baptista y José Díaz Briseño