México, 8 de octubre (Reforma).- La Visitaduría General de la PGR suspendió hoy en forma temporal a Alejandro Montes Olmos, jefe Regional de la Policía Federal Ministerial en Zacatecas, por permitir que cinco de sus subalternos evadieran una orden de aprehensión que les libraron por extorsionar comerciantes.
Los agentes de la PFM eran prófugos por los delitos de extorsión en grado de tentativa, intimidación y contra la administración de justicia, pero su jefe no los detuvo y además los protegió, enviándolos de comisión a otro estado de la República, dijo la PGR en un comunicado.
De hecho, para sortear la supuesta protección que recibían, la Agencia de Investigación Criminal tuvo que enviar un grupo de agentes desde las oficinas centrales de la PFM en el DF, para detener a los cinco policías, lo cual finalmente consiguieron.
Los agentes implicados en la extorsión son Luis Velázquez Salgado, Paulo Sergio González Méndez, Javier Ruiz Armenta, Ricardo Pedraza Martínez y Francisco Javier García Barrientos.
Todos ya están sujetos a juicio en Zacatecas, aunque en libertad, pues los delitos que les imputan no están contemplados dentro del catálogo de ilícitos con prisión preventiva en el nuevo sistema de juicios orales, vigente en la entidad.
De acuerdo con un comunicado de la PGR, en junio pasado comerciantes del Municipio de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas, denunciaron que los elementos de la PFM les estaban requiriendo “cuotas” por permitirles abrir sus negocios.
Los agentes los amenazaron con causarles daño o imputarles delitos, e incluso se introdujeron sin orden de cateo a una refaccionaria, donde permanecieron revisándola durante un largo tiempo.
Tras investigar y obtener indicios de los hechos, el pasado 13 de julio la PGR obtuvo órdenes de aprehensión en el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal de Zacatecas, bajo el nuevo sistema de justicia oral adversarial.
Un juez de amparo suspendió los mandatos de captura, pero como los agentes no cumplieron con su obligación de presentarse a declarar ante el juez de la causa, se instruyó la reaprehensión de los implicados.
“No obstante haber recibido para su ejecución los mandamientos judiciales, y a sabiendas de su vigencia, el encargado de la Oficina Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Zacatecas facilitó la evasión de la acción de la justicia por parte de sus subalternos. Incluso los comisionó para que desarrollaran funciones en otro estado de la República”, dijo la PGR.
“Esta conducta es materia de la investigación, hasta el momento en vía de posible responsabilidad administrativa grave, llevada a cabo por la Visitaduría General a través de su Dirección General de Asuntos Internos, autoridad que hoy emitió determinación en el sentido de separar de su cargo al Jefe Regional, esto como medida cautelar que permita la debida conducción de las indagatorias”.
La AIC comisionó desde el DF a un grupo de agentes para detener a sus 5 colegas, lo que finalmente consiguieron.
Al ponerlos a disposición del juez especializado, fueron vinculados a proceso y se les decretaron medidas cautelares como la suspensión de sus cargos, la prohibición de acercarse a la comunidad donde residen las víctimas y la obligación de acudir al Centro de Justicia semanalmente.
El proceso penal se encuentra en etapa de investigación complementaria, a fin de que se lleven a cabo próximamente las audiencias de juicio oral.
La Visitaduría General de la PGR dijo que éste es uno de los casos comprendidos en las 80 órdenes de aprehensión giradas en el último semestre contra funcionarios de la Procuraduría involucrados en hechos de corrupción.
En dicho semestre, 69 personas han sido procesadas, lo que significa un incremento del 132 por ciento comparado contra el promedio mensual de autos obtenidos de diciembre de 2012 a marzo de 2015.
Adicionalmente, en la vía administrativa fueron removidos desde abril 89 agentes del Ministerio Público y 15 agentes de la PFM (104 en total) lo que significa una cantidad casi igual de servidores públicos removidos por haber incurrido en responsabilidad grave de la que se removió en los 28 meses previos.