Un vendetta al estilo “fuero de guerra”

Blog del Mayor Ramírez García. Foto: Especial¿Cómo se “fabrica” una acusación en la justicia militar? La tradición de los “anónimos”, sirve no solo para defenestrar generales “incómodos”, como ocurrió en el año 2004 cuando fue sentenciado el brigadier Ricardo Martínez Perea, oficial de caballería que años antes rompió todos los records de decomisos de droga en Tamaulipas, con lo que afectó “intereses superiores” y fue acusado vía fax de manera anónima de “proteger” al narcotráfico. Los anónimos se usan en el fuero de guerra no solo para “sacar” de la circulación a mandos castrenses, sino también para dar pie a venganzas contra oficiales de menor jerarquía. Son vendettas que nacen de envidias, celos, frustraciones, comportamientos característicos de la subcultura militar en México. El caso un médico cirujano sucedido en Sinaloa es uno de los últimos ejemplos.

México, 2 de octubre.- Alfredo Antonio Ramírez García era un oficial de sanidad que comenzó su carrera en 1991, cuando se graduó con rango de mayor y el título de médico cirujano por la Escuela Médico Militar. En 1994 luego de tres años de residencia en el Hospital Central Militar, fue enviado a una base militar en Acapulco, en el año en que comenzó el conflicto armado en Chiapas, al cuartel del Cuarto Grupo de Morteros que entonces tenía su sede en el puerto.

Su historia tuvo un giro inesperado ocho años después. De Acapulco llegó a Los Mochis en el año 2002, donde fue nombrado comandante del pelotón de sanidad del 89 batallón de infantería con sede en ese municipio del norte de Sinaloa. Ramírez García recordaba que a su arribo había un ambiente especial entre los oficiales de la unidad. Desde un principio el trato hacia su persona fue distante, parco y frio de parte de la mayoría de sus colegas de rangos superiores e inferiores, oficiales de arma todos ellos.

El doctor recordaba que su trabajo en el norte de la entidad se repartía entre dar consultas a militares y sus familiares, en actividades médicas profilácticas en el medio castrenses y cuando lo ordenaban los mandos, con la población civil en labores sociales. Era una actividad profesional relacionada con la salud, sin injerencia en las actividades operativas del batallón. Por razones de su servicio no era de su conocimiento el ámbito militar operativo, ya que su papel se circunscribía a un servicio técnico de apoyo médico. “Suele suceder que los comandantes de unidades y mayores de arma nos excluyen del círculo de jefes y oficiales. Nos consideran de inferior categoría por no ser de la clase de arma”, decía el mayor médico cirujano.

En el año 2002 cuando llegó a Sinaloa el comandante del 89 de infantería era el coronel Jorge Hernández Martínez, un frustrado estudiante de la Escuela Militar de Odontología. El trato con el mando de la unidad desde el principio siempre fue indiferente, discriminatorio hacia su subordinado del servicio médico. Una ocasión el coronel confesó que sus aspiraciones para formar parte del servicio militar de odontología, se frustraron porque había cierta animadversión en su contra. Fue dado de baja por motivos académicos, sin embargo, consideraba que fue porque le tenían mala voluntad los profesores. Por ese hecho, rememoraba el doctor, había un “abierto resentimiento” del coronel hacia su persona.

Su labor en el ámbito de la medicina contemplaba salir a monitorear la salud de las tropas desplegadas en la sierra. El 13 de septiembre del 2003, le tocó llevar cabo la campaña de vacunación contra el sarampión al personal desplegado en las bases de operaciones dentro del sector que corresponde al 89 batallón en Ahome, municipio donde se localiza Los Mochis, y varios poblados serranos colindantes con Chihuahua y Sonora. Ir y volver de inmediato tras concluir las actividades de su servicio, era la orden que recibió. Ese tipo de salidas siempre se hacían por disposición y con autorización del comandante del batallón, ya que nadie entraba ni salía del cuartel sin su anuencia a menos que se tratara de una orden superior.

Durante el recorrido que hizo por las diversas unidades desplegadas en la sierra del norte de Sinaloa, se entrevistó con los oficiales que iban al mando de diferentes destacamentos para coordinar su actividad encomendada. Uno de los mandos con los que se entrevistó fue el capitán Lorenzo Cirilo Fuentes, responsable de un agrupamiento, dos compañías, alrededor de 200 hombres, desplegadas en actividades militares. El mayor médico recordaba que nunca supo el tipo de actividades que realizaban porque no era parte del ámbito de su competencia.

Con el capitán Cirilo Fuentes durante los días en que vacunó a las tropas platicó de temas de la salud del personal, el desempeño de los soldados y sargentos de sanidad que se encontraba destacado en los pelotones. “Sin abordar temas militares ya que desconozco las cuestiones operativas. Sin proponerle ningún negocio particular relacionado con las actividades que el realizaba”, comentaba el médico.

“Para mí era una experiencia divertida salir a la sierra y visitar la zona montañosa del estado de Sinaloa, ya que la mayor parte del trabajo se encuentra en el consultorio médico”. Al terminar su encomienda se reincorporó al cuartel y recibió la orden del coronel Hernández Martínez de volver a sus actividades como médico del batallón.

Cómo “fabricar” acusaciones

Todo cambiaría el 19 de septiembre del 2003. Temprano por la mañana el coronel Hernández Martínez le ordenó se trasladara a Culiacán, donde tenía que presentarse por orden superior. “A base de engaños y en cumplimiento a sus órdenes” fue llevado a la comandancia de la novena zona militar que por entonces estaba al mando del general de brigada Julián David Rivera Bretón.

Recordaba que al llegar lo detuvieron en la oficina del jefe del Estado Mayor de la zona, donde le informaron que estaba acusado de delitos contra la salud sin que le dijeran quién o quiénes lo acusaban. No le permitieron hacer llamadas ni solicitar un abogado, tampoco hubo tiempo para presentar pruebas en su defensa ni nada que se le pareciera. De inmediato fue trasladado a una mazmorra del cuartel donde lo incomunicaron. Ahí un grupo de soldados de la Policía Judicial Federal Militar lo torturaron física y sicológicamente a la vista de varios agentes del ministerio público castrense.

El doctor Ramírez García después supo que llegó a la zona militar un fiscal militar, el mayor Julio César Domínguez Trueba, enviado desde la ciudad de México por la procuraduría castrense junto a tres agentes para investigar “el probable involucramiento” con el narco de personal del 89 batallón. Llegaron y preguntaron si había una investigación en curso, el oficial de justicia militar les informó que “ese mismo día se había iniciado una averiguación a partir de un parte rendido por el capitán Lorenzo Cirilo Fuentes en contra del mayor médico cirujano Alfredo Antonio Ramírez García”. La acusación contra el mayor médico era porque presuntamente “le ofreció al capitán recibir dinero a cambio de no destruir plantíos de marihuana que se encontraban en el sector de su responsabilidad”.

La acusación se armó a partir de un parte informativo elaborado por el capitán Cirilo Fuentes, el mismo con el que platicó la ocasión en que realizó la campaña de vacunación. El oficial decía que el día 13 de septiembre del 2003 el doctor le dijo que “había una gran cantidad de dinero a cambio de que sacara las bases de operaciones o que convenciera a los comandantes de las bases de operaciones que no destruyeran los plantíos de mariguana”. Esa hoja firmada por el comandante de una de las compañías que conforman en batallón 89, fue considerado por el ministerio público militar como prueba suficiente de que existían “elementos para presumir la existencia de delitos graves que afectaban la disciplina militar”.

La acusación se basó, según relató tiempo después el coronel Hernández Martínez, a partir de una reunión que tuvo con el comandante de la novena zona, el general Rivera Bretón. Con él trató el asunto del informe rendido por el capitán Cirilo y recibió la orden de proceder conforme a la ley. En calidad de denunciante, el comandante del 89 batallón entregó la documentación para integrar la averiguación donde la única prueba era el reporte del oficial.

El coronel denunció al doctor sin que le constaran los hechos, nunca estuvo físicamente los días 13 y 16 de septiembre en los lugares donde supuestamente ocurrieron. El mayor Ramírez García consideró que su caso, como profesional de la medicina y egresado de una escuela militar, fue usado como “chivo expiatorio” quizá para desviar la atención del cúmulo de irregularidades que tiempo después se conocieron contra militares comisionados en el estado de Sinaloa. Un año antes de su detención, en el verano del 2002, había reventado el caso del “narco batallón”, el 65 de infantería que tenía su base en Guamúchil, donde jefes, oficiales y tropa estaban “comprados” por los traficantes de droga que controlaban los narco cultivos en la sierra de Mocorito y Badiraguato.

El pasado mes de junio el mayor Ramírez García denunció su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al cumplir casi 12 años de estar preso en el penal castrense de Mazatlán, dentro de las instalaciones de la Tercera Región Militar. En un escrito cuya copia posee este blog, hizo un recuento de los hechos, de las diligencias y de las violaciones a sus garantías individuales, que comenzaron desde que le negaron su derecho a una legítima defensa.

Ahí relató que el capitán Lorenzo Cirilo Fuentes en su comparecencia ante el ministerio público militar, afirmó que la propuesta que supuestamente le hizo para sacar a las tropas de ciertas áreas de cultivo de mariguana no lo comentó con nadie. Este dicho contradijo una declaración posterior donde afirmó que hasta el 18 de septiembre, días después que supuestamente sucedió la propuesta, pidió hablar con el comandante del batallón pero no por radio, sino en corto, “porque había algo grave que era necesario hablar con él personalmente”.

“Entonces, si era grave ¿por qué no le dio parte desde el día 13 que supuestamente le hice la oferta de negocio? ¿Acaso no era grave ese hecho?”, preguntó en su escrito el doctor Ramírez García.

El “montaje” de la acusación se basó también en el testimonio de un sargento de sanidad, quien narró que una ocasión una persona civil se acercó a una de las bases de operaciones a bordo de un vehículo. Llegó y preguntó por el capitán Cirilo, decía que iba de parte del médico militar de Los Mochis. Al capitán le entregó una caja de medicamentos y un mensaje, cuyo contenido solo conocieron Cirilo y otro oficial, el teniente Marco Antonio Sánchez Romero.

Ese supuesto mensaje habría sido elaborado tiempo después, en las sesiones de tortura donde el doctor fue obligado a firmarlo so pena de seguir siendo golpeado.

“No comprendo por qué el agente del ministerio público militar que dio inicio a la indagatoria, ordenó que se diera fe ministerial de los plantíos que refiere el parte informativo que da origen a la averiguación, ubicándolos y recogiendo muestras de los mismos. Ya que, como dije antes, en el escrito que efectivamente firmé de puño y letra para que ya no me siguieran torturando los agentes de la judicial federal militar, nunca me dijeron que pusiera coordenadas de los plantíos. Es más, ni me ordenaron que pusiera la palabra mariguana en el supuesto recado, ya que me dijeron los agentes judiciales que era una nota sin relevancia que me serviría de indicio para mi libertad, y si escribía la palabra mariguana me hubiera negado a hacerlo aun a costa de mi propia vida. Porque me hubiera dado cuenta que me estaban vinculado con actividades relacionas con drogas”.

El dicho del capitán Cirilo sobre la supuesta propuesta de no destruir plantíos, nunca fue confirmado por ningún otro testigo militar o civil, por lo que las acusaciones carecieron de sustento legal al no existir testigos, refirió en su demanda ante la CIDH el médico militar. Los mismos testigos añaden que el único que sabía la ubicación y coordenadas de los plantíos era el capitán Cirilo. Existen también las declaraciones de tres militares donde aseguran que nunca vieron a ningún civil que entregara el supuesto recado, además de que no conocían al doctor Ramírez García.

Demanda y traslado

Semanas después de que el mayor envió su escrito a la CIDH, un grupo de soldados se presentó en su celda. A las 06:30 de la mañana del 10 de septiembre, el doctor Ramírez García fue sacado de la prisión militar, subido a un avión con dirección a la ciudad de México y por enviado con custodia castrense al penal federal de Miahuatlán, Oaxaca.

En las primeras horas luego del traslado, sus familiares denunciaron su “desaparición”, pues por motivos de “seguridad” ninguna de las autoridades militares en el penal y en la comandancia de la Tercera Región informaron de su paradero.

Tuvieron que pasar varias horas para que les entregaran una notificación de la secretaría de Gobernación, con sellos de la secretaría de la Defensa Nacional, donde informaban del traslado del doctor al “Centro de Readaptación Social Número 13 CPS/Oaxaca, ubicado en calle Antequera, N. 204 colonia Jalatlaco, Oaxaca, Oaxaca”. Los datos eran imprecisos, era un engaño, denunciaron los familiares. El doctor no estaba en ese Cefereso, sino en el penal federal de Miahuatlán, a donde lo localizaron después de indagar en diferentes instancias su paradero.

Durante el juicio llevado en los últimos años en su contra, el doctor tuvo una defensa de oficio que poco o nada hizo por desmontar las acusaciones. Al ser parte del sistema de justicia militar, los militares en labores de defensoría de oficio, no tienen independencia y están subordinados a los mandos superiores. En su escrito también señaló que en todo el proceso no se admitieron las pruebas que presentó ni se valoró los testimonios y evidencias que probaban que la acusación era un montaje. Tampoco se tomó en cuenta que fue torturado para obligarlo a firmar documentación con la que se armó el expediente.

Con estos señalamientos como hilo conductor, el caso del mayor Ramírez García, médico cirujano de profesión, llegó a la CIDH como otro caso más de los que se han denunciado en años recientes contra el llamado “fuero de guerra”, ese espacio considerado por los propios militares como un coto de poder del secretario de la Defensa Nacional, donde lo que aplica es “la justicia de mando”, en la que ni jueces, ni ministerios públicos ni defensores de oficio tienen autonomía.

Juan Veledíaz

@velediaz424

Estado Mayor MX

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