Camino sexenal del desorden al control y a la libertad…el argumento fue moral

Cefereso No. 1. Foto: EspecialMéxico, 15 de julio.- El siguiente texto se redactó como parte de un proyecto de libro sobre las cárceles federales durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

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No era suficiente derrumbar las paredes.  Ni, tampoco, trapear el miasma inmenso de sus pisos.  No alcanzaba con poner sofisticados aparatos donde no había rejas o con reforzar las cerraduras de las  puertas.  Transformar el sistema penitenciario federal demandó, como una de las empresas más imaginativas y subversivas, modificar en sus raíces usos y costumbres de corrupción consentida y colectiva que fueron norma en materia penal por muchas décadas.

La modernización en materia penitenciaria se emprendió este sexenio a partir de la urgente necesidad de darle cabida a la razón de Estado por encima del desorden.  De encontrar  el espacio para garantizar que criminales cada vez más poderosos no consiguiesen su objetivo de impunidad.

De hacer viables instituciones que habían caído en el olvido del poder político.  Y que, al hacerlo, habían abdicado de su propia legitimación como instrumentos del Estado Mexicano.

En un inicio, el argumento que rigió el cambio en el sistema penal federal fue moral. En una revisión de final de sexenio, el argumento estructural que sigue rigiendo en el sistema penal federal es moral.

Las rejas se nos habían quedado cortas.  Las prisiones se nos habían convertido en territorios salvajes donde la razón del dinero y la fuerza del poder criminal mandaban por sobre las leyes.  No había excepción.  No alcanzaba la buena fe de unos cuantos que pretendían conjuntar esfuerzos aislados de disciplina con otros, todavía más excepcionales y poco viables, de reivindicación social.

Se nos equivocaron, por muchos años, las metas.  Y se nos confundieron los caminos para llegar a “éstas”.

En pocas palabras, durante larguísimo tiempo el Estado, los diferentes gobiernos federales y estatales, abdicaron de su legítimo control sobre el espacio de reclusión de todos aquellos que transgredían sus leyes y agraviaban a sus gobernados.

Como si la prisión, la pena corporal de pérdida de libertad, fuese un tema pecaminoso e incómodo, fueron dejando en manos ajenas el control de las cárceles mexicanas hasta que, simplemente, éste desapareció. Cuando el único espacio donde no puede ni debe ni nada justifica perder control es, precisamente, una prisión.

Y entonces, por ese abandono, fue que en 1971 un helicóptero pudo aterrizar en el patio de una prisión a “recoger” a un poderoso personaje, encarcelado por el asesinato de su socio.  En lo que se conoció como “El Escape del Siglo”, David Kaplan huyo de la cárcel de Santa Martha Acatitla, sin que el personal de seguridad disparase una sola de sus armas para evitarlo.

Cuatro años después, en 1975, Alberto Sicilia Falcón y otros cuatro reos escapaban, por la corrupción vigente, de Lecumberri. Durante meses ninguna autoridad “descubrió” la construcción de un túnel de varias decenas de metros, con todas sus implicaciones.

De la cárcel de Cancún, Quintana Roo, en diciembre del 2010 salieron, libres y caminando con toda parsimonia, cinco reos recluidos por delitos graves, con la complicidad del director, que no revisó ni por encima las ordenes falsas donde un juez ordenaba su “liberación inmediata”.

Antes, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, Alfredo Ríos Galeana logra escapar de tres penales distintos, de Pachuca, Hidalgo, de Santa Martha Acatitla y del Reclusorio Sur del Distrito Federal.

Una fotografía, que dio la vuelta al mundo, hizo avergonzarse a muchos  a mediados del 2011, cuando un reo intentó escapar del penal de Chetumal, Quintana Roo, escondido en una voluminosa maleta que arrastraba su esposa embarazada.  Esa mañana, ninguna autoridad había “descubierto”  la ausencia del interno, como tampoco les había parecido “extraña” la introducción del “equipaje” que llevaba la mujer a  “visita conyugal” contra toda reglamentación.

Diez internos se fugaron del penal estatal de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, el sábado 28 de abril del 2012 a las nueve de la mañana, después de desarmar y amarrar a los cuatro custodios que los “cuidaban”.

Mas lo que se acumule en estos días.

No había autoridad en las cárceles, no había de hecho cárceles ni manera de construir espacios físicos, arquitectónicos, donde ejercer el control.  Por mucho tiempo.  Los delincuentes sabían que el “castigo” a su proceder no era tal, que desde sus celdas seguirían siendo “jefes” y controlando sus bandas.  Que con dinero conseguirían, como sucedió en la cárcel de Gómez Palacio, Durango, con la complicidad de la directora que tenía una relación amorosa con uno de los implicados, salir de prisión a voluntad, incluso a matar.

Y así muchos hechos documentan la impunidad, la falta de control, hasta la falta de voluntad política para que las cárceles fuesen, únicamente, eso: cárceles.

Porque criminales llegaban a prisión cargados de instrumentos para seguir siendo “poderosos”, respetados, temidos, ricos, delincuentes y, sobre todo, dueños del espació en que supuestamente debían ser recluidos como castigo por su conducta fuera de la Ley.

En casos de corrupción indescriptible los mismos criminales construyeron sus celdas como habitaciones de hoteles de lujo, con todas las comodidades, incluido un ejército de sirvientes a su disposición.  Bandas musicales, prostitutas, doctores, peinadoras, todo lo que “requerían” del mundo exterior llegaba hasta su “encarcelamiento”.

Práctica vigente, para tristeza común, en muchas partes del país.

Las prisiones mexicanas, como mensaje de “castigo”, dejaron de ser un factor determinante en la decisión de miles de mexicanos que optaron por convertirse en delincuentes.  Las condiciones vigentes en la reclusión  no fueron elemento disuasivo, sino al contrario alimentaron la percepción de impunidad social.

Y al interior de los penales, además de este grave deterioro de la disciplina interna, la violencia parecía ganar.  Así, en 1980 cuatro internos tomaron como rehenes al director varios funcionarios del penal Topo Chico, en una confrontación que terminó con su asesinato.  Ese mismo año murió el director de la cárcel del Pachuca.

Hace pocos meses, en 2012, nos horrorizamos ante el rostro de la muerte en el Penal de Apodaca en Nuevo León.

Visualizar esta bestia de mil rostros se convirtió en un ejercicio que requería de todas las disciplinas y de todas las dedicaciones.  Entender donde podía detenerse el caos fue, definitivo, el  paso más grande que se dio.

Y se dio, hay que reconocerlo con toda su magnitud, durante este sexenio.

Había que cambiar.  Todo.  Sí, pero por dónde empezar… cómo detener los huracanes de corrupción sin crear un problema mayor… cómo romper inercias de muchos años, de muchos gobiernos, de muchos hombres que prefirieron “no moverle” a un avispero que parecía inmanejable desde todas las ópticas políticas.

Responder a esto no fue sencillo.

Y ese ha sido el inmenso acierto de la administración actual, de Genaro García Luna que venía con la experiencia de crear una policía profesional desde los sótanos donde la tortura era cuenca, sin concesión semántica de por medio, hasta la luz de los laboratorios, no mezclar las sinrazones de la política o de lo conveniente en la transformación del sistema carcelario.

Había que cambiar.  Todo.  Pronto.

Había que mejorar.  Todo. Pronto.

La metáfora del general Eduardo Gómez es excelente, como hacen las águilas que tienen que destruir sus garras para que vuelvan a crecerles…

Y se comenzó por entender las grandes vertientes de realidad que nutren el problema: La falta de un sistema de aplicación de justicia que fortalezca la presunción de inocencia, y que al hacerlo impida que “presuntos inocentes” purguen penas que no les corresponden., y la falta de infraestructura, de personal capacitado, de tecnología en prisiones sobre saturadas de internos que cuentan con recursos económicos y de organización criminal superiores a los de la autoridad.

Pocas veces una figura metafórica como la de reparar un “vehículo en  movimiento” resulta tan exacta para ejemplificar lo que se hizo durante este sexenio.

Sobre la marcha había que cambiar radicalmente.  Y se hizo.

No estuvo, no corresponde por atribución legal, en manos de la autoridad federal de la Secretaría de Seguridad Pública modificar el marco legal vigente, que en mucho ayudaría a despresurizar los problemas que perviven en los penales.

Por lo tanto, a partir de una realidad descompuesta, se procedió a cambiar lo correspondiente.  A barrer la casa, pues.

Hoy las prisiones federales son una respuesta eficiente a la necesidad social de recluir a criminales con capacidades de organización y de obtención de recursos económicos que no terminan con su detención.  Es decir, obtener su permanencia en prisión y evitar su actividad criminal desde ésta.

Son sitios, como deben ser, de seguridad.  Donde no hay motines ni riñas colectivas ni fugas ni corrupción.

Se tomó la decisión de modificar la infraestructura arquitectónica de los penales federales hacía una respuesta de la necesidad de seguridad, de que verdaderamente fuesen espacios donde se garantizaba la obligación pública de defender a la sociedad de aquellos que la habían agraviado, garantizando así su libertad y seguridad.

Y se diseñaron programas donde, sin perder de vista los derechos humanos ni la dignidad del recluso, fuesen despojados de la identidad criminal para convertirse en un preso, en un número, en un recluso que no tuviese a su alcance instrumentos para ejercer su liderazgo criminal.

Para hacerlo se partió de algo muy simple: Liderazgo Moral.

Isabel Arvide

@isabelarvide

Estado Mayor MX

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