México, 1 de julio (La Jornada).- A un año de que siete soldados y un oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) irrumpieron en una bodega en Tlatlaya, estado de México, donde murieron 22 presuntos secuestradores, de los cuales al menos 11 fueron ejecutados a manos de militares, el proceso penal que se desahoga en un juzgado federal para determinar el grado de responsabilidad penal de los efectivos castrenses se encuentra estancado…nota completa.
Alfredo Méndez
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