México, 28 de enero.- Nunca se había hecho una investigación tan exhaustiva, correcta, profesional y apegada a derecho como la que terminó, cuatro meses después del crimen, Jesús Murillo Karam. Su conclusión es irrebatible: Los mataron.
Justamente lo que sectores con intereses políticos o grupales se niegan a aceptar.
A lo que debe agregarse, excepción en el sistema de justicia mexicano, que no hay impunidad puesto que 99 presuntos culpables están presos, con imputaciones que llevan penas de más de 140 años de cárcel.
La conferencia de prensa, larguísima, del procurador Murillo Karam demuestra que la noche del 26 de septiembre los estudiantes fueron “secuestrados” por policías municipales de Iguala y Cocula que los entregaron a sicarios de “Guerreros Unidos”, quienes los mataron por “considerarlos de un grupo rival, Los Rojos”.
¿Qué hacían en Iguala los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa? ¿Por qué obedecían órdenes de alguien apodado “El Cochiloco”? Quiero suponer que por cortesía con los padres Murillo Karam no quiso ahondar en circunstancias sospechosas, que prefirió exculparlos, referirse a ellos como las mayores víctimas en clara referencia a que también hubo una manipulación interna.
No eran delincuentes, pero estaban en Iguala secuestrando autobuses, cuando les dijeron en su escuela que iban a Chilpancingo.
Estas actividades, que son las mismas que hoy tienen los padres de los estudiantes asesinados, propias de grupos políticos extremistas, muy cercanos a criminales, o que por lo menos entran en esa zona turbia, quedan por analizarse.
Varios estudiantes ya estaban muertos, por asfixia, cuando llegaron al basurero donde habrían de ser calcinados. Más de 400 pruebas periciales se han practicado. Existen confesiones de cuatro de los responsables de estas muertes y posterior quemazón de cuerpos.
Para Murillo Karam es una verdad histórica que están muertos.
Que los estudiantes fueron asesinados, incinerados y arrojados al río.
Aquí termina este tema. Por salud institucional de millones de mexicanos que no somos asesinos y queremos vivir en paz. Que no nos merecemos ni la violencia ni la corrupción de gobernantes ni las manifestaciones violentas.
Nada justifica ninguno de los actos públicos, violentos siempre, que pretendan hacerse en nombre de los estudiantes.
Lo que tendría que ponernos a temblar como sociedad, que darnos una vergüenza inmensa, es la descomposición social y moral que está presente en cada una de las confesiones de los asesinos. Ellos también gente humilde, sin preparación alguna, víctima de quienes ganan dinero a partir del secuestro y el asesinato, el tráfico de drogas, la compra del poder político.
Lo que tenemos que tener muy presente, en este año de elecciones, es que el alcalde José Luis Abarca recibió todo el apoyo del PRD y de López Obrador pese a las evidencias de su vinculación con grupos criminales. Que el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, fue cómplice de esto.
Y que muchas instituciones federales, incluyendo el Ejército, fueron omisos en los meses previos a la noche del 26 de septiembre, que no hicieron su trabajo, que no cumplieron en otorgarle seguridades a la sociedad.
Tanto autoridades municipales como estatales y federales no hicieron lo que es su obligación. Y eso es lo que no puede, ni debe repetirse en ninguna parte del país.
Los muchachos fueron víctimas. Su muerte es un acto espeluznante y abominable que debe cimbrar conciencias y realidades. Punto.
Ya se investigó, ya se detuvieron a casi todos los responsables, no hay impunidad. Hay una respuesta atinada, plena, legal del gobierno.
Con ese mismo interés, con esa fuerza, con esa decisión debe actuarse en todos los casos semejantes. Que no haya más desaparecidos, más jóvenes muertos, más impunidad en complicidades políticas y policiacas con criminales.
Eso es lo que tenemos que exigirle al gobierno. Que no vivamos nunca más la tragedia de escuchar a quienes deben protegernos que “no les correspondía actuar” cuando las calles estaban llenas de muertos.
Para eso, para exigirle al gobierno que haga su trabajo con la eficiencia, entrega y profesionalismo que tuvieron durante estos cuatro meses en la PGR, no es necesaria ninguna manifestación.
Isabel Arvide
@isabelarvide
Estado Mayor