México, 11 de julio (Milenio Diario).- Los miembros del Consejo de Análisis y Opinión de Militares retirados comentan que el caso del general Tomás Ángeles Dauahare tendría visos de solución después de las elecciones.
Se publicó que se concedió una suspensión provisional a fin de que se le reciban las pruebas que deben formar parte de la averiguación previa, misma que le deben permitir probar su inocencia.
La modificación del fuero de guerra, se insiste, ha traído como consecuencia que los militares retirados, por sentirse apoyados por sus superiores, lleven a cabo actos como el que se describe y ahora tengan que ser juzgados por las autoridades civiles, como es el caso de 17 presuntos responsables de la muerte de una persona.
Envían un documento donde se menciona a los 17 detenidos que se encuentran en una prisión militar, por lo que necesitan el apoyo para contrarrestar la declinación de incompetencia por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJN).
Lo que queda claro es que tanto el Presidente de la República como el secretario de la Defensa Nacional, Felipe Calderón y Guillermo Galván Galván, perdieron una batalla legal por mantener la extensión del fuero militar a los casos de violaciones a derechos humanos.
Un juez federal encontró que el presidente Calderón, el secretario Galván y el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré (responsable de la dirección general adjunta del Diario Oficial de la Federación), son responsables de sostener “la norma inconstitucional” (el artículo 57, fracción II, inciso “a”) que le ha permitido al Ejército fungir como juez y parte en procesos legales a efectivos de las Fuerzas Armadas por abusos contra civiles.
En su resolución de amparo contra dicho ordenamiento del Código de Justicia Militar y apegado a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla, así como a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre esa condena al Estado mexicano, el juez de distrito Carlos Alfredo Soto Morales ordenó a un juez castrense que “se declare incompetente” para dar seguimiento a la causa penal contra un soldado raso por el homicidio de Bonfilio Rubio Villegas en un retén militar de la carretera Tlapa-Huamuxtitlán, en la montaña guerrerense.
Es el primer amparo contra el fuero militar obtenido por familiares y víctimas de la militarización de la seguridad pública que implantaron los gobiernos panistas, en el que destaca Santiago Aguirre Espinosa, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), que representa a la familia Rubio Villegas y quien litigó ante la Corte Internacional los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés
Fernández Ortega, mujeres indígenas guerrerenses violadas y torturadas por militares en 2002.
Los hechos que motivaron el amparo ocurrieron a las 22:30 horas del 20 de diciembre de 2009. El indígena nahua Bonfilio Rubio, de 30 años, murió en un autobús de pasajeros baleado por soldados. Oficiales del 93 Batallón de Infantería, con sede en Tlapa, Guerrero, alegaron en el parte militar que dispararon luego de que el chofer, hastiado por la revisión que hicieron al camión y a los pasajeros —a uno de los cuales detuvieron por llevar botas castrenses— insultó a los soldados antes de arrancar.
La investigación del homicidio fue trasladada del fuero común a la Procuraduría de Justicia Militar en julio del mismo año.
El pasado lunes 2, Carlos Alfredo Soto Morales, juez sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región con sede en Cholula, Puebla, resolvió el amparo a favor de José Rubio Villegas y Secundino Rubio Peralta (el hermano y el padre de Bonfilio), quienes desde el inicio pugnaron para que la investigación del homicidio, así como el juicio y la sanción de los responsables fueran asumidos por el fuero civil federal.
En la sentencia del juicio de garantías 818/2011, el juez auxiliar reconoce que la atracción que ejerció el fuero militar violó “el principio de acceso a la justicia (…) máxime que el juez militar responsable no demostró fehacientemente haberle dado a los hoy quejosos participación alguna en la causa penal militar 581/2009, a efectos de que éstos hicieran valer sus derechos”.
Javier Ibarrola
Fuerzas Armadas
Opinión
Milenio Diario