México, 11 de diciembre.- La evidencia incuestionable, hasta donde alcanza la más avanzada tecnología, comprobó lo que ya había sido presentado como un hecho más que probable: A los 43 estudiantes de la Normal los mataron la misma noche del 26 de septiembre y sus cadáveres fueron “quemados” para, después, echar al río sus restos.
Es decir, no van regresar con vida como gritan en las calles. No hay poder humano que les regrese la vida.
Esto significa una tragedia inmensa, que se dio por omisiones de la autoridad federal y por complicidades de políticos perredistas con criminales.
Jesús Murillo Karam es el personaje clave para que la historia sea escrita como corresponde. Es decir, como acabo de enumerar: el secuestro de un grupo de estudiantes por parte de policías municipales que actuaban coludidos con criminales. Con la participación de políticos perredistas y la ausencia de la autoridad federal. Insisto en esto aunque sea repetitiva.
No ha habido piedra que no se levante ni tierra que no se remueva en el intento de localizar a los normalistas o sus restos. Junto con esta exhaustiva investigación se ha detenido a 80 presuntos culpables y se sabe quiénes son los que faltan por capturar.
Lo que equivale a haber completado la más delicada y dolorosa investigación penal.
Murillo Karam ha encabezado este esfuerzo con total apego a la Ley, así como con un cuidado extremo a las formas para exponer sus avances. Ha sido rígido y duro como correspondía, ha logrado comunicar lo que es incontrovertible, ha cumplido a conciencia con su obligación, y también con la demanda histórica que se le vino encima.
Hasta ahí.
Murillo Karam solamente es un hombre. El procurador general de la República, el abogado que encabeza como Ministerio Público una investigación. No puede hacer un ápice más de lo que se ha hecho.
Las declaraciones de los asesinos, de quienes fueron cómplices y participaron en el aberrante crimen, coinciden con las evidencias forenses que han podido rescatarse. Lo que establece una hipótesis más que creíble.
No se va a llegar más allá.
Por eso harían bien sus familiares en dejar de buscarlos. Con todo el dolor que eso implica. Ya el tiempo de la esperanza se terminó.
No se puede hablar de impunidad cuando hay 80 detenidos, y órdenes de aprehensión contra otros.
Menos frente a la declaración de Murillo de que la señora Abarca, villana mayor en esta historia criminal, no habrá de ser liberada.
Murillo no puede hacer más.
Habrá que insistir en el horror. Habrá que indignarnos y lo que corresponda pero la autoridad ministerial, la investigación penal no puede llegar a más.
Lo que hagan otros actores políticos puede ser trascendente, como las medidas anunciadas por el presidente Peña Nieto, o digno de risa como la manipulación populista del gobernador de Guerrero al “ordenar” tres días de duelo.
La realidad es que hay una crisis. Inmensa. Y que el detonante del secuestro de los 43 estudiantes en Iguala ha sido magnificado con fines políticos. Que muchos ciudadanos han sido víctimas de las acciones que tienen como justificación protestar.
Una protesta que no lleva sino a dañar las rutinas productivas de millones de mexicanos. Que no puede ser útil sino para afanes futuristas.
Lo que debe desprenderse de la gran tragedia donde 43 estudiantes fueron secuestrados y después asesinados, la misma noche que otras 6 víctimas fueron asesinadas y varios heridos en Iguala, es la necesidad urgente de hacer cambios en el tema de seguridad. Lo que para el sexenio pasado fue una prioridad con gran costo político y en éste tiempo se pensó que podía relegarse.
La iniciativa de Ley que define la competencia de todas las autoridades, es un factor de cambio brutal que va a sacudir a todos los actores que no supieron hacer su parte, que no entendieron que era su obligación evitar esta violencia y estos asesinatos.
Es un principio, un cambio, algo de lo que sí puede venir de bueno a partir de los hechos tristes de Iguala.
Es tiempo ya de entender que lo único que podemos cambiar es el futuro…
Isabel Arvide
@isabelarvide
Estado Mayor
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