Jalisco no se salva

Jalisco. Foto: EspecialLa primera maquiladora de armas clandestina en México fue desmantelada en días pasados en Jalisco, una entidad donde el crimen organizado ha permeado la clase política local. No solo por el caso del ex titular de Turismo, asesinado días después de iniciado el actual gobierno del estado encabezado por el priista Aristóteles Sandoval, sino por la cantidad de funcionarios públicos, 60 hasta septiembre pasado, que han perdido la vida en circunstancias poco claras hasta el momento. No por algo Jalisco fue incluido junto a Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, como uno de los estados donde la delincuencia y la debilidad institucional son dos factores de alto riesgo para la gobernabilidad.

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México, 11 de diciembre.- Era un inmueble que estaba vigilado desde octubre pasado. Se localiza en la calle Antonio Tello y Luis Páez, en la colonia La Loma de Guadalajara, próxima a donde hace poco más de un mes tropas de la quinta región militar con cuartel en la capital de Jalisco, desmantelaron la que consideraron era una “fábrica clandestina” de fusiles de asalto AR-15 que abastecía a los grupos armados que operan en diferentes zonas del estado. El local de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, resguardaba maquinaria propiedad del denominado Cartel de Jalisco Nuevo Generación (CJNG).

Durante el transcurso del pasado martes 9 de diciembre, fuentes militares informaron del despliegue de una sección compuesta por 30 soldados quienes acordonaron el lugar. Poco después la prensa local registró la presencia de un grupo de militares quienes realizaron el operativo de desmantelamiento de la maquinaria que era utilizada para manufacturar fusiles de alto poder. Los medios tapatíos reportaron que la maquinaria sería retirada con equipo especial en varios camiones para carga pesada.

El antecedente de este centro de maquilado de armamento clandestino, uno de los primeros que se tiene noticia en el país, ocurrió el pasado 7 de octubre cuando fue desmantelada una fábrica de ensamblaje de rifles de alto poder. En aquella ocasión el operativo se realizó con base en información proporcionada por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del gobierno estadounidense, el cual dejó un saldo de cuatro individuos detenidos.

El gobierno de Jalisco por medio de la Fiscalía General informó que en ese sitio se habrían ensamblado por lo menos 100 rifles AR-15, los cuales fueron a parar a manos de células de la delincuencia organizada. La pesquisa entre autoridades mexicanas y estadounidenses condujo a dos fincas donde se encontraba la ensambladora la cual contaba con equipo traído del extranjero. En esa ocasión Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco, titular de la Fiscalía General, manifestó que en el lugar se armaban rifles de asalto los cuales eran distribuidos por el CJNG a las células que operaban en Michoacán. Reveló que el lugar no operaba de manera autónoma, detrás estaba una red criminal internacional manejada desde los Estados Unidos de donde provenían las partes para que fueran ensambladas de manera clandestina en Guadalajara.

El mecanismo se basaba en un software avanzado, el cual estaba instalado en la maquinaria diseñada para elaborar algunas piezas plásticas a las que se les daba acabado de rifle de asalto. El funcionario detalló que la fábrica había producido un primer lote de 100 fusiles de alto calibre y trabajaba en el segundo. Tras la detención de los cuatro individuos, se incautaron 18 armas largas que se fabricaban en el lugar y quedaron asegurados los equipos.

Todo pasa sin mucho ruido

El pasado 27 de noviembre el presidente Enrique Peña Nieto incluyó al estado de Jalisco, junto a Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, como uno de los de “mayor urgencia” que deberá ser atendido por las condiciones de crisis de inseguridad y descomposición institucional que existen. Lo dijo durante el mensaje en el evento “Por un México en Paz, con Justicia, Unidad y Desarrollo”, donde enfatizó la emergencia que se vive en la entidad por la hegemonía del crimen organizado, que en los últimos años se traduce en el segundo lugar a nivel nacional en desapariciones forzadas, con poco más de dos mil 113 casos, detrás del primer sitio que ocupa Tamaulipas.

De acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado en la actual gestión de Aristóteles Sandoval, priista que gobierna Jalisco desde 2013, se han registrado 926 desapariciones forzadas, el 44 por ciento del total que tiene contabilizado desde que existe el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas. De los mil 682 asesinatos registrados en el gobierno actual, que va de marzo del 2013 a octubre del 2014, en 572 casos está vinculado el crimen organizado.

Uno de los municipios con mayor incidencia de decomiso de laboratorios para procesar drogas sintéticas es Tlajomulco de Zúñiga, localizado en las inmediaciones de la zona conurbada a Guadalajara. La ubicación de esta población, en el cruce de los caminos que vienen de la costa de Colima rumbo a la zona del Bajío, la carretera que va de Guadalajara a Morelia, y la arteria que conduce al aeropuerto, lo han convertido en un espacio clave para mover la droga por diferentes rutas del país. Hace unas semanas la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), informó que en el estado organizaciones como el CJNG y los Templarios han llegado a tener ganancias de 600 millones de pesos al mes por robo de combustible. El dato más revelador, aportado por los industriales de este sector, es que en todo Jalisco alrededor de 200 concesionarios sufren extorsiones de la delincuencia para obligarlos a vender gasolina robada.

No por algo en septiembre pasado el primer estado del país donde se desplegó la recién creada Gendarmería Nacional fue Jalisco. La presión mediática que se dio en los días previos, luego del asesinato del alcalde panista de Ayutla, Manuel Gómez, suscitado a principios de agosto, donde se dijo que el Cartel de Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oceguera Cervantes, alias “el Mencho”, estaba detrás del caso pues tenía el control de la policía municipal, obligó al gobernador a salir ante los medios. “Existe una falta de información que no se tiene en el centro (el gobierno de la república) de cómo se está avanzando en el tema de la seguridad (…) no existen focos rojos que nos indiquen que se recrudece la violencia en Jalisco. Hoy está por debajo de la media nacional, por debajo de la media en homicidios doloso y secuestro. La Gendarmería yo la solicité”, dijo.

Al gobernador le “brincó” la estadística nacional, no sólo de desapariciones forzadas, sino también el de los 116 cuerpos que se han encontrado en varias fosas halladas en año y ocho meses que lleva al frente del estado.

Narco vendettas contra políticos

También en septiembre pasado una cifra reveló algo muy profundo que ocurría al interior de la clase política jalisciense. Al cumplirse los primeros 18 meses del gobierno de Aristóteles Sandoval, 60 funcionarios públicos de diferentes niveles habían sido asesinados por la delincuencia organizada, de ellos destacaban tres casos. El del mencionado alcalde panista de Ayutla, Manuel Gómez Torres, el secretario de Turismo José de Jesús Gallegos Álvarez y el diputado federal priista Gabriel Gómez Michel.

En el caso de Gómez Torres se dijo que fue un mensaje enviado por “el Mencho” quien controla la región circundante a Ayutla, en virtud de desavenencias que tenía con el edil. En el caso del diputado priista Gómez Michel, ocurrido el 27 de septiembre pasado, el Fiscal General Nájera Gutiérrez de Velasco informó que se veía con claridad, por el modus operandi —lo interceptó un convoy de dos suburbans a plena luz del día sobre el Periférico de la capital tapatía—la mano del crimen organizado. “Es muy poco probable que hubiera una confusión… sería muy poco probable que no trajeran una fotografía al menos, una mira clara de sobre quien iban”, declaró.

El entonces diputado federal Gómez Michel había sido alcalde del municipio del Grullo, donde de tiempo atrás se sabe que tiene uno de sus refugios del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación. Días después del asesinato se informó que cuatro individuos habían sido detenidos por el caso, donde el móvil de nueva cuenta no quedaba del todo claro si se debió a una afectación de intereses del político contra la organización, o a una venganza ante su actitud de negarse a cooperar con el grupo.

El caso más claro y documentado de narcopolítica en Jalisco, ocurrió con el asesinato el 9 de marzo del 2013 del secretario de Turismo del recién inaugurado gobierno de Aristóteles Sandoval. Tras la muerte de José de Jesús Gallegos Álvarez, uno de los autores materiales detenido, un individuo llamado Jonathan García García, apodado “Juan Perro”, declaró a las autoridades ministeriales que el asesinato se debió a que el funcionario lavaba dinero para la organización de los Caballeros Templarios, por lo cual Nemesio Oseguera, “el Mencho”, ordenó su muerte. Había que hacerlo a un lado, indicó el convicto por asesinato, ya que existía la sospecha de que los de la organización michoacana se introdujeran a Jalisco protegidos desde el gobierno entrante.

Antes de ser designado titular de Turismo, Gallegos Álvarez se desempañaba como empresario inmobiliario, la prensa local reportó que era dueño de un lujoso edificio en Puerto Vallarta llamado condominios Deck 12, donde cada departamento tenía un valor nominal de 14 millones de pesos. La parte inferior era ocupada por el casino Vallarta, propiedad de la empresa Producciones Móviles, vinculada a su vez con el casino Royale de Monterrey, donde en agosto del 2011 un comando armado prendió fuego y dejó un saldo de al menos 53 muertos.

El caso Gallegos Álvarez, de quien reportes de medios de comunicación nacionales y locales refieren que aportó fuertes sumas a la campaña de Aristóteles Sandoval a la gubernatura, se convirtió en “cabeza de playa” de cómo la narco política en Jalisco, al igual que en Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y Coahuila, se infiltró en los gobiernos locales.

Juan Veledíaz

@velediaz424

Estado Mayor

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