México, 28 de noviembre.- Cuando iban veinticinco días del calendario fatídico, a partir de la tragedia de Iguala, escribí en este espacio: Quien lo conoce sabe que no va a permitir que su proyecto, que va mucho más de lo inmediato, se destruya por la impunidad criminal, por la complicidad atroz de autoridades. Por eso hay que esperar, de un momento a otro, un manotazo épico, una salida legal-política que va a dejar historia.
Y así fue.
Fuerte en verdad. Necesario. Diría que incluso indispensable para regresar a ese “Estado de Derecho” que todos exigimos.
Los anuncios presidenciales significan un cambio de fondo. Un manotazo que modifica la realidad nacional. Para bien.
Me quedo con cuatro de sus diez medidas para comenzar el análisis.
Primero, lo más titánico, cambio constitucional, de convivencia como lo que somos “Estados Unidos Mexicanos”, es el anuncio de una iniciativa de Ley que llamó Contra la Infiltración del Crimen Organizado que permitirá que la Federación asuma el control municipal, o que se disuelvan ayuntamientos cuando EXISTAN INDICIOS de que están involucrados con la delincuencia organizada.
Su trascendencia es tal, que de haber existido el sexenio pasado, cuando Felipe Calderón intentó sin éxito penal detener la vinculación de los alcaldes de Michoacán con organizaciones criminales, se hubiesen evitado cientos de muertes y la pérdida de millones de pesos.
Y obvio, esto es lo que impedirá que otro “Abarca” pueda permanecer en el poder, utilizar el poder que le otorgó una elección popular, para asesinar.
Esta iniciativa de Ley tiene que venir de la falta de respuesta oficial que hubo frente a los “indicios” de su vinculación criminal. Y no sólo de éste. Es fácil escuchar a muchos colaboradores presidenciales, responsables de ese ámbito, decir que no existía una manera legal de proceder.
Ahora la habrá. Para bien de la República, como se decía antes.
A continuación, la desaparición de las policías municipales. Que debió suceder desde hace más de dos sexenios, cuando Alejandro Gertz Manero, entonces titular de Seguridad Pública federal aseveró que era indispensable tener una policía confiable, profesional en lugar de las mil 800 existentes. Casi las palabras que utilizó Peña Nieto.
En todos los foros públicos, en infinidad de análisis publicados en los últimos diez años, en mi presencia rutinaria en redes sociales, he repetido que en el país no existe un asesinato, un levantón, un secuestro sin la participación de policías municipales. Y que estas corporaciones deberían desaparecer.
No encuentro forma de expresar mi alegría de que, por fin, mi petición haya sido escuchada.
Es el primer paso para retornar a la seguridad. Son policías mal pagadas, que no tienen ninguna preparación ni vocación, que se han convertido rutinariamente en “empleados” de criminales que los utilizan con total impunidad. Y que en Guerrero, no solamente en Iguala, ya vimos que actúan como asesinos con placa oficial.
La tercera medida que va a modificar de fondo la realidad es, cito textual: “Se redefinirán las competencias de cada autoridad de cara al delito”.
Esto es lo que evitará, en forma definitiva, que las omisiones imperdonables de militares y autoridades federales en Iguala la noche del 26 de septiembre, se repitan. Ya no volveremos a escuchar el vergonzoso argumento de que “no escucharon los balazos porque estaba lloviendo”. A partir de este cambio legal cada una de las autoridades del país tendrá establecida su responsabilidad, de principio a fin. Sin permitir que argumentos legaloides eviten que cumplan con su trabajo, y sobre todo, que protejan vidas e integridades físicas de los mexicanos.
No habrá ciegos y sordos con uniforme de autoridad. Así de fuerte y bendecido será este cambio.
Y para terminar el primer análisis de lo dicho por Enrique Peña Nieto, hay que ponderar la iniciativa de contar con un número de Emergencia Nacional que aglutine a todas las instancias. Es decir, que con marcar al 911 uno llegue a la Policía Federal, a la estatal, a la Marina-Armada, al Ejército, a las Procuradurías, a lo que sea pertinente. Que tengamos millones de mexicanos una forma de pedir ayuda.
Este número habría evitado omisión e impunidad en Iguala…
Isabel Arvide
@isabelarvide
Estado Mayor
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