México, 6 de julio (La Razón).- En la primera reunión con reporteros tras la jornada electoral, Enrique Peña Nieto señaló que el reto de su gobierno es que México recupere el camino de la paz y el progreso.
En la medida en que se atiendan adecuadamente, entre otros, los problemas de pobreza, desempleo, marginación, desigualdad social y educación, se estará propiciando el bienestar de la población y, también, se estarán atacando algunos de los factores que generan la criminalidad. Pero la disminución de la delincuencia en virtud de una acertada política de prevención social se vería, en el mejor de los casos, a mediano o largo plazo. Y la situación que se padece en varias entidades del país exige acciones que empiecen a dar resultados de inmediato.
Eso sólo puede lograrse con cuerpos policiacos y ministerios públicos altamente eficaces y confiables. Nadie ignora que no contamos con ellos. Lo más grave, sin embargo, es que no se ha trabajado para tenerlos. Urge un diagnóstico riguroso de esas instituciones a partir del cual se precisen los pasos que han de darse para superar las insuficiencias y los vicios que las aquejan. Y dar esos pasos. ¿Por qué se han disparado la extorsión, el secuestro, los homicidios y los robos de vehículos? Por una parte, por el auge del crimen organizado, y, por la otra, por el vacío de autoridad y la obscena impunidad en que queda la gran mayoría de los delitos. Si en las ciudades y las regiones más asoladas por la criminalidad hubiera policías y ministerios públicos en los que los ciudadanos confiaran, se empezarían a poner límites y obstáculos a la delincuencia que hoy se desenvuelve a sus anchas. Si el ciudadano víctima de una tentativa de extorsión, por ejemplo, tuviera la certeza de que el atrevimiento de denunciarla no le va a ocasionar males mayúsculos, en el extremo la pérdida de la vida, y que las autoridades van a desplegar todos sus recursos para protegerlo y para capturar a los delincuentes, quizá decidiera no pagar la cuota que le quieren imponer los extorsionadores. La delincuencia organizada existe en todos los países del mundo, pero no en todos ocasiona la espiral de violencia, muerte y corrupción que aquí está produciendo.
Antes de tomar posesión del cargo, el próximo Presidente debe tener un plan integral, viable y consistente para recuperar la seguridad pública perdida. Y debe hacer valer su investidura para convocar a todos los gobiernos de las entidades federativas a apoyarlo. Pero la lucha contra la criminalidad no ha de quedar a la buena voluntad de los gobiernos locales. Para que se pueda actuar sin dilación ante las denuncias ciudadanas o ante las circunstancias que así lo ameriten, se requiere de una policía nacional con presencia ininterrumpida y suficiente en todo el país, que coordine a las policías estatales, rigurosamente capacitada, que preponderantemente utilice la inteligencia pero que no ignore en qué condiciones y con qué límites debe usar la fuerza cuando ésta sea necesaria, y que cuente con todos los recursos para desempeñar idóneamente su importantísima tarea.
Luis de la Barreda Solòrzano
Opinión
La Razón