México, 14 de noviembre.- Cuando al gobernador sustituto de Guerrero le salieron los anarquistas a protestar, frente a Palacio de Gobierno, ordenó al general Pedro Almazán Cervantes, secretario de seguridad pública nombrado por el Gobierno Federal según sus propias palabras, que no interviniese, renunció a su obligación legal.
Porque las leyes son muy claras, y a don Rogelio Ortega Martínez le corresponde la responsabilidad de velar por la seguridad de los guerrerenses. Y, también, de los bienes públicos.
En ese momento, cuando destrozaron las oficinas públicas de Chilpancingo, la autoridad legal y constitucional envió el peor de los mensajes: el de la impunidad.
Y los anarquistas, los provocadores, los manifestantes, los inconformes, los interesados en crear caos político, continuaron su obra de destrucción sin que la autoridad interviniese.
Es obvio que el general Almazán no tiene ninguna experiencia en seguridad pública, y sobre todo ningún interés en lo que ordena la ley.
En los días siguientes continuaron con las manifestaciones, las extorsiones, los secuestros de autobuses e incluso del subsecretario de seguridad pública de Guerrero. Maestros, padres, familiares, o simples oportunistas se dieron empeño en destruir oficinas de partidos políticos, en impedir el libre paso de los ciudadanos y en bloquear el aeropuerto de Acapulco.
Toda esta violencia consentida en una primera instancia, que el mismo gobernador declaró que él había pedido que no participara la policía en los primeros eventos, llevó a la cancelación de más de 20 mil reservaciones para el puente de este fin de semana en Guerrero.
Es obvio que los turistas, tanto nacionales como internacionales, no van a viajar a un destino donde no hay seguridad ni respeto a las libertades individuales, como es el libre paso al aeropuerto. El daño económico de esto es terrible, todavía peor que lo sucedido en Palacio Nacional.
¿Qué entiende Rogelio Ortega que es su obligación como gobernador? No se puede ser tan ignorante e irresponsable. El temor a utilizar legítimamente la fuerza pública es igual de nocivo que no respetar los derechos humanos de los manifestantes.
¿Qué sigue en Guerrero? No hablemos ya de restaurar un tejido social muy lastimado, sino de retornar al orden cotidiano, a la libertad y a la seguridad ciudadanas.
¿Puede cumplir con su trabajo el ahora gobernador?
¿Qué sentido puede tener enviar a un general, retirado o en activo, a la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero si no va actuar con el mínimo apego a la ley, si en los hechos parece rebasado y asustado?
¿Qué les espera a los guerrerenses sin turismo, sin paz social?
¿Hasta dónde van a seguir destruyendo la vida diaria, las vías de comunicación, las oficinas públicas, individuos sin ninguna justificación histórica o moral para comportarse así?
¿Por qué se permitió el secuestro de un alto mando, subsecretario, de la Secretaría de Seguridad Pública y se “negoció” su rescate sin proceder legalmente contra los delincuentes, eso son, que lo hicieron?
Lo que abundan son preguntas. Lo que falta es a quién dirigirlas. Porque el gobernador ordena en contrario, que la fuerza pública no haga su trabajo, y el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, según consta en los medios de comunicación, personalmente autorizó el bloqueo al aeropuerto de Acapulco.
¿Quién va a poner orden? ¿A quiénes vamos a pedir que pongan orden?
Isabel Arvide
@isabelarvide
Estado Mayor