“Hubo un incendio de mucha gente”

Murillo Karam. Foto: EspecialEra el anuncio que se esperaba desde hace por lo menos dos semanas. El pasado viernes 7 de noviembre el gobierno federal presentó lo que llamó “avances de la investigación”, sobre los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre en Iguala. Al informar que tres testigos detenidos que participaron en los hechos, aseguraron que a los jóvenes los mataron y los incineraron en el basurero municipal de Cocula, para después arrojar los restos en bolsas al río San Juan, el procurador Jesús Murillo Karam dijo que será en un laboratorio extranjero donde se determinará si el ADN de los restos encontrados corresponde al de las víctimas. Por lo pronto seguirán en calidad de desaparecidos. Los padres de los jóvenes rechazaron la versión con la cual, dijeron, se pretende dar carpetazo al caso. Ante el descrédito de las instituciones de procurar justicia, solicitaron al gobierno firmar a la brevedad el acuerdo con la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para que facilite el apoyo técnico acordado, además dar mayor participación a los forenses argentinos y admitir a sus abogados como coadyuvantes para integrar la investigación del caso.

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México, 9 de noviembre.- La orden fue que la ropa que vestían quienes participaron en la quema de aquellos cuerpos también la incineraran para evitar dejar cualquier rastro. Fue una operación posterior que buscó borrar evidencias no solo de los cadáveres sino de quienes participaron en la desaparición. El relato que dio a conocer la tarde del viernes 7 de noviembre la PGR basado en el testimonio de tres de los testaferros que participaron en el asesinado masivo de un grupo de personas, cuyos cuerpos después quemaron, refiere que se trataba de los 43 jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado.

El grupo de estudiantes salió el aquel día de Tixtla a bordo de dos camiones de la líneas Estrella de Oro rumbo a Iguala, al llegar se dirigieron a la central de autobuses para apoderarse de dos unidades más. El ex presidente municipal de Iguala José Luis Abarca, quien tenía la clave A-5 en los códigos de radio de la policía municipal, dio la orden de contener a los normalistas que viajaban en esos cuatro autobuses. Al detenerlos los trasladaron a la comandancia de la corporación donde junto a efectivos de la policía municipal de Cocula, explicó el procurador de la república Jesús Murillo Karam, fueron llevados en varias camionetas patrulla hasta un lugar entre Iguala y Cocula al que se llega por una brecha a orilla de la carretera que se le conoce como Loma del Coyote. Ahí los entregaron a un grupo de pistoleros del grupo denominado “Guerreros Unidos”, encabezados por Gildardo López Astudillo, operador de la organización en la zona. Este individuo se comunicó vía celular con su jefe y líder del grupo, Sidronio Casarrubias Salgado, a quien informó sobre los conflictos que se suscitaban en Iguala que atribuyó al grupo delictivo contrario denominado “Los Rojos”.

Los detenidos declararon que en la brecha que lleva al paraje Loma del Coyote, recibieron de los policías municipales a un número de personas que “no pudieron precisar con exactitud”, pero que uno de los capturados estimó en más de 40. Entonces a bordo de un par de camionetas, una de ellas de redilas de tres y media toneladas y otra de menor dimensión, trasladaron por la carretera a los jóvenes hasta el basurero municipal de Cocula, conocido como “el hoyo del papayo”, un barranco oculto a la vista localizado dentro de un predio de acceso restringido.

Algunos de los personas llegaron sin vida otros inconscientes, y el resto fueron interrogados por integrantes del grupo criminal sobre su identidad y las razones de su llegada a Iguala. Había como 15 fallecidos, algunos por asfixia, y quienes llegaron con vida ahí los mataron y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero donde quemaron los cuerpos, contó uno de los detenidos. Nadie de los jóvenes estaba vinculado a ningún grupo criminal como suponían. Hicieron guardia y relevos para asegurar que el fuego permaneciera durante horas, arrojándoles diesel, llantas, plástico, leña, entre otras cosas. El fuego duró desde la media noche del viernes 26 de septiembre hasta las 15 horas del día siguiente. Fueron más de 15 horas, indicó, en que hubo “un incendio de mucha gente”.

Por el calor que había en el sitio, los testaferros no pudieron manipular los cuerpos sino horas más tarde. Los peritos cuando analizaron el lugar, encontraron cenizas y restos óseos que por las características corresponden a restos humanos. Durante el día mientras la hoguera ardía, un camión recolector de basura que se dirigía al lugar conducido por trabajadores del municipio, fue interceptado por hombres armados quienes les impidieron el paso y les ordenaron que se regresaran.

Los detenidos señalaron que una vez que se podía bajar al lugar donde quemaron los cuerpos, recibieron la orden de un individuo apodado “el Terco”, de fracturar los huesos calcinados que quedaron, juntarlos y depositarlos en unas bolsas de basura negras. Las bolsas fueron arrojadas al río san Juan, salvo dos que fueron abandonadas completas.

De las ocho bolsas con restos óseos en que fueron colocados los restos humanos, solo serían recuperadas seis, indicó Murillo Karam. Estas evidencias son las que serán analizadas en un laboratorio de Insbrück, Austria, el único centro a nivel mundial que podría determinar si pertenecen al DNA de los jóvenes desaparecidos.

¿Qué hubiera pasado si el ejército interviene?

El anuncio del procurador Murillo se dio horas después de que se reuniera en Chilpancingo con los padres de los 43 jóvenes desaparecidos. A quienes anunció de los avances de la investigación y de los testimonios de los detenidos con el relato de lo que ocurrió aquella noche.

Las dudas que dejó la versión oficial se centraron en que no había aún una evidencia firme que asegurara que los restos óseos encontrados en las bolsas en el río, pertenezcan a los 43 normalistas. El funcionario atribuyó al pavor de los habitantes de Cocula al grupos criminal para que con antelación se pudiera dar con el rastro, el cual llegó a raíz de la detención de un individuo hace una semana que fue quien condujo al paraje.

La quema de los cuerpos, según los tres detenidos señalados de participar en el suceso, duró alrededor de 15 horas, manteniendo el fuego a llama viva durante este lapso. Llamó la atención que la humareda y el olor, no atrajera la atención de los cuerpos de seguridad, como el ejército y la policía federal, quienes de tiempo atrás tenían desplegados efectivos en esa zona.

Una de las dudas que se le planteó en la conferencia dada por Murillo el pasado viernes, fue el papel que jugó aquella noche el ejército en la “contención” de los estudiantes. El funcionario dijo, a pregunta expresa sobre el papel de los militares, quienes fueron acusados de amedrentar y amenazar a los jóvenes que lograron escapar de la refriega, que los soldados no intervinieron porque no recibieron la orden.

“El ejército, como todos los ejércitos del mundo, se mueve solo con órdenes. Y qué bueno. Nada más quiero hacer una pregunta, ¿qué hubiera pasado si el ejército hubiera salido en ese momento, a quien hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad constituida. Hubiera sido un problema mucho mayor, que bueno que no salió”.

Sobre los 38 cuerpos encontrados en seis fosas en los días posteriores a la desaparición de los normalistas, explicó que cuatro de ellos han sido identificados por sus familiares, quienes relataron que en un par de casos se comunicaron momentos antes de que los detuviera la policía municipal de Iguala en agosto pasado. Desde ese momento no volvieron a saber nada de ellos. Se descartó que se tratara de los normalistas, entre otras pruebas, porque en este caso también se hallaron restos humanos de mujeres, y en el caso de los estudiantes la información que tenían era que se trataba solo hombres.

“Es un caso típico de desaparición forzada, no un crimen de Estado. Iguala no es el Estado mexicano”, respondió a pregunta expresa sobre si el caso podría tratarse de un crimen de esta naturaleza. Reconoció que mientras no exista la prueba científica firme que corrobore que los restos óseos pertenecen a los 43 estudiantes, estos seguirán considerados oficialmente como desaparecidos.

No confían en la justicia

Más tarde en Tixtla, Guerrero, donde se encuentra la normal rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes anunciaron en conferencia de prensa que no aceptarán la versión oficial hasta que las autoridades aporten pruebas. Mientras tanto, solo se considerará a los dichos como especulaciones sobre el paradero de sus hijos.

Urgieron al gobierno federal a que firme un acuerdo de cooperación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que la máxima representación hemisférica pueda apoyar en materia técnica en la búsqueda. También exigieron se les dé apoyo pleno y acceso total al equipo de especialistas forenses de la república Argentina para que realicen su labor, ya que no confían en las diligencias que realizan los peritos de la PGR. También solicitaron que bajo la figura jurídica de la coadyuvancia, se permita a sus abogados del Centro de Derechos Humanos “Tlalchinollan”, de la Montaña de Guerrero, acceso a las averiguaciones previas para garantizar se agoten las líneas y se profundice en cada uno de los testimonios y evidencias.

Señalaron que no descansaran hasta que se aclare el papel que tuvieron los diferentes niveles de gobierno, ya que hasta este momento solo ha quedado evidenciado a nivel municipal. Faltaría a nivel estatal, con la participación de la procuraduría de justicia del estado, que no realizó las diligencias adecuadas y cuyas omisiones permitió que buena parte de los autores materiales e intelectuales estén prófugos. En el ámbito federal, el papel del ejército y la policía federal, cuya información de inteligencia podría haber evitado en gran medida que las policías sobre las que ya existían informes de que estaban al servicio del crimen, actuarán frente a ellos en el secuestro y desaparición de los jóvenes.

Los padres se criticaron al gobierno federal de salir a declarar sin pruebas firmes que sus hijos fueron asesinados. “Es una forma descarada de tortura (…) Quieren dar carpetazo, pero nosotros decimos que los estudiantes están vivos y así los esperamos”, declararon.

El reclamo central en este momento, para darle certeza y credibilidad a las investigaciones, es que se acepte la colaboración de la CIDH en la investigación, que se den todas las facilidades a los forenses argentinos, y que en la integración de la indagatoria participen sus abogados del centro de derechos humanos “Tlalchinollan”. Ante el descrédito y corrupción del sistema de procuración de justicia, añadieron, es lo menos que pueden exigir para darle certeza a la búsqueda de sus hijos. Mientras, no aceptarán que están muertos y para ellos siguen en calidad de desaparecidos.

Juan Veledíaz

@velediaz424

Estado Mayor

 

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