El “sospechoso” batallón 27 de infantería

Narcomanta Iguala. Foto: Especial¿Cuántos de los más de 500 desertores que tuvo el ejército en Guerrero el sexenio pasado se convirtieron en “activos” de la delincuencia organizada? La respuesta no la tiene con precisión ni la secretaría de la Defensa Nacional ni la secretaría de Gobernación. Pero el incremento de la propaganda signada por probables desertores, el surgimiento de más evidencias de operaciones de “guerra sicológica”, y de testimonios que apuntan a una “extraña” actuación del ejército la noche en que 43 normalistas fueron secuestrados y desaparecidos, apunta a una probable corresponsabilidad en lo ocurrido el 26 de septiembre en Iguala.

México, 3 de noviembre.- La mañana del viernes 31 de octubre una manta colgada en la reja de la entrada a una preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero, traía un mensaje dirigido al presidente Enrique Peña Nieto. Algunos reporteros les llamó la atención que el texto estuviera colocado justo en ese punto de la carretera federal, entre las instalaciones del cuartel de la 35 zona militar y las oficinas de la policía federal en Chilpancingo.

El mensaje venía firmado por “Gil” a quien se le conoce como “el cabo Gil”, señalado por la PGR como lugarteniente de Sidronio Casarrubias, el líder detenido hace un par de semanas de la organización criminal “Guerreros Unidos”. El mensaje ponía énfasis en los llamados “factores de poder real”, sobre los que se sostiene la estructura política, económica y de seguridad a nivel regional del grupo criminal acusado de estar —junto el prófugo ex alcalde de Iguala—detrás de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. El texto aseguraba, sin dar pistas ni aportar ninguna evidencia, que los jóvenes estaban con vida.

El “cabo Gil” está considerado por el gobierno federal como el autor material de la desaparición de los normalistas. Y como responsable de las operaciones de “Guerreros Unidos” en la zona, cuenta con información de socios en otros ámbitos, más allá de que estar señalado como enlace entre las policías municipales de Iguala y Cocula. Identificado por la PGR como “pieza clave” para dar con el paradero de los 43 estudiantes, en el mensaje dejo entrever que de nada servía la detención de Casarrubias pues la mayoría de los operadores de la organización seguían libres. Y condicionó su entrega a que se detenga al menos al 80 por ciento de los otros miembros destacados de la agrupación.

“Se le pide atención al caso Iguala de los estudiantes…”,decía en el mensaje, “dice que va a dar con los culpables, su policía no hace nada, donde están los directores de seguridad, los presidentes de los municipios coludidos con Guerreros Unidos siguen operando normalmente, en algunos de ellos agárrelos y no los suelten hasta ser bien investigados, no son pendejos para echarse la soga al cuello ellos solos (sic). Todos ellos recibían su nómina para desaparecer gente y secuestrar, cheque como también en todos los municipios hay fosas, le exigimos que capture a los culpables o que también está de acuerdo usted con ellos?” (sic).

Fuentes militares consultadas tras el hallazgo del mensaje, el cual a los pocos minutos fue retirado por personal de la Policía Federal, consideraron que quien ideó el contenido, aportó pistas de tres diferentes niveles en que se maneja la organización. El texto refiere que la organización la encabezan los hermanos Adán, Ángel y Sidronio Casarrubias, oriundos del municipio de Teloloapan. Y cita también a los hermanos Benítez Palacios, Osiel, Víctor Hugo, Mateo y Salvador, quienes formarían la parte operativa. Tras una serie nombres y apodos de otros integrantes, señalan a los empresarios ganaderos Rogelio y Federico Figueroa, éste conocido en la región como “el rey del jaripeo”, ambos familiares del cantautor Joan Sebastian, quienes presuntamente operarían la red financiera. La estructura política junto a la de seguridad quedó registrada por los alcaldes y directores de las policías municipales de ocho municipios del norte de Guerrero y uno del Estado de México además de un delegado del gobierno federal.

El texto refería que quienes apoyaban a la organización eran el presidente municipal de Taxco de Alarcón, el priista Salomón Majul González, junto a su secretario de seguridad Erubiel Salado; el de Ixtapan de la Sal, el perredista Ignacio Ávila Navarrete y el jefe de la policía Efraín Pedroza Flores; el hoy prófugo José Luis Abarca Velázquez, ex edil de Iguala y su operador policiaco Francisco Salgado Valladares; el alcalde de Huitzuco, el priista Norberto Figueroa Almazo; el de Tepecoacuilco, el panista Antonio Galarza Zavaleta; el de Cocula, el priista César Miguel Peñaloza Santana; el de Teloloapan, Ignacio Valladares Salgado; el de Apaxtla, Efraín Peña Damacio. Además de un funcionario federal, Héctor Vicario Castrejón, delegado de la secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, (Sedatu) en el estado.

Más adelante el texto señala a dos oficiales del 27 batallón de infantería, con cuartel en Iguala y jurisdicción en varios de los municipios señalados, a quienes identificó como el teniente Barbosa y el capitán Crespo, quienes estarían involucrados con la organización. “Ahí están sus nombres señor presidente de la república, ya que tenga un 80 por ciento detenidos de ellos (sic), yo me entregaré, menos no, y les diré tal y como fueron y son las cosas, y a lo que nos dedicamos, porque no nada más yo soy el culpable”, concluye la misiva signada por el “cabo Gil”.

“Sangría” de desertores

En julio del 2012, días después de las elecciones donde resultó electo Enrique Peña Nieto como presidente del país, el entonces comandante de la novena región militar, la cual comprende las dos zonas en que se divide Guerrero, hizo un balance de la situación del ejército en el estado durante el sexenio de Felipe Calderón. El general de división Guillermo Moreno Serrano decía, a escasos cuatro meses que concluyera el gobierno, que poco más de 500 efectivos —alrededor de un regimiento— habían desertado entre 2006 y 2012 en las nueve unidades operativas que dependían de la 27 y la 35 zona militar.

Para ese momento, mediados del 2012, el personal castrense resultaba insuficiente para combatir en la sierra a las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Una de las unidades más afectadas era el batallón 93 de infantería con sede en Tlapa, y jurisdicción en la región de la Montaña, considerada el área de mayor producción de goma de opio y heroína, de donde se habían desertado 104 efectivos durante ese lapso.

Desde entonces el problema real es que no se sabe qué pasó con la mayoría de los desertores, explica al analizar los datos una fuente de la novena región militar. Uno de los batallones que perdió más efectivos, después de los 91 casos del 40 de infantería que estuvo hasta marzo pasado en Ciudad Altamirano, y tenía como área de responsabilidad la región de la Tierra Caliente —antes de ser cambiado a San Luis Potosí por estar infiltrado presuntamente por el narco—, fue el 27 de infantería de Iguala. En esa corporación se reportó que en seis años 79 militares se desertaron, en esa misma base está la sede de un batallón de fuerzas especiales, el cual tuvo 15 casos similares.

En aquel momento la preocupación del general Moreno Serrano, quien falleció meses después en octubre del 2013 por problemas de salud cuando se desempeñaba como Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea, era la fuerza que habían adquirido las ocho organizaciones criminales con presencia en Guerrero. Decía que los siete mil soldados que sumaban las dos zonas militares, resultaban insuficientes para contener el avance y el control territorial que imponían las mafias no solo en los municipios considerados de alta densidad en cultivo, sino también en varios donde se daba el trasiego de droga, uno de ellos Iguala.

La fuente de la novena región militar dice que existen reportes de que varios de los desertores se unieron al crimen organizado. Algunos de ellos, no se sabe con precisión cuantos, tienen preparación especial en el uso de la información y tácticas de propaganda, guerra sicológica e infiltración de grupos enemigos. De alguno de estos rubros, añade, tomaron antecedentes para señalar a dos oficiales del batallón 27, probablemente oficiales del grupo de información, quienes “llegan a tener tan buena relación que terminan involucrados”.

Para los órganos de seguridad no pasó por alto que el remitente del mensaje en la lona, sea alguien que se identifique con el alias de “el cabo Gil”.

Apuntan al 27 de infantería

Los testimonios que apuntan a una “acción omisa o cómplice” de los soldados del batallón 27 de infantería, al mando del coronel José Rodríguez Pérez, se han multiplicado en las últimas semanas. A los relatos de los alumnos se han sumado el de profesores y padres de familia quienes cuestionan: ¿Por qué el ejército no ayudó a los estudiantes?

Una de las últimas versiones que se conocieron fue la de los familiares de los jóvenes que se refugiaron en un hospital privado, donde se les negó atención médica, y al que arribó un pelotón de militares quienes los obligaron a salir por la fuerza. Tras amagos y amenazas, los reprendieron por “revoltosos” y andar “de delincuentes”, acusación que los soldados usan con regularidad cuando de estudiantes normalistas se trata. De forma similar a lo ocurrido con el otro grupo de jóvenes que logró huir de la balacera de la noche del 26 de septiembre y llegó a las inmediaciones del zócalo de Iguala, éstos fueron fotografiados por los soldados, registraron sus nombres, y los engañaron al decir que les enviarían ayuda.

El pasado viernes representantes de los partidos que integran la comisión legislativa que investiga los hechos en Iguala contra los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, manifestaron que se acordó citar a una reunión al secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, para que explique el papel que tuvo el personal de la dependencia aquella noche. “Se prefigura que existe responsabilidad de los integrantes del 27 batallón de infantería desplegado en Iguala, tras las declaraciones de los jóvenes sobrevivientes que atestiguaron la noche del pasado 26 de septiembre la agresión de la policía municipal y de un grupo de sicarios”, dijo la diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar.

Miguel Alonso Raya, coordinador del PRD en la cámara de diputados, señaló que se exhortará a la PGR a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada que cite a comparecer a los mandos del 27 batallón de infantería de Iguala para que expliquen la actuación que tuvieron la noche que desaparecieron los 43 normalistas. El coronel Rodríguez Pérez, los jefes y oficiales del 27 batallón “algo tendrán que decir sobre los hechos escalofriantes de Iguala”, indicó. El legislador enfatizó que de confirmarse los testimonios de normalistas, padres de familia y testigos, que los soldados los golpearon y amenazaron en lugar de ayudarlos, implicaría complicidad de los militares con el crimen organizado. Esto sería “sumamente preocupante”, añadió, que al estar cerca de los hechos, los integrantes del batallón no se percataran lo que ocurría.

¿Cómo puede ser posible que corporaciones policiacas y civiles armados, delante de los militares, tiren cadáveres en fosas clandestinas sin que aparentemente se den cuenta? “Lo menos que uno puede plantear es que se tiene que revisar seriamente el papel de ese destacamento militar en la región, y en mi opinión, por lo que implica la gravedad de los acontecimientos en Iguala y la desaparición forzada de los 43 normalistas, creo que los militares deben declarar”, señaló.

El legislador Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador del grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano, declaró a varios medios que la comisión especial que investiga el caso de los estudiantes desaparecidos, presentó a la mesa directiva la propuesta para que se convoque al titular de la Sedena. El interés, explicó, es “profundizar en las omisiones del ejército en el caso del batallón 27. Es un tema que se ha dejado de lado, pero resulta de enorme trascendencia porque desde ahí se hacía inteligencia militar. Los soldados seguramente estaban informados desde antes de que sucediera la tragedia, pues esa es una zona de alto trasiego de drogas, innumerables actos de extorsión y multiplicación de la violencia”.

Juan Veledíaz

@velediaz424

Estado Mayor

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