¿Marcha en apoyo a militares de Tlatlaya?

#Yosoy26. Foto: EspecialEs una convocatoria lanzada por redes sociales por una agrupación que se hace llamar “Organización Humanista por el Progreso Social A.C.”, quienes dicen buscar que se juzgue con imparcialidad a los 13 detenidos por el caso de los 22 civiles muertos en Tlatlaya, Estado de México. Su llamado que ha tenido eco en medios de comunicación, surge sin que hasta el momento se sepa cómo y en qué circunstancias, se dieron los hechos que han generado un reclamo generalizado de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos para que se aclare y castigue a todos los responsables.

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México, 10 de octubre.- Lo que más llamó la atención a la abogada Ana Lucía Zavala en las primeras entrevistas con medios de comunicación fue que ya la habían investigado. Se sorprendió que le preguntaran sobre su pasado como policía en el estado de Tamaulipas. No lo negó, dice que esos 13 años que sirvió en la policía turística en el puerto de Ciudad Madero, vio muchas cosas. Tantas que sabía que un cargo así a cada momento resultaba más peligroso ante la descomposición que se agudizó durante la gestión del ex gobernador Eugenio Hernández.

—Madero ya no es lo que era antes, antes había actividad, había gente en la zona turística, ahora usted va y se encuentra todo solitario, la gente tiene miedo a salir a la calle—comenta. Dejó su labor en la corporación donde muchos de sus compañeros murieron en los años en que la violencia se desbordó e infectó todo el tejido social. De su paso como agente hizo amistad con elementos de la marina, algunos de los cuales sigue contacto. La buscaron el mes pasado para comentarle que leyera lo que pasaba con los 25 militares que habían sido llamados a declarar por la muerte de 22 personas en el municipio mexiquense de Tlatlaya.

—Me pidieron hiciera algo—dice en entrevista con este blog—estaban inquietos pues pensaban que quizá algo similar podría pasar en algún momento con efectivos de la marina.

Tras el seguimiento en los medios al reportaje de la revista Squire en su edición para Latinoamérica, basado en el testimonio de una mujer que se dijo sobreviviente del suceso, la abogada dice que junto con su agrupación llamada “Organización Humanista por el Progreso Social A.C.”, decidió asumirse como la número 26, detrás de los 25 militares investigados. Decidió llamar a su convocatoria como #Yosoy26, hashtag con el que lanzaron una invitación por redes sociales para realizar una marcha el sábado 11 de octubre del zócalo de la ciudad de México a la residencia oficial de Los Pinos, donde entregaran un pliego con sus demandas.

Lo primero que aclara la abogada Zavala es que será una manifestación pacífica, misma que “no está organizada por el ejército” sino por su agrupación. Estira la mano y muestra unos documentos donde señala que están los estatutos de su asociación civil, con los registros necesarios, la cual tiene un año que fue creada. Cuando decidió abrir su página en Facebook para lanzar la convocatoria, dice que de inmediato comenzaron a sumarse personas de distintas partes del país, en su mayoría familiares de militares, y gente que se identifica como tropa del ejército, policías federales y marinos. Recuerda que entonces hizo la invitación a que se sumaran todas las personas que han sido afectadas por el crimen organizado.

En la milicia existe una disciplina que prohíbe que haya manifestaciones de este tipo lo cual es entendible, explica, por eso es que como sociedad civil se lanza esta convocatoria “para que se juzgue a los acusados conforme a lo que marcan las leyes, no se afirma que sean inocentes, sino que se les haga un juicio justo”.

La organizadora de la marcha reconoce que no conoce cómo ocurrieron los hechos de Tlatlaya, ni qué grado de responsabilidad tienen los ocho militares que fueron consignados en un principio, ni los otros cinco que de manera posterior fueron encarcelados en la prisión del campo militar uno de la ciudad de México. “No pedimos la liberación de los implicados, sino que tengan un juicio conforme a la ley, donde también se hagan valer sus derechos”, dice al citar uno de los puntos que dieron a conocer el pasado 4 de octubre, cuando hicieron la aclaración sobre el origen y la finalidad de su marcha. Añade que los familiares de los procesados los han contactado, pero de momento prefieren no hacer ningún pronunciamiento público hasta que se aclare la situación legal.

Mario Montes Aguilera, quien se presenta como secretario de la asociación civil y “delegado en el DF”, se dice desconcertado por la relevancia que le han dado a lo que llama “versiones de una testigo protegido”, en referencia a la mujer que la revista entrevistó. Tomando como base la versión oficial de que los 22 muertos en Tlatlaya formaban parte de un grupo de secuestradores, dice que se ha llegado al extremo de considerar a los “asesinos y secuestradores como víctimas”.

Acepta que el ejército debe estar en los cuarteles pues “ahora solo es un instrumento para contener la violencia y la inseguridad”. Y reitera que quieren que también se conozca “el lado humano de los militares”, pues la milicia es la más solidaria de las instituciones y cita como ejemplo su intervención con el Plan DN-III de auxilio a las población civil el año pasado en Guerrero por el huracán Manuel y este 2014 por el que golpeó en Baja California Sur.

A la marcha se sumó en días pasados la Fundación “Jesús Gutiérrez Rebollo”, que se presenta como de ayuda a militares procesados y sentenciados de escasos recursos, quienes asistirán para dar a conocer la defensa que hacen del general Ricardo Martínez Perea, un militar detenido en 2001 y preso en las Islas Marías, acusado vía un anónimo de estar coludido con el narcotráfico en Tamaulipas, en los meses posteriores a que había recibido un reconocimiento del alto mando del ejército por haber roto el record de decomisos de cocaína en Nuevo Laredo.

El llamado a la marcha generó inquietud en el medio militar, los organizadores aseguran que asistirán algunos retirados que simpatizan con su convocatoria. En la página de Facebook que abrió la asociación, aparece una foto de un memorándum, fechado el 3 de octubre con algunas líneas tachadas en blanco, dirigido a un comandante de compañía del cuerpo de cadetes del Colegio Militar, donde se le pide impartir “platicas de concienciación” para exhortarlos a que en caso de que reciban mensajes, vía redes sociales o whatsapp, eviten su difusión para “no generar confusión y con ello evitar ser parte de actividades que se contraponen a la disciplina militar”.

Juan Veledíaz

@velediaz424

Estado Mayor

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