La “narco izquierda” se exhibe en Guerrero

Narcoizquierda. Foto: EspecialCada día que pasa desde el pasado sábado 27 de septiembre, es una lápida para la corriente perredista de Nueva Izquierda. La desaparición de 37 jóvenes de la normal rural de Ayotzinapa, a manos de presuntos pistoleros de la organización “Guerreros Unidos”, quienes actuaron en conjunto con la policía municipal de Iguala, coloca en el escrutinio judicial a uno de sus más conspicuos representantes, el hoy alcalde con licencia —y prófugo de la justicia—José Luis Abarca Velázquez, cuyos cuñados han sido líderes y operadores de ésta organización criminal que controla varios municipios del norte de Guerrero.

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México, 3 de octubre.- Transcurrían las primeras horas de la mañana del sábado 27 de septiembre cuando Sebastián de la Rosa Peláez, diputado federal del PRD y dirigente de Nueva Izquierda en el estado de Guerrero, salió al paso de los medios de comunicación para defender a uno de sus aliados clave, el empresario y alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.

—Tiene todo el respaldo político—decía mientras la dimensión de la tragedia ensombrecía al paso de las horas a las familias de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, y a las de los jugadores del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo, de la tercera división, quienes durante la noche del viernes y madrugada del sábado habían sido atacados a tiros por un comando armado que se desplazaba en compañía de policías municipales.

—Nada justifica y tampoco se puede permitir que los policías municipales disparen contra los civiles, eso tienen que quedar suficientemente claro—comentaba—lo primero que se tiene que saber es ¿quién ordenó disparar? Y ¿por qué razón?

Parecía como un episodio más donde los crímenes contra civiles en Guerrero quedaban acotados al ámbito de la nota roja o la protesta social. Pero durante el día un hecho puso en evidencia al alcalde perredista de Iguala. ¿Quiénes eran y qué hacía ese comando armado que viajaba en autos y patrullas de la policía local?

La respuesta llegó al paso de las horas. El sábado a medio día una comitiva de estudiantes que la noche anterior se habían apoderado de tres camiones de transporte de pasajeros y fueron atacados a tiros, daban a conocer que 57 de sus compañeros estaban desaparecidos. Resultado de los dos ataques que habían sido víctimas en la noche y madrugada, informaron que dos de sus compañeros murieron en el lugar mientras otro había sido encontrado esa mañana muy cerca, tirado en la maleza, con huellas de tortura y desollado. También se supo que el mismo comando había atacado el autobús donde viajaba el equipo de futbol de Chilpancingo, quienes habían tenido un partido contra el representativo de Iguala, a quienes habían derrotado. Los pistoleros habían asesinado a uno de los jóvenes, al chofer y una mujer que pasaba por el lugar en su auto particular. En total había seis muertos por los tres ataques.

El alcalde perredista, y uno de los principales financiadores de la campaña de Ángel Aguirre Rivero a la gubernatura, declaró a los medios que no se enteró de nada pues la noche anterior, había estado en un baile del sistema DIF en compañía de su esposa, y directora del organismo, María de los Ángeles Pineda Villa.

Durante el domingo siguiente los familiares de los jóvenes atacados y secuestrados dieron a conocer que varios de ellos se habían refugiado en casas particulares y que la cifra de desaparecidos se reducía a 43. En el transcurso del día se presentaron a las instalaciones del 27 batallón de infantería, donde el coronel José Rodríguez Pérez en compañía de Ramón Navarrete Magdaleno, presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el estado, los recibieron.

El coronel Rodríguez Pérez, responsable militar en los municipios del norte de la entidad, a la pregunta de los familiares sobre si el ejército tenía a los jóvenes desaparecidos, dijo que no tenían a nadie en el cuartel, pues las tropas no habían participado en el ataque y detención de los normalistas. Explicó que se enteraron de la balacera y los soldados salieron porque les avisaron que había civiles heridos sobre el Periférico, muy cerca de las instalaciones castrenses.

La “narco huella” en el perredismo

En las siguientes horas, tras la detención de 22 policías municipales acusados de participar en el tiroteo, la operación política del perredismo se puso en marcha. Desde la ciudad de México y desde Chilpancingo, la dirigencia nacional del PRD y el gobernador del estado, enviaron mensajes al presidente municipal de Iguala que debería separarse del cargo. El martes en sesión de cabildo extraordinaria, José Luis Abarca Velázquez solicitó licencia de su cargo por 30 días para que se aclarara el suceso donde habían desparecido los 43 jóvenes y muerto otros cuatro junto a dos civiles.

Para ese momento Sebastián de la Rosa Peláez, dirigente de Nueva Izquierda, hacia mutis de sus declaraciones de respaldo a su correligionario. Horas más tarde, cuando la procuraduría de justicia del estado mandó citar al alcalde con licencia para que declarara, éste ya estaba ilocalizable. Pero no era el único, el ex secretario de seguridad pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, también había huido.

El procurador guerrerense reconocería, ante la pregunta de varios medios de comunicación sobre los hombres armados que iban con los uniformados, que los policías habían actuado en apoyo a un grupo de pistoleros que pertenecían al grupo denominado “Guerreros Unidos”, cuyo líder Alberto Pineda Villa, apodado “el Borrado”, es hermano de la esposa del alcalde hoy prófugo.

Desde tiempo atrás se sabía que Abarca Velázquez tenía un pasado poco claro. Una de las preguntas que la gente de Iguala se hacía era, cómo le había hecho para de ser un comerciante que vendía sombreros en el mercado, a convertirse en propietario de la plaza comercial Galerías Tamarindos, la más importante del municipio, además de ser dueño de varias tiendas de joyas. En esa condición, sin ser militante, en 2012 la corriente de Nueva Izquierda lo postuló y el PRD lo lanzó de candidato a la presidencia municipal. El edil se jactaba de haber sido uno de los principales actores políticos que apoyó con dinero y recursos la campaña a la gubernatura por su correligionario de partido, el ex priista Aguirre Rivero.

En el año 2013 la policía federal detuvo a Leonor Villa Ortuño, madre de los hermanos Pineda Villa, junto a su chofer Carlos Cerezo, en su declaración acusó a su yerno José Luis Abarca de recibir dos millones de pesos mensuales del grupo criminal “Guerreros Unidos”, liderados por su hijo Alberto Pineda Villa. El pago, aseguró, era a cambio de que la policía municipal de Iguala les brindara protección.

Nueva Izquierda, la corriente de “los Chuchos” que dirige al partido del Sol Azteca, es la misma a la que pertenecen el presidente de la comisión de gobierno en el congreso local, el diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez, así como el gobernador de Guerrero.

El diputado perredista Ortega Jiménez es hijo de Celso Ortega Rosas, conocido como “la Ardilla”, detenido en 2008 acusado del secuestro y homicidio de dos agentes federales, los cuales realizaban operaciones encubiertas contra el narco en el centro de Guerrero. Tiempo después, tras obtener su libertad, en enero del 2011 fue asesinado a tiros a las afueras de su hogar en el poblado de Tlanicuilulco.

La carrera política de su hijo, el hoy diputado local Ortega Jiménez se inició cuando fue electo por el PRD como presidente municipal del municipio de Quechultenango, ubicado en la región centro del estado, donde “los Ardillos”, mantienen el control del trasiego de droga que viene de la sierra de Tlapa.

Las imputaciones a estos dos representantes perredistas no son exclusivas. Mario Moreno Arcos, alcalde de Chilpancingo postulado por el PRI, ha sido acusado en reiteradas ocasiones de estar vinculado a la delincuencia organizada. El dirigente empresarial en la capital del estado, Pioquinto Damián Huato, ha señalado en reiteradas ocasiones que la ola de extorsiones a comerciantes, los asaltos y asesinatos responden a la toma de la capital guerrerense por grupos de la delincuencia organizada, mismos que actúan con la complicidad del edil priista.

En este contexto el gobernador Aguirre Rivero, observa cómo la entidad agudiza su descomposición ante el escándalo que significa la desaparición de los 37 jóvenes quienes hasta el pasado jueves 2 de octubre eran buscados por tropas del ejército, policías federales y marinos.

Juan Veledíaz

@velediaz424

Estado Mayor

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