México, 24 de septiembre (Reforma).- Siete de cada 10 pesos que la Secretaría de Gobernación canaliza a los estados para aterrizar la reforma constitucional en materia penal, se destinan a obras de infraestructura en las instituciones de seguridad y justicia.
Un informe de la secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia (Setec), señala que este año han sido distribuidos 907.6 millones de pesos entre las 32 entidades.
De esa cantidad, 612.2 millones de pesos, equivalentes al 67 por ciento, servirán para el desarrollo de proyectos arquitectónicos, ejecutivos y de mobiliario para operar el modelo de juicios orales, que deberá estar en pleno funcionamiento a más tardar en 2016.
Por ejemplo, las procuradurías o fiscalías estatales requieren dignificar los espacios destinados a la atención de víctimas y el resguardo de detenidos, así como crear nuevas áreas de investigación, litigio y cadena de custodia.
Las defensorías públicas deberán contar con las herramientas necesarias para garantizar su capacidad operativa; mientras que los tribunales o Poderes Judiciales crearán juzgados orales penales y salas de juicio oral.
La Segob, a través de la Setec, además proporcionó asistencia técnica para la construcción, remodelación y/o adecuación de inmuebles en estados como Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Michoacán, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Sonora y Veracruz.
“Se avanzó en la elaboración del Plan Nacional Estratégico de Infraestructura, en el cual se identifican los requerimientos en infraestructura física, mobiliario, tecnologías de la información y comunicación, equipamiento para salas de juicio oral y servicios periciales”, indica el informe.
Al eje de infraestructura le sigue el de equipamiento, que este año cuenta recursos por 233.3 millones de pesos, seguido del rubro de capacitación, que tiene 51.8 millones de pesos, y el de servicios, al cual se destinan 10.2 millones.
Por tipo de proyecto, se aprobaron 750 para capacitación; 185 para tecnologías de información y equipamiento; 71 para infraestructura; 36 para difusión; 32 para reorganización institucional; 9 para normatividad; y 5 para evaluación.
“Se aprobaron mil 88 proyectos, lo que derivó en la suscripción de los convenios de coordinación entre cada entidad federativa y el Gobierno de la República para el otorgamiento de los recursos necesarios para su ejecución”, agrega.
Antonio Baranda