México, 27 de junio (Milenio Diario).- Los señalamientos que se han hecho con respecto al arraigo del general Dauahare y demás compañeros han servido como distractor de otros hechos que en otros momentos serían de mucho interés para la opinión pública, pues se insiste en que tienen un trasfondo político y que el motivo real es el trabajo que estaba realizando en favor de la campaña de Enrique Peña Nieto.
Sus exposiciones en algunas reuniones en las que exhibió los errores cometidos en la guerra que se está llevando a cabo contra la delincuencia lastimaron a los responsables de la misma y propiciaron su detención y arraigo.
De ser cierta esa especie que ha corrido, no se justifica el procedimiento utilizado y como se dijo en el Centro de Análisis y Opinión de Militares y Marinos, la única forma de que la PGR y demás autoridades pudieran salir airosas de esta situación es la presentación de las pruebas que convencieran al juez para obsequiar el auto de formal prisión e iniciar el proceso.
Al solicitar y concederse la extensión del arraigo, se interpreta como que la PGR no tiene las pruebas suficientes que le permitan obtener el auto de formal prisión, y dejarlo en libertad por falta de pruebas o por pruebas insuficientes, en vísperas de unas elecciones tan competidas, dañaría severamente la imagen de la PGR y del propio gobierno.
Sin embargo, además de los ya detenidos Ángeles Dauahare, Dowe y Escorcia, como parte de esta refriega, informaciones de la Secretaría de la Defensa confirmaron que cinco militares más de alto rango están siendo investigados por la PGR debido a sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Se señala a los generales Antúnez Pérez, Juan Manuel Rico Gámez, Aguilera, Rodríguez Bucio y García Ochoa; tres de ellos estuvieron al frente del Centro de Inteligencia Antinarcóticos en años pasados. El teniente coronel Iván Reyna Muñoz ha dicho que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga a cinco generales que en los últimos 12 años han ocupado puestos clave en el Ejército mexicano. Se les indaga por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.
En la lista de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), además de los generales ya detenidos Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe y Ricardo Escorcia, están Cuauhtémoc Antúnez Pérez, jefe de la VII Región Militar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; Juan Manuel Rico Gámez, comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, Guerrero; Roberto Aguilera, general de división retirado, titular del Centro de Inteligencia Antinarcóticos (Cian) en el sexenio de Vicente Fox; Luis Rodríguez Bucio, jefe del Cian a inicios del sexenio de Calderón y actualmente comandante de la guarnición militar número 64 de Cancún, Quintana Roo, y el general de brigada Moisés García Ochoa, director general de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y uno de los hombres más cercanos al titular de la dependencia, Guillermo Galván Galván.
García Ochoa dirigió el Cian en el sexenio de Ernesto Zedillo y se le menciona como fuerte candidato para suceder a Galván Galván al frente de la Sedena. De hecho, ya ha tenido reuniones con el candidato del PRI a la Presidencia, Enrique Peña Nieto.
Los nombres de estos generales salieron a relucir el pasado 2 de mayo durante el interrogatorio que el agente del Ministerio Público, José Francisco Rubio Salgado —de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud—, le hizo al teniente coronel Iván Reyna, recluido en el Cereso de San Juan del Río, Querétaro.
Reyna está acusado de ser el pagador de la red de protección del cártel de los Beltrán Leyva dentro del Ejército, según la averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010.
Así como la detención de Dauahare y otros militares tiene un marcado fondo político, la presunta investigación de cinco generales más se inscribe en la lucha descarnada por alcanzar la Secretaría de la Defensa Nacional.
De imaginaria
Cuando la Marina se metió a exhibir sus labores de inteligencia, el arresto del supuesto hijo del Chapo Guzmán, realizado por elementos de la Armada, levantó una ola publicitaria, que tenía sus antecedentes en otros operativos de inteligencia naval.
Armas, aparatos telefónicos y dinero en efectivo fueron mostrados por la Marina en un acto que sorprendió a todos, inclusive a candidatos a la Presidencia de la República, como Josefina Vázquez Mota, quien se vistió con los resultados del arresto del supuesto hijo del Chapo Guzmán.
Sin embargo, en estos tiempos convulsos para las fuerzas armadas, el arresto del Chapito apareció de repente como una trampa solo equiparable a las que les colocaron a diversos generales.
Jorge Ibarrola
Fuerzas Armadas
Opinión
MIlenio Diario
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