México, 14 de julio.- El pasado 30 de junio se registró un enfrentamiento entre presuntos integrantes del crimen organizado y elementos del Ejército Mexicano, en las inmediaciones del municipio de Tlalaya en el Estado de México, cuyo resultado fue de 22 presuntos criminales muertos, un soldado herido y tres mujeres rescatadas de situación de secuestro.
La refriega se desató, según lo publicado por el Gobierno del Estado de México y un comunicado de prensa emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando efectivos militares pertenecientes a la 22 Zona Militar fueron atacados durante sus labores de patrullaje por personas armadas, las cuales custodiaban una bodega cercana al poblado Cuadrilla Nueva en el municipio antes mencionado.
Tres días después del acontecimiento antes mencionado, la agencia de noticias Associated Press (AP) publicó el reportaje “In Mexico, lopsided death tolls draw suspicion”, en el cual se pone en tale de juicio las versiones oficiales sobre lo que realmente pasó ese 30 de junio.
Según lo publicado por los reporteros y fotógrafos de AP, las marcas de las balas y las manchas de sangre en el lugar de los hechos no coinciden con lo descrito en el boletín de prensa de la dependencia gubernamental. En ese sentido, se hace referencia a las declaraciones de Alejandro Hope, un analista en materia de seguridad y otrora oficial en los servicios de inteligencia mexicano, quien apunta: “…levanta sospechas el hecho de que haya 22 muertos de un lado y solamente un herido del otro bando…”.
Al mismo, tiempo se recoge el testimonio de un vecino, quien asegura haber escuchado dos horas de disparos -aunque no puede asegurar si los disparos provenían de la bodega o de la zona aledaña a la misma- y haber visto soldados realizando labores de búsqueda en la zona boscosa colindante con el edificio en cuestión.
Por otro lado, la investigación revela que a pesar del fuego pesado, solamente se pudieron ubicar alrededor de seis impactos de bala en la fachada de la bodega y que existe poca evidencia de disparos provenientes desde el interior del edificio.
En cuanto a las manchas de sangre se refiere, AP indica que los charcos más profusos se encuentran muy cerca de las marcas de bala en las paredes como si los abatidos se encontraran parados contra la pared al momento de recibir los impactos fatales, los cuales se calculan a la altura del pecho. La autopsia que podría desmentir esta teoría no ha sido revelada al público por parte de las autoridades correspondientes.
Contrario al 30 de junio, ni el Gobierno del Estado de México, ni la Secretaría de la Defensa Nacional emitieron comunicado de prensa alguno para desmentir la publicación de la agencia de noticias, la cual fue recogida por varios medios a lo largo y ancho de la República Mexicana. En lugar de informar a la sociedad, con el fin de evitar la propagación de chismes, la Sedena y el Secretario de la Defensa Nacional, mediante sus canales oficiales en las redes sociales, invitaban a la comunidad a paseos dominicales, exposiciones y enviaban felicitaciones a otros cuerpos encargados de velar por la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
De ninguna forma se trata de satanizar este tipo de invitaciones, las cuales cumplen la importantísima labor de crear un lazo entre los mexicanos y sus fuerzas armadas, pero en momentos como los descritos con aterrorizad, se vuelve imperativo que las autoridades den una explicación, por cualquier medio que estas decidan.
El silencio solo levanta sospechas y le da credibilidad a la única versión existente. Cabe aclarar, no es la primera vez que sucede algo como esto. El pasado 10 de junio, circuló en las redes sociales un video en el cual se daba a entender que los elementos comisionados al operativo federal en el estado de Tamaulipas estaban cometiendo ejecuciones extrajudiciales…la autoridad de nueva cuenta brilló por su ausencia.
La autoridad parece no entender que la información es un arma mucho más poderosa que las balas. La información y la apertura de nuestros gobernantes a emitirla sin condicionamientos genera confianza y escuda a la sociedad de la posible penetración de chismes o falsedades cuyo único propósito es desgarrar el tejido social.
Es momento, que la Secretaría de la Defensa Nacional utilice este poder, no solo para el caso descrito en el Estado de México, sino también para el estado de Michoacán, Tamaulipas, los casos contra militares presuntamente involucrados con el crimen organizado, las recomendaciones hechas por la Comisión de Derechos Humanos, etc…los mexicanos se los sabremos agradecer.
Redacción
Estado Mayor