El súper agente especial

Fue el “arquitecto” de las “investigaciones relevantes” contra militares acusados de narco. Su debut mediático ocurrió como fiscal en el consejo de guerra del caso Gallardo en febrero de 1998, preso por otros motivos; traía el antecedente de haber colaborado en las acusaciones contra el general Gutiérrez Rebollo en 1997; en 2003 fue quien armó el tinglado contra el general Martínez Perea, acusado vía un anónimo de proteger al narco. El mayor de justicia militar Gerardo Salazar Bolaños presenció el pasado 5 de julio cómo se le derrumbó su último “montaje”, que empezó a desmoronarse en abril con la liberación del general Ángeles Dauahare, y concluyó ese día con la exoneración de cuatro militares más. 

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México, 15 de julio.- Era julio de 1995 cuando el mayor Gerardo Salazar Bolaños Bolaños llegó a Badiraguato, Sinaloa, sede del cuartel de la Fuerza de Tarea Marte. Comenzaba la campaña anual contra los sembradíos de droga en la zona del Triángulo Dorado, la cual los siguientes tres meses estaría bajo el mando del general Francisco Abraham Valencia Ángeles. Su llegada fue tras haber sido comisionado como oficial de justicia militar en la labor contra el narco. En ese grupo de militares que se desplazaron a la sierra donde se unen los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, el segundo en el mando de la operación era el coronel Felipe Arturo Román Calderón, jefe de estado mayor, un militar duro, y quien al paso de las semanas protagonizaría episodios donde el abuso en los castigos sería como su marca personal contra tropa y oficiales.

La imagen que le quedó grabada al sargento Alejandro Vázquez Álvarez, responsable del área de archivo de la operación, ocurrió una tarde de aquellos días cuando el coronel Román Calderón pareció que había tragado lumbre. Zarandeó a varios soldados, se ensañó con uno donde los golpes, gritos y demás, llamaron la atención del personal alrededor. Sus órdenes dadas de modo altisonante ponían nerviosos a casi todos. Menos a uno, que resultó ser el dentista del cuartel, un teniente coronel que una ocasión le respondió firme y sin aspavientos.

El odontólogo militar traía el corte de pelo “demasiado largo” para el gusto del coronel Román. Delante de varios oficiales y personal de tropa, le gritó y le recordó que debería traer el cabello corto como los demás. En realidad, recuerda el sargento Vázquez, el médico no traía el corte tan largo ni faltaba a ninguna norma. La rabia del coronel se desbordó cuando el dentista respondió que se limitara a cumplir su función, y que él se centraría en realizar la suya, como lo marcaba el reglamento. Conocía la disciplina militar y en ningún momento por experiencia previa, el tamaño de su cabello había sido motivo de llamadas de atención. La contestación incendió a Román Calderón.

Mandó llamar a Salazar Bolaños y le exigió que en ese momento procesara al dentista. El mayor respondió que así como se presentó la situación, a quien debería de procesar era a él, porque su comportamiento cuadraba jurídicamente en un abuso de autoridad. Factible de comprobar ante los testimonios del resto de subordinados que darían cuenta de su actitud, alcanzó a explicar.

Desde entonces el coronel nunca se metió con el mayor Salazar Bolaños, quien se convirtió en un intocable en los meses que duró la operación. “A partir de ese día a Bolaños nunca se le arrestó, andaba greñudo, sin rasurarse, sin bolearse, y nadie le decía nada. Ningún superior se atrevió a decirle algo”, recuerda el sargento Vázquez. “Es que es abogado”, decían el resto de sus compañeros. Había un antecedente años atrás cuando un teniente que era abogado, logró que se procesara a un comandante de zona. Con esa referencia, nadie se atrevió a “tocarlo”, nada más por el hecho de ser abogado.

El trabajo del mayor Bolaños en la Fuerza de Tarea Marte de aquel año consistió en llenar actas de policía judicial militar, dar fe ministerial de la destrucción de plantíos y declarar a los detenidos. Iba solo, no tenía ayudantes, y por eso entabló buena relación con el sargento Vázquez, quien en alguna ocasión le auxilió a mecanografiar algunos informes. En esa fuerza de tarea las unidades que participaban estaban divididas por sectores, al 60 de infantería que tenía su base en Santiago de los Caballeros le correspondía la parte sur del triángulo del lado de Sinaloa; un regimiento de caballería estaba acantonado más al norte del estado en San José del Llano; otro batallón estaba en la comunidad del Zorrillo, Chihuahua y uno más en Tamazula, Durango.

La instrucción que tenían quienes estaban acuartelados en Badiraguato, en las instalaciones de la comandancia de la operación, era que no debían salir, menos reunirse o socializar con la población, pues todos de alguna manera, estaban coludidos con el narco. De esta forma el único militar que salía de la base para ir al correo o a realizar trámites, siempre escoltado por soldados, era el sargento Vázquez.

En Badiraguato cuando llovía por esos meses de verano, a los pocos días aparecían sapos dentro de las instalaciones del cuartel. Una ocasión, recuerda el sargento, el mayor Bolaños salió al patio y se le atravesó uno por ahí. En ese momento él solito estalló, comenzó a maldecir al animal, la escena parecía de caricatura. Gesticulaba y maldecía como si emulara al personaje principal de la película muda de Chaplin, “El dictador”. Aunque eso sí, el mayor Bolaños había dado muestra en esa misión, que era también muy hábil y astuto.

La “escuelita” Macedo

Podría decirse que el mayor Gerardo Salazar Bolaños ha sabido servir con fidelidad las causas de sus superiores. En los últimos días de febrero y los primeros de marzo de 1998, fue el encargado de “montar” la escena a voz en cuello, frente un grupo de militares de alto rango que integraban el consejo de guerra contra el general Francisco Gallardo Rodríguez. Su actuación, resumió la prensa por esos días, era arrebatada y parecía atravesada por cierto toque histriónico cuando defendió la acusación por malversación y destrucción de archivos contra el brigadier.

En ningún momento en los 19 días que duró el juicio, se presentaron evidencias que probaran la acusación. Eran testigos que habían aceptado haber sido presionados para declarar en contra de Gallardo, argumentó su defensa. Las pruebas a su favor, fueron desechadas sin ningún miramiento a pedido del fiscal Salazar Bolaños. Quedó la sensación en la opinión pública que el juicio al general Gallardo, fue un montaje como lo consideró Amnistía Internacional, por el simple hecho de haber elaborado su tesis sobre las necesidades de un ombudsman para las fuerzas armadas.

La actuación valió a Salazar Bolaños el reconocimiento de su jefe el entonces procurador militar Rafael Macedo de la Concha, quien le confió armar parte de la investigación contra Gutiérrez Rebollo. Dos de las principales imputaciones, la renta del departamento supuestamente propiedad de Amado Carrillo, y el acopio de armas, fueron atribuidas sin evidencias firmes al militar detenido en febrero de 1997. Del primer cargo, el cual demostró ante la justicia federal que no era propiedad del capo, ha ganado varias apelaciones. Del segundo, probó que las armas que le atribuyeron, vía oficio de la secretaría de la Defensa, le fueron entregadas para realizar su encomienda como titular del Instituto Nacional de Combate a las Drogas de la PGR. La defensa del divisionario ha vivido estos episodios en medio de amenazas y advertencias de Salazar Bolaños. Una ocasión hace meses, les advirtió que de continuar con su estrategia de interponer recursos ante la justicia federal, pediría regresaran al general de la cárcel de mediana seguridad donde entonces estaba, a una prisión de máxima seguridad sin importar que su estado de salud fuera delicado.

Salazar Bolaños es visto por sus pares del ejército como “un civilón al que le pusieron uniforme”. No es oficial de carrera, estudio derecho y se incorporó a filas sin haber pasado por alguna escuela castrense. Siempre ha seguido la línea de “arriba”, dice un grupo de abogados militares que lo conocen. Pese a ello, tiene más de 18 años en el mismo rango, no asciende, continúa luciendo en las hombreras de su uniforme la estrella solitaria que lo acredita como mayor.

Con estos antecedentes sin conocer de táctica militar ni de la puesta en práctica de operaciones en terreno, armó la columna vertebral de sus acusaciones sobre la supuesta labor de protección al narco del general brigadier Ricardo Martínez Perea, detenido en febrero del 2001. En el consejo de guerra celebrado en abril del 2003, el mayor cuestionó la técnica que empleó en su combate al narco. Decía que utilizar radios de comunicación y vehículos asegurados, eran suficiente evidencia para condenar al general y dos de sus subordinados, el teniente Antonio Quevedo Guerrero y el capitán Pedro Maya Díaz, por supuestamente proteger al narco.

El origen de aquella acusación había sido un anónimo. Un manuscrito con faltas de ortografía y sin mayores datos, más que aquellos que referían que el entonces comandante del 21 regimiento de caballería, estacionado en Nuevo Laredo, realizaba labores para favorecer al narco. La consigna quedó en evidencia el día que compareció el general de brigada Jorge Pérez Toledo, comandante en aquel 2001 de la octava zona militar y superior jerárquico inmediato de Martínez Perea. Según el militar, hoy retirado, nunca tuvo conocimiento de que el brigadier estuviera vinculado o protegiera narcotraficantes, que realizara de forma deficiente la vigilancia de la franja fronteriza que le tocaba en esa parte de Tamaulipas, o que permitiera a sus subalternos conductas ilícitas.

Al contrario, la unidad al mando de Martínez Perea fue la que aseguró más droga en relación con otros destacamentos distribuidos dentro del área que le correspondía a la octava zona militar que encabezaba. Impuso record de droga asegurada a nivel nacional en 1999, lo que le valió su ascenso de coronel a general brigadier, entre otros reconocimientos que obtuvo. De manera extraña, el general Pérez Toledo fue removido del mando de la zona por los días en que Martínez Perea era detenido junto con el teniente Quevedo y el capitán Maya Díaz.

Durante el consejo de guerra, el mayor Bolaños dejó entrever que había órdenes superiores para condenar al general Martínez Perea. Era una consigna del alto mando, pues existía el antecedente que dos semanas después que se fugó Joaquín el Chapo Guzmán, el presidente Vicente Fox de gira por Colombia en febrero del 2001, condenó mediáticamente al militar al señalar que trabajaba para el narco. Al paso de los años quedaría en evidencia que aquella declaración, se hizo con el fin de obtener la certificación antidrogas del gobierno estadounidense.

El vecino de Maricela

Muy temprano, alrededor de las ocho o nueve de la mañana, el mayor Salazar Bolaños solía presentarse en la puerta del departamento de la titular de la PGR, Maricela Morales. Ahí era recibido para entrar a “acuerdo” antes de que la hoy cónsul en Milán, Italia, se desplazara su oficina de la procuraduría en Paseo de la Reforma. Eran las semanas previas a que se anunciara la detención del general Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional, contra quien recibió la encomienda de armar el expediente en su calidad de titular “de facto” de la Unidad Especialidad de Delitos contra la Salud de la dependencia.

Tan era de primordial importancia el caso, que Salazar Bolaños terminó por mudarse al mismo edificio dentro del complejo militar donde residía la titular de la PGR, en aquellos primeros meses del 2012, comentan por separado un par de abogados castrenses que siguieron de cerca su trabajo. Actuó como lo que siempre le hicieron ser, un “súper agente especial”, y armó de “la nada” la acusación contra los otros generales, Ricardo Escorcia Vargas, Roberto Dawe y Rubén Pérez Ramírez.

El “operador de Maricela”, como lo conocían los litigantes en el fuero de guerra, utilizó el método que lo hizo célebre en la justicia militar. Uso “testigos protegidos” y presionó con su equipo para que los generales se inculparan unos a otros, como Pérez Ramírez, quien denunció tras su liberación que fue obligado a imputar a Dawe.

Hace un par de meses Cuitláhuac Salinas Martínez, ex titular de la Subprocuraduría especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (SEIDO), aseguró que con Maricela Ramírez la PGR fue utilizada por un grupo de militares, entre quienes estaba Salazar Bolaños, para perjudicar al general Ángeles Dauahare.

En una entrevista en televisión en el programa matutino de Carlos Loret de Mola, se deslindó de la detención del general y aseveró que no tuvo nunca acceso al expediente pues ese en particular fue operado por un grupo de militares que acordaban directamente con Morales.

El más visible era el mayor Salazar Bolaños, quien prácticamente se hizo con el control de la Unidad Especialidad de Delitos contra la Salud, y siguió las instrucciones de la procuradora para armar el expediente no solo contra Ángeles Dauahare, sino contra Escorcia, Dawe y Pérez Ramírez. “Jamás vi el expediente, porque estuvo bajo control directo de ese encargado (Salazar Bolaños), y de la gente que él designó, solo tuve conocimiento de algunas secciones, de algunas partes, cuando se me preguntó desde el punto de vista técnico jurídico, si procedía lo que estaban realizando, pero eso fue todo”, dijo.

Con la liberación de los tres generales y el teniente coronel Isidro Silvio Hernández, el último caso del “súper agente” Salazar Bolaños, se vino abajo.

Juan Veledíaz

@velediaz424

Estado Mayor

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