¿Podrán disminuir quejas por violaciones a derechos humanos contra el Ejército?

Sedena y la CNDH trabajan juntos. Foto: EspecialDe un universo de más de cinco mil quejas, fueron poco más de 90 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos contra el Ejército sólo en el sexenio de Felipe Calderón. Con esta nueva administración se busca no sólo disminuir la cifra, sino darle seguimiento puntual a las quejas para tratar que no desemboquen en recomendaciones. Buscan también, certificar la capacitación en derechos humanos de los soldados.

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México, 10 de junio.- Era un pelotón de soldados que aquella mañana del 24 de septiembre, iban por la pista de un lugar de narcomenudeo dentro de un predio en una zona habitacional de Torreón, Coahuila. El relato de los testigos decía que los militares entraron sin orden judicial, destruyendo puertas, ventanas y casi todo lo que encontraban a su paso. A los pocos minutos, al no encontrar resistencia, se fueron contra dos personas que encontraron en la vivienda, un hombre de 65 años de edad y un menor de 15.

Los testimonios refirieron que eran al menos 10 soldados los que participaron en la incursión en la que sometieron a golpes a los dos residentes, fueron varias horas en las que los mantuvieron sometidos a tortura donde las preguntas se centraban en “quién era el bueno” y “quién la vende”. Debido a los golpes el adulto perdió la vida horas después, y debido a la golpiza el menor quedó con daños físicos de consideración. El resumen del episodio se centró que era un modus operandi del ejército similar al de otras quejas contra las tropas que realizaban labores contra el narcomenudeo, en aquel año del 2010 cuando ocurrieron estos hechos.

La investigación que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que las causas de la muerte de la persona adulta fueron los golpes y la tortura, después de varios meses de pesquisas a mediados del año pasado la dependencia emitió la recomendación 16/2012 a la secretaría de la Defensa Nacional para que investigara al personal militar de la comandancia de la doceava región militar, con cuartel general en Torreón, y actuara penalmente en su contra.

Sin embargo, la CNDH señaló que la Procuraduría de Justicia Militar, pese a que inició una averiguación por el caso, la indagatoria no era “exhaustiva y eficaz” lo que mostraba una responsabilidad institucional por la negligencia en la investigación, “lo cual propicia que dichas violaciones a los derechos humanos no sean sancionadas, contribuyendo de esa forma a un clima de impunidad”.

Este fue uno de esos casos que marcaron la tónica en la pasada administración, donde cada acto de violación flagrante a las garantías individuales, parecía que no prosperaba cuando la CNDH recomendaba se investigara penalmente.

Ajustes para frenar violaciones

Lo dijo el general José Carlos Beltrán Benítez hace unas semanas ante el auditorio estudiantil de la Universidad de Guadalajara: en la Secretaría de la Defensa Nacional a partir de la llegada del general Salvador Cienfuegos Zepeda como nuevo titular, existe una directiva de vinculación e interacción con instituciones civiles para que se conozca la labor de las fuerzas armadas.

El director general derechos humanos mostró una preocupación que la actual administración tiene por lo acumulado en el ejército en los últimos seis años respecto a las quejas por violaciones a las garantías individuales, y que han derivado en varias recomendaciones de la CNDH. El pasado mes de enero el ombusdman nacional Raúl Plascencia Villanueva informó que durante el año 2012 la Defensa Nacional ocupó el primer lugar en recomendaciones por violaciones a los derechos humanos, con 15 casos, seguida de la hoy desaparecida Secretaría de Seguridad Pública Federal con nueve, y en tercer sitio la Marina con seis. El diagnóstico fue que durante el gobierno de Felipe Calderón se dio un incremento “sustancial de abusos”, en los que la tortura, las detenciones arbitrarias, los allanamientos, cateos ilegales, desapariciones forzadas de personas y asesinatos, fueron la tónica.

Este fue el panorama que encontró el general Beltrán Benítez cuando en enero pasado, asumió la titularidad del área de derechos humanos de la Secretaría de la Defensa. Abogado además de militar, el brigadier, quien apenas en noviembre pasado ascendió al generalato, en su paso como ministerios público y secretario particular del general Rafael Macedo de la Concha, ex procurador militar y ex titular de la PGR, presenció cómo las quejas que derivaron en recomendaciones de la CNDH, se incrementaron de tal forma que hubo que implementar cursos de capacitación en la materia.

Hace unos días el general Beltrán declaró a varios medios de comunicación que la Sedena realiza, con la nueva administración, un ajuste a su sistema de acciones legales con la finalidad de disminuir el número de recomendaciones que derivan de quejas mal atendidas. Se trata que en primera instancia se realicen las investigaciones de todas aquellas acciones donde se hayan visto afectadas personas civiles como resultado de alguna acción militar.

A este primer paso, se le sumará un proceso de certificación de las tropas en los cursos de derechos humanos que se reforzaran para mejorar la capacitación que otorga la secretaría. “El objeto y la directiva que tenemos del general secretario Salvador Cienfuegos, es no esperar una recomendación de la CNDH”, declaró el brigadier. Una de las constantes en las quejas que derivaron en los últimos años en recomendaciones, fue la tortura, práctica que se acrecentó en el último gobierno y que implicó también a la Policía Federal y a personal de la armada.

El escudo del crimen

“Como consecuencia de las acciones que realiza el Ejército, que afectan la estructura financiera e intereses de la delincuencia organizada, existen quejas que son presentadas por sus integrantes para desprestigiar a este instituto armado y de esta forma limitar sus operaciones”, señala un informe sobre el accionar del Ejército fechado en noviembre pasado, aún con la anterior administración.

El despliegue territorial de alrededor de 45 mil efectivos que se dio durante el gobierno de Felipe Calderón, afectó la estructura financiera y los intereses de los grupos organizados de la delincuencia, señala el documento, de manera primordial en los estados del país donde se incrementó la actividad criminal.

El informe señalaba que de cinco mil 962 quejas recibidas contra la Secretaría de la Defensa, durante el gobierno de Calderón, sólo en 92 casos se derivó en recomendación. De estos expedientes, se iniciaron procesos penales contra 252 efectivos del Ejército, de los cuales 19 fueron jefes (entre los rangos de coronel, teniente coronel y mayor), 43 oficiales (capitanes y tenientes), y 190 de tropa. De esta cifra hasta el año pasado se habían dictado sentencias contra 18 involucrados, 67 continuaban bajo proceso penal y en 167 casos estaban calidad de indiciados.

En ese último informe, la dependencia reconocía lo valioso que era la colaboración de la población con sus denuncias anónimas en su tarea de “apoyo” a las autoridades civiles para combatir a la delincuencia. Sin embargo, reconoció que pese a que existían quejas, cada una se le daba cause y cuando existían evidencias de violaciones a los derechos humanos, se le daba parte a la procuraduría de justicia militar.

Juan Veledíaz

@velediaz424

Estado Mayor

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