México, 11 de mayo (El Universal).-Hace unas semanas fui invitada a una fiesta en una de las primeras casas de la colonia Balbuena, ahí donde los aviones vuelan al ras de los árboles y hacen vibrar los tinacos. En el lugar en que bailábamos salsa y degustábamos tacos de barbacoa estaba decorado con fotos de aeronaves y pizarras con simuladores aéreos. Le pregunté al anfitrión para qué se utilizaban. Me respondió que ese espacio se usó hasta hace unos años como salón de clases para pilotos. Y me contó que a principios de los 70 su abuelo fue piloto militar pero decidió dejar de ejercer después de ser forzado a pilotear aviones para lanzar presos políticos en el Golfo de México, y negarse a hacerlo. A su renuncia le precedió una profunda depresión que sólo pudo librar dando cursos a pilotos comerciales en la planta baja de su casa.
No pude evitar pensar obsesivamente en la activista Tania Ramírez, hija de un desaparecido político del que no se supo su paradero desde 1977. Ella no tuvo la oportunidad de conocer a su padre, por que cuando él sufrió la desaparición forzada, Tania tenía apenas cinco meses de haber sido concebida. La guerra sucia en México nos dejó marcados. A muchos hijos los dejaron sin padres, a muchas madres sin hijos y a muchos profesionistas como el abuelo de mi amigo los dejaron con el corazón deshidratado. El drama se reproduce ahora, en un fenómeno en que el gobierno debilita cualquier acto de voluntad para dar solución a los cientos de casos en los que el crimen organizado ha levantado personas y las ha desaparecido para siempre.
El día de la madre, para aquellas que hoy guardan en el corazón la esperanza de volver a ver algún día a sus hijos, pero que no logran sobreponerse a la angustia de imaginarlos muertos, es una absoluta pesadilla: Ante esa impotencia, la acción civil y la solidaridad empujó a las madres de todos los estados de la república, convocadas por Fundem (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México),a reunirse en el DF para manifestarse. Hace un año confiaban todavía en que el gobierno federal cumpliría su palabra atendiendo sus demandas y también en que el Poder Legislativo tomaría en cuenta su diagnóstico y propuestas antes de emitir alguna ley para la protección de las víctimas y sus familiares.
Esto no sucedió. Por eso las madres de desaparecidos y muchas otras madres solidarias marcharon el día de ayer, para demandar que la PGR investigue los casos de desaparecidos y que se formen bancos de datos para dar con su paradero. También el día de hoy se presentarán frente a los responsables de la estrategia de combate a la delincuencia.
No es novedad que los criminales organizados o desorganizados que operan las desapariciones y ejecuciones no tengan madre. Lo que resulta cada vez más desolador es que las autoridades en quienes debemos depositar nuestra confianza no han podido o no han querido hacer justicia efectiva y acatar cabalmente sus responsabilidad para ofrecer reposición del daño. Es por ello que las víctimas de desaparición forzada no se acercan al sistema de justicia, desconfían de los ministerios públicos, las Fuerzas Armadas y la policía. El problema es visible cuando por que solo el 25% de los delitos son denunciados y de ellos únicamente 2% resulta en un sentencia condenatoria.
Los sin madre no son sólo los que a mano armada atentan contra nuestra libertad y nuestras vida, sino los que siendo responsables de hacer justicia no han generado una política pública integral que garantice la prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas. A los hijos y madres que tenemos la enorme fortuna de no haber perdido un familiar, nos queda la responsabilidad de recordar que los sin madre que algún día desaparecieron ciudadanos lanzándolos al mar y los que ahora evaden su encargo de hacer justicia, no merecen gobernarnos.
Maite Azuela
Opinión
El Universal