México, 10 de mayo (El Universal).-Era alentador que el Presidente de la República propusiera una reforma al Código de Justicia Militar que obligaba a las Fuerzas Armadas a permitir que sus soldados, oficiales, jefes y mandos que hayan cometido un delito del orden común o federal, o que hayan cometido una violación a los derechos humanos, sean enjuicidaos en tribunales civiles, alejando la sombra de duda e impunidad que aún persigue al sistema actual de justicia militar.
Sin embargo, es desilusionante, primero, que la discusión en la 61 Legislatura se haya aplazado, pero también que la propuesta presentada por el Ejecutivo federal quiera limitar el alcance de la reforma, estableciendo la obligación de que las cortes civiles enjuicien a militares estén integradas por abogados que hayan sido formados en el medio castranse y conozcan el ambiente militar.
La razón principal en el fondo de las exigencias de reforma a la justicia militar es que el sistema entero queda bajo la misma cadena de mando castrense, pues el secretario de la Defensa lo mismo nombra al presidente del Tribunal Supremo Militar, a los magistrados, los fiscales y a los defensores de oficio.
La propuesta del presidente Calderón deja intacta la aberración jurídica de ese sistema de justicia militar mientras propone eliminar la contradicción entre el Código Actual de Justicia Militar y la Constitución mexicana.
Ese ha sido el caso de los elementos militares que aceptan un vínculo con la delincuencia organizada y trabajan para ella y también el de los soldados que han participado en escuadrones de la muerte como la Brigada Blanca que aniquiló los movimientos armados durante la década de los años 70.
Por esa razón, el enjuiciamiento en cortes militares de soldados acusados de violaciones graves a los derechos humanos, de delincuencia organizada o de delitos contra la salud ha sido motivo de sospecha y desconfianza.
Resolver la contradicción entre el Código de Justicia Militar y la Constitución es acertado, pero la idea de limitar la composición del órgano de justicia civil que conozca de acusaciones contra personal militar a abogados militares o personas allegadas a las Fuerzas Armadas es un motivo para prolongar esa desconfianza proveniente de una sociedad que ha experimentado abusos militares.
Creo conveniente la inclusión de abogados militares, pero también pienso en la utilidad de permitir la participación de jurístas especializados en derechos humanos, en derecho humanitario internacional, en delitos lesa humanidad y en lucha anticorrupción.
Esa composición intradisciplinaria, civil y militar, en la que concurran especialistas en muchos ámbitos de la justicia civil, administrativa, penal y militar podría ser la más apropiada y necesaria para tratar con delitos que provienen del uso intensivo de las Fuerzas Armadas en tareas que sólo deberían competir a las autoridades civiles, pero que por negligencia, incapacidad o corrupción, éstas no han sido capaces de cumplir.
Jorge Luis Sierra
Especialista en Fuerzas Armadas
Opnión
El Universal