México, 8 de abril (Reforma).- El Gobierno federal arrancará el programa de rescate de espacios públicos para prevenir el delito en nueve demarcaciones prioritarias del País, detallan documentos de la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
Los ayuntamientos elegidos son Acapulco, Guerrero; Cuernavaca, Morelos; Ecatepec, Estado de México; Guadalajara, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; la región de la Laguna; Monterrey, Nuevo León; y Tijuana, Baja California. Falta por definir una demarcación.
Se prevé que el primer trabajo de campo de este programa se lleve a cabo mañana en Acapulco, donde las acciones interinstitucionales se concentrarán en cuatro polígonos de atención: Ciudad Renacimiento, Petaquillas, Progreso y Zapata.
El rescate de espacios, que en algunos puntos como Acapulco se hará de la mano con la iniciativa privada, es uno de los seis programas que implementará la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el marco de la estrategia nacional de prevención.
“El objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, preferentemente de la población en condición de marginación, mediante el rescate de espacios públicos en las ciudades y zonas metropolitanas.
“Se implementarán acciones para rescatar espacios públicos a nivel nacional con deterioro, abandono e inseguridad en ciudades y localidades urbanas. Asimismo, se impartirán talleres y cursos para dar sustentabilidad a los espacios recuperados”, indican los reportes.
Las acciones de rescate llegarán a 57 demarcaciones en total, junto con otro programa denominado “Hábitat”, que busca contribuir a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida en zonas urbanas marginadas, a través de la articulación de las políticas sociales y de desarrollo urbano.
Piden inclusión
Organizaciones de la sociedad civil plantearon a la Secretaría de Gobernación la necesidad de incluir a las comunidades en la construcción y desarrollo del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a fin de que se “apropien” de la estrategia.
En mesas de trabajo que, sobre esta materia se realizaron la semana pasada en el marco de la construcción del PND, Clara Jusidman, presidenta honoraria de Incide Social, propuso integrar la política de seguridad en función del consenso social y las características de los territorios.
“Estas políticas se deben implementar en colaboración con los habitantes locales, para que los resultados sean producto del consenso y se detecten los problemas que están afectando la población”, planteó la especialista, de acuerdo con una relatoría de las mesas.
En tanto, la Doctora Elena Azaola, Coordinadora de la Red de Especialistas de Seguridad Pública, sostuvo que la estrategia para construir la paz debe considerar tres factores: claridad en la misión, coordinación institucional y definición de tiempos.
El diseño de políticas de prevención, comentó en el Palacio de Minería, debe considerar las diferencias locales y definirse con la participación de los actores locales, tomando en cuenta las dinámicas políticas y económicas que ocasionaron los conflictos.
Antonio Baranda
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