México, 2 de abril (Reforma).- La nueva Ley de Amparo amplía la esfera de protección jurídica de los ciudadanos, obliga a los jueces a ser más eficientes y mejora la interacción entre los Poderes de la Unión, afirmó ayer el Presidente Enrique Peña Nieto.
Tras dos años de espera, los representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial firmaron ayer en Palacio Nacional la nueva legislación que entra en vigor este martes.
Para el Primer Mandatario, ahora el juicio de amparo procederá en contra de normas generales, actos u omisiones por parte de los Poderes Públicos o de particulares en funciones equivalentes a las de autoridad, que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y en tratados internacionales.
Se otorga la calidad de “parte agraviada” a quien tenga un interés legítimo, no necesariamente jurídico, si la acción de la autoridad viola sus derechos humanos.
“Se amplía la esfera de protección a los derechos. Se dota de efectos generales a las sentencias de amparo que culminen en la declaratoria de inconstitucionalidad en la norma general, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con ello, se tutelan los derechos de todas las personas, aun cuando no hayan interpuesto el juicio, garantizando así los principios de igualdad”, explicó el mexiquense.
Sin mencionar a los concesionarios de bienes públicos que han abusado del amparo como táctica para evadir las resoluciones de la autoridad, el Presidente advirtió que con esta reforma ya no se podrá usar la figura de la suspensión para alargar los litigios.
“En materia de la suspensión del acto reclamado, se obliga al órgano jurisdiccional a hacer un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés nacional. El propósito es que no se otorguen suspensiones que causen más perjuicios sociales que beneficios para el quejoso”, aclaró.
Frente los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Meza; del Senado, Ernesto Cordero; y el de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo, el Presidente reconoció que tras años de espera, se concretará la reforma secundaria a la modificación constitucional del 6 de junio del 2011, con la que se renueva y revitaliza, dijo, uno de los instrumentos jurídicos más importantes del País.
El Mandatario reconoció que se requiere mayor eficacia de la justicia mexicana, y para ello se implementan diversas medidas a los tribunales para que no “dilaten” las resoluciones y se reduzcan costos.
Por ejemplo, los tribunales deberán señalar con precisión los términos en los que debe cumplirse la sentencia y algunos actos del proceso podrán efectuarse en línea con la firma electrónica.
Para Peña Nieto, la nueva legislación también mejorará la interacción entre los Poderes, pues se otorga la facultad excepcional al Ejecutivo y al Legislativo de solicitar a la Suprema Corte la resolución prioritaria de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos, cuando se justifique la urgencia por interés social o para mantener el orden público.
Mientras que se fortalece a la SCJN al crear los “Plenos de Circuito”, otorgando a los actuales circuitos judiciales una autonomía relativa, a fin de que las contradicciones de tesis que se generan al interior de los mismos sean resueltas por ellos.
Sin embargo, acotó, al Poder Judicial también le corresponderá lograr que el juicio de amparo se convierta en un derecho al alcance de todos los mexicanos y el Ejecutivo deberá apegar su actuación al marco legal y acatar las resoluciones y sentencias.
En apartado de sanciones, dijo, la Corte podrá separar de su cargo y consignar ante el juez de distrito tanto a la autoridad responsable como a su superior jerárquico cuando incumplan una sentencia de amparo, aún si ya no ejercen el cargo.
“La inclusión de estas figuras y conceptos jurídicos marcan el inicio de un juicio de amparo más accesible para todas las personas, expedito y con mayor amplitud en sus efectos de protección”, dijo.
Érika Hernández
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