México, 26 de enero (Reforma).- En una revisión “de rutina”, militares cometieron actos de tortura, cateos ilegales y privación ilegal de la libertad contra 14 integrantes de la comunidad indígena Kumiai, en Ensenada, Baja California, concluyó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
La mayoría de los indígenas agredidos eran menores de edad y mujeres, reportó el organismo defensor de los derechos humanos.
En la primera recomendación que este año emite la CNDH a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) se denuncian los hechos ocurridos la noche del 30 de julio de 2012.
De acuerdo con testimonios vertidos en el expediente 2/2013, alrededor de las 22:00 horas tres camionetas con unos 20 soldados, algunos vestidos de civil y encapuchados, otros con uniformes camuflados color beige, que portaban armas largas se dirigieron a uno de los domicilios de la comunidad “La Huerta”.
Sin portar orden judicial y apuntando con rifles, los elementos ingresaron al inmueble donde había varios indígenas. Ahí argumentaron que se trataba de una “revisión de rutina” para encontrar armamento.
“Desordenaron la casa y amenazaron a las personas que se encontraban en la misma, manifestando que buscaban a V1 (un hombre) a quien, posteriormente cuando encontraron, golpearon y maltrataron.
“Posteriormente prosiguieron con los maltratos hacia las personas que se encontraban en el domicilio, resaltando el caso de los golpes que recibió en la cara una mujer de 20 años de edad”, narra la CNDH.
Luego de robar dinero, abarrotes y diversos objetos del inmueble, los militares llevaron al indígena detenido al exterior y lo arrojaron en una de las camionetas.
Mientras lo trasladaban a un lugar desconocido lo torturaron.
Finalmente, la víctima fue abandonada en el Puente de San Salvador de la Carretera Ojos Negros, donde lo tiraron al suelo y amenazaron para que no hablara de lo sucedido.
En su indagatoria, la Comisión determinó que los soldados adscritos a la Segunda Zona Militar incurrieron en acciones violatorias a derechos humanos que incluyen la inviolabilidad del domicilio, legalidad, seguridad jurídica, libertad, integridad y seguridad personal, a la protección a la salud y al trato digno, por actos consistentes en cateo ilegal, privación ilegal de la libertad, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
De igual forma sostuvo que la gravedad de las afectaciones fue más contundente porque se dañaron derechos humanos de personas indígenas y no era la primera vez que los militares se presentaban en dicha comunidad.
Kumiai se localiza en la carretera Federal de Tijuana a la Rumorosa, constituye el grupo indígena más numeroso que habita en Baja California con 394 mil 738 habitantes. El idioma que hablan es el Kumiai, lengua indígena perteneciente a la familia lingüística yumano-cochimí.
Los habitantes tienen como principales actividades económicas la elaboración de artesanías, la recolección de frutos, el cuidado de ganado caprino y vacuno y las jornadas de trabajo en campos de vid del Valle de Guadalupe.
De las víctimas cinco eran menores de edad entre los 12 y 15 años, siete mujeres y dos hombres.
En las recomendaciones, la CNDH exhortó a Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la institución castrense, a que adopte medidas para reparar el daño ocasionado a los habitantes y denuncie penalmente a los responsables ante la justicia militar y civil.
Pidió que se instruya a jefes regionales, de zonas militares y de cuarteles que cesen los cateos ilegales en domicilios, se abstengan de realizar operativos con vehículos no oficiales y se emita un protocolo de actuación sobre el uso de la fuerza, a fin de salvaguardar los derechos de los niños y se garantice que no se tratará con violencia y abuso sexual a las mujeres.
Henia Prado
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