México, 23 de enero (La Razón).- Los testigos protegidos son una oportunidad y un riesgo. El equilibrio entre esos extremos es el que se requiere para lograr resultados en materia de procuración de justicia.
Quienes optan por aceptar beneficios procesales e inclusive dinero, a cambio de testimonios sobre estructuras y hechos delictivos, suelen hacerlo en un camino sin retorno.
Esta situación los convierte en peligrosos y siempre dispuestos a incriminar a enemigos y, de modo destacado, a quienes fueron sus socios y aliados.
Como su futuro es más que incierto suelen estar dispuestos a contar historias, algunas ciertas, otras inauditas.
Hay buenas investigaciones, sin embargo, que iniciaron o se consolidaron a partir de confesiones de testigos protegidos.
En Italia muchos testimonios de antiguos mafiosos fueron pieza clave en algunas de las indagatorias más célebres y complejas.
Colombia tiene una narración exitosa al respecto, en la que muchas veces colaboró la DEA.
En Estados Unidos el sistema permite una serie de arreglos y negociaciones que tienen el propósito de garantizar la justicia, aunque no siempre se logra así.
En nuestro país la figura del testigo protegido se distorsionó porque los testimonios se convirtieron en “pruebas” y no en pistas e indicios, que es como debió ocurrir.
En el Ministerio Público se optó por el arraigo y la colaboración de testigos, pero se diluyó el trabajo más importante: la investigación.
Esta situación generó injusticias y hasta condujo, por momentos, a la impunidad, porque los dichos no corroborados suelen ser descartados en los juicios.
Quizá uno de los casos más relevantes sea el de los generales Tomás Ángeles Dauahare, Ricardo Escorcia Vargas, Rubén Pérez Ramírez y Roberto Dawe González, quienes están sujetos a proceso por presuntos delitos de delincuencia organizada.
El caso en su contra estuvo sustentado en testimonios de testigos protegidos pero con indicios bastante débiles, al grado de que la Procuraduría General de la República decidió retractarse de las acusaciones y reconoció ante un juez que no tiene pruebas que corroboren las declaraciones en contra de los militares.
Hace unos días el procurador Jesús Murillo Karam había señalado que la labor del Ministerio Público no sólo es la de meter gente en la cárcel, sino también la de sacarla para evitar injusticias.
Tiene una enorme relevancia que se recupere uno de los ejes del trabajo de la PGR y que es la buena fe, que sumada a la mediación entre probables responsables y víctimas da sustento a nuestro sistema de investigación de delitos.
Es inquietante imaginar lo que habría ocurrido con los generales en otro contexto y el daño que ello habría causado no sólo a sus personas, sino a familiares, amigos y a la institución a la que pertenecen.
La decisión de la PGR puede sentar un buen presente, pero debe estar acompañada, también, de buenas indagatorias para conducir a los verdaderos responsables de delitos a prisión.
Ahí está la clave para revertir el alto nivel de impunidad y la percepción de que en México es difícil procurar y administrar justicia.
Julián Andrade
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