México, 20 de diciembre (Milenio Diario).- La frase emblemática, en la presentación de la nueva estrategia de seguridad la pronunció el secretario de Gobernación: “No creemos en el discurso que reparte culpas, justificaciones, ineficiencias o pretextos. Entendemos que el éxito o fracaso es responsabilidad de todos”.
Esta es la crítica más severa que se ha hecho hasta ahora, por parte de los nuevos gobernantes, hacia los que recién se fueron. No dice que el discurso que repartió culpas no estaba en el origen del proceso, sino que fue producto de la desesperación al ver que los esfuerzos del centro no eran acompañados —sino a veces hasta boicoteados— por los gobiernos de estados y municipios. No señala el hecho públicamente reconocido de la penetración del crimen organizado en casi todos los cuerpos policíacos estatales y municipales.
El complemento de esta crítica es la fórmula empleada por el Presidente, en cuanto a que se trata de poner en marcha “una auténtica política de Estado”, de corresponsabilidad entre poderes y órdenes de gobierno, “ajena a intereses de partido”, que materialice el mandato ciudadano de lograr un México en paz. Esto es, las políticas implementadas anteriormente, o no eran de Estado, o diciéndose tales, no lograban alcanzar esa cualidad.
Porque una política de Estado implica la incorporación y participación de todos los poderes de la Unión, y de todos los órdenes de gobierno, en la construcción de la seguridad pública. Y es evidente que el gobierno anterior, sea por limitaciones políticas del titular del Ejecutivo, sea por la falta de coordinación del gabinete de seguridad, por la resistencia de los gobiernos locales —o su falta de incentivos— para coordinarse, o por una combinación de todos estos factores, no pudo concretar una tal política.
Las condiciones en que el actual gobierno llega al poder son esencialmente distintas. López Obrador ha minimizado su capacidad de bloquear, los gobernadores del PRD no están dispuestos a quemar su pólvora en infiernitos, Peña Nieto ganó con más de tres millones de votos, la mayoría de los gobernadores sigue siendo priista, y los panistas no han roto con su proverbial tradición de oposición leal.
Lo principal, sin embargo, es que el nuevo presidente parece no solo tener la fuerza política, sino una idea clara de adónde quiere ir, y con quién quiere ir. De ahí que, antes de la renombrada planeación, lo que hay es una clara concentración de fuerzas políticas alineadas con el proyecto del nuevo gobierno. Sobre esta base, efectivamente se puede plantear una política de Estado que contemple: planeación, prevención, derechos humanos, coordinación, transformación institucional y evaluación. Y las palabras clave son dos: prevención y coordinación, porque nombran las principales carencias del pasado inmediato.
La prevención del delito como una política que lleva a enfocar los esfuerzos institucionales para atender las causas de los fenómenos criminales y no solo sus consecuencias, con especial atención en la restauración del tejido social. Para ello, se propone crear un programa transversal cuyo objetivo será combatir las adicciones, rescatar espacios públicos e impulsar escuelas de tiempo completo.
En cuanto a la coordinación, Peña Nieto fue muy claro de que “en la obligación de brindar seguridad, los gobiernos deben cumplir, no competir”, pues se requiere de todos para reducir la violencia. Todo bajo la idea rectora de que los objetivos prioritarios del gobierno están orientados a reducir la violencia y recuperar la paz y tranquilidad de las familias mexicanas, lo que implica de entrada disminuir los indicadores relacionados con homicidios, secuestros y extorsiones.
Todas las demás ideas y propuestas (Gendarmería nacional, reorganización de la Policía Federal, centros regionales de preparación y actualización de cuerpos policiacos, mando único en los estados, programa nacional de derechos humanos, depuración del Instituto Nacional de Migración) son lógicas y complementarias de la idea fundamental de actualizar una política de Estado en seguridad que, para garantizar su eficacia, estará bajo un solo mando: Gobernación. Ello rompe además con la imagen de que la seguridad sería el tema del sexenio, como lo fue en el de Felipe Calderón.
Faltan, evidentemente, muchos cómos. Sin embargo, el planteamiento general parece correctamente enfocado en su materia. Actores centrales en esta nueva estrategia son los gobernadores, quienes ahora no tendrán coartadas para eludir su responsabilidad, máxime cuando tanto el Presidente, como el secretario de Gobernación, como el procurador de la República, fueron en su momento gobernadores. Esto es, saben de los alcances y capacidades para incidir positivamente, desde los gobiernos de los estados, en el tema de la seguridad pública.
Diódoro Carrasco Altamirano