Desarraigados

México, 20 de diciembre (Reforma).- El presidente Enrique Peña Nieto ha pedido al procurador Jesús Murillo Karam una reevaluación de dos de los instrumentos más injustos de la estrategia de la guerra contra las drogas: el arraigo y los testigos protegidos.

Ésta es una decisión valiente. El arraigo fue creado para violar las garantías individuales. Es una detención sin orden judicial y sin pruebas que se extiende mucho más allá de las 72 horas que la Constitución establece como límite máximo para definir la situación jurídica de un detenido.

Ya la Suprema Corte de Justicia determinó en una ocasión que el arraigo es inconstitucional. Pero el gobierno y el Congreso enmendaron nuestra muy parchada carta magna para volverlo constitucional.

La figura del testigo también se ha modificado. Originalmente un testigo debía ser una persona de “buena fe”. La credibilidad era una de las características fundamentales para rendir testimonio en un proceso. Un buen abogado podía desacreditar a un testigo si demostraba que tenía antecedentes penales o incentivos para mentir.

Lo anterior cambió con los llamados “testigos protegidos”. La idea original, la que surgió en países como Italia y Estados Unidos, era proteger a personas de buena fe que presentaran testimonios en contra de miembros de la delincuencia organizada. Proteger a un testigo implicaba ocultar su identidad y en algunos casos cambiarle el nombre para darle la posibilidad de reiniciar su vida en otro lugar y bajo otras circunstancias.

Pero los testigos “protegidos” del sistema mexicano son diferentes. De hecho, la ley los define como “testigos colaboradores”. No son personas de buena fe o de buena reputación, sino criminales confesos que declaran lo que la autoridad les pide a cambio de algún beneficio o de un pago. La forma correcta de referirse a ellos sería “testigos beneficiados”, como los ha llamado el penalista Juan Velásquez, o incluso “testigos comprados”. Éste fue el caso de Fernando Rodríguez, a quien la PGR le pagó 500 mil dólares para incriminar a Raúl Salinas de Gortari por el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu.

El procurador Murillo Karam ha reconocido que de casi 4 mil arraigos que promovió la PGR en los últimos dos años sólo se procedió penalmente en poco más de 120 casos. En los otros los investigados fueron liberados, pero nadie les compensó los daños a su vida personal o familiar o a su reputación.

Los testigos beneficiados han sido utilizados para procesar a personas sobre las que no parece haber pruebas de ninguna irregularidad. Uno de los casos vigentes es, al parecer, el del general Tomás Ángeles. Las autoridades deben tener instrumentos para lograr la colaboración de criminales, pero los testimonios comprados no pueden ser la única prueba para consignar al presunto responsable de un crimen.

Los procuradores de los gobiernos anteriores afirmaban que sin el arraigo muchos criminales peligrosos no podrían ser detenidos. Un ejemplo que se ha señalado es el de César Armando Librado Legorreta, El Coqueto, violador y homicida serial que se escapó de una oficina del Estado de México en febrero de 2012 porque no podía ser arraigado o detenido formalmente. Habrá que buscar una solución jurídica para estos casos, pero no tiene sentido seguir deteniendo a inocentes.

No será fácil abandonar el arraigo y los testigos comprados, que han generado una dependencia enorme a una policía floja que detiene para investigar. Pero si queremos un sistema de justicia que realmente castigue a los criminales y no a simples chivos expiatorios, esta reevaluación es indispensable.

DERECHO

El SNTE ha aceptado la reforma educativa y las evaluaciones obligatorias que ésta establece. Sólo que logrará que las evaluaciones no puedan llevar a la destitución de los maestros que no las aprueben. Esto violaría, dice el sindicato, un “derecho” de los trabajadores.

Nadie piensa en los niños.

Sergio Sarmiento

Jaque Mate