México, 19 de noviembre (Reforma).- El equipo de transición de Peña Nieto al parecer ha tenido la cautela de acopiarse de distintas informaciones para establecer un primer diagnóstico de lo que recibe en términos del aparato de seguridad, de los saldos de sus actuaciones en un sexenio, de las secuelas sociales y de los rendimientos de su política confrontada con las prioridades de gasto de las que fue objeto.
Sus primeras conclusiones parecen obvias pero no por ello dejan de ser dramáticas: al exponencial incremento del gasto en seguridad (salarios de tropas y mandos, instalaciones, áreas administrativas, armas, pertrechos) no corresponde a un decremento ni de violencia, ni de delitos comunes o graves ni de contención real de grupos del crimen organizado.
Lo grave: el involucramiento acelerado (en los dos últimos años de manera peligrosa y preocupante) de fuerzas de seguridad institucionales en homicidios y violaciones a los derechos humanos. La crueldad exhibida por los cárteles del crimen organizado al inicio del sexenio (decapitados esparcidos por las calles, mutilados, torturados, fosas con decenas de víctimas) fue mimetizada por las fuerzas de seguridad institucionales.
Vaya paradoja: solamente con poner en paz o en orden a las fuerzas de seguridad institucionales -apego a la ley- el gobierno de Peña disminuiría en buena medida los homicidios violentos.
La estrategia de seguridad del gobierno saliente no fortaleció instituciones ni generó entre estas un espíritu de cuerpo, de defensa común. Animó, indebidamente, un espíritu persecutorio entre las dependencias, de extrema desconfianza, y además de confrontación con la clase política.
Altos mandos de Seguridad Pública, del Ejército o de la Marina difícilmente hablaban bien de sus pares. Pero lo sorprendente en el equipo de transición de Peña Nieto no fue encontrar solamente esas rencillas (documentadas profusamente en los cables diplomáticos difundidos por obra y gracia de Wikileaks) sino que al final del sexenio hablaran mal incluso de su propio jefe, el presidente Felipe Calderón.
Cuentan que el propio secretario de Seguridad, Genaro García Luna, durante las conversaciones con los miembros del equipo de transición del priismo insistió en la defensa de su obra tanto administrativa, logística como de tropa. Presumió un equipo policial con equipamiento de primer mundo tanto en aeronaves, vehículos terrestres y equipo tecnológico. Y, adelantándose, solicitó que cualesquiera que fuera la decisión sobre el futuro de la SSP, pedía garantizar a sus 35 mil policías certeza en su trabajo, respeto a sus derechos, y fortalecimiento al Sistema de Desarrollo Policial basado en los controles de confianza.
Cuando García Luna fue inquirido sobre la imposibilidad de concretar la Policía Única, base de su estrategia de saneamiento en la seguridad, el secretario sorprendió con su respuesta. Dijo, palabras más, palabras menos, según varios de los que le escucharon, que la responsabilidad recaía en el presidente Felipe Calderón pues no tuvo el atrevimiento de ir a fondo en el proyecto. Alegó que las presiones de los alcaldes, particularmente los de filiación panista, echaron al traste la iniciativa de modelar una Policía Única. No querían, según el secretario, perder su pequeña fuerza de las policías municipales ni sujetarlas a otras observaciones superiores.
Tras el acopio de información y el ejercicio de un primer diagnóstico, el equipo de transición decidió proponer la desaparición de la SSP para subordinarla a una orientación política centralizada.
Esta semana, el Presidente electo tomará las determinaciones claves sobre los mandos en el Ejército y la Marina. Ya con la tranquilidad de advertirles que esa entelequia llamada Secretaría de Seguridad Pública pasaría a mejor vida; que no les significará la competencia ni la rivalidad prevaleciente en el sexenio que culmina.
Sin embargo, el problema para Peña Nieto no será solamente reestructurar administrativamente el aparato de seguridad.
Si la estrategia de seguridad de Peña no va acompañada de un vínculo con las comunidades agraviadas, lo suyo no pasará de un maquillaje.
Las causas de delitos y violencia, los entornos y los agravios en las comunidades sometidas al poder del crimen organizado prevalecen. No tienen que ver necesariamente con armas, pertrechos, aparatos de inteligencia, escudos o toletes.
Una atención social focalizada y un protagonismo de organismos civiles -autónomos y distantes de las propias fuerzas de seguridad- equilibraría y ayudaría al saneamiento de los propios aparatos de seguridad, pero sobre todo a la reparación urgente de daños, a la prevención y la paz. ¿Querrá Peña ir más allá del maquillaje?
Roberto Zamarripa
Opinión
Reforma