México, 31 de octubre (Milenio Diario).- Uno de los principales enigmas de la sucesión presidencial en el año 2000, sin lugar a dudas, era la institucionalidad con la que el Ejército mexicano iba a acatar las órdenes de un comandante supremo que no perteneciera al PRI.
Hoy, una de las dudas —inútiles— se centra en cómo recibirán los de uniforme a un presidente que por escuela solo conoce las viejas prácticas priistas de relación entre el poder civil y el castrense. Inútil, porque, a pesar de lo que se cree, el cambio en los institutos armados no viene de hace 12 años; la verdadera transformación comenzó a gestarse desde finales de los años 70.
Lo que debe ser un reto para Enrique Peña Nieto es determinar la participación de las fuerzas armadas en el entorno actual de la seguridad pública. Debe ser una prioridad trazar la ruta administrativa, operativa y estratégica con la cual los de uniforme seguirán sirviendo al país, definiendo de forma totalmente clara —a militares y civiles— los límites, alcances, fortalezas y debilidades de la tan “trillada” seguridad nacional.
Las amenazas dentro de la seguridad nacional han cambiado radicalmente desde que comenzó a concebirse dentro de los planes nacionales de desarrollo. Del mantenimiento del equilibrio social, económico y político, garantizado por las fuerzas armadas (1977-1982), a la condición permanente de libertad, paz y justicia social que, dentro de un marco institucional y de derecho, procuran los poderes de la federación mediante acciones políticas, sociales, económicas y militares tendientes a equilibrar las aspiraciones y los intereses de los diversos sectores de la población y del país (1983-1988).
Para el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, los objetivos se alineaban contra crecientes enemigos: organizaciones criminales internacionales, tráfico ilegal de armas y personas y explotación ilegal de nuestros recursos marinos. Estos objetivos apegados al respeto de los derechos humanos, tenían como base la actualización de la planeación estratégica del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina Armada, es decir, la modernización y consolidación de sus capacidades militares, operativas, de inteligencia y desastres; siempre y cuando se actualizara la legislación en la materia a las nuevas circunstancias y desafíos.
En el sexenio de Vicente Fox ya se incluye emprender acciones efectivas contra la delincuencia organizada y el tráfico ilícito de drogas. Para la administración calderonista, dentro de su plan de desarrollo se definió un eje rector que se refiere al estado de derecho y a la seguridad, teniendo como premisa fundamental de la interacción social que las personas necesitan contar con garantías de seguridad para su desarrollo humano sustentable.
El reto pendiente de la Sedena —en este tiempo— era determinar los alcances a los cuales están dispuestos a someterse dentro de los siguientes 6 años. Huelga decir que la institución que mejor ha aprovechado la experiencia de la guerra contra la delincuencia es la castrense. No debemos olvidar que en esta guerra también participaron activamente las policías Federal, estatales y municipales.
Y el Ejército habló…
Durante la instalación de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, el general de División DEM Augusto Moisés García Ochoa dio lectura a una carta que el general secretario Guillermo Galván Galván envió a los diputados. La misiva expresa su amplia disposición a colaborar con el órgano legislativo en asuntos concernientes al sensible entramado de la seguridad y la defensa nacionales, a fin de responder a las demandas del pueblo de México.
En representación del secretario de la Defensa, García Ochoa reafirmó la disposición del Ejército de mantener abiertos los canales de comunicación con el Legislativo. Y fue más allá comprometiendo que la Defensa está abierta al escrutinio, a la rendición de cuentas y a la transparencia, y a honrar también la equidad de género, el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho.
Lo anterior, viene a sumar la necesaria estabilidad que históricamente ha dado la posición del Ejército mexicano ante el inicio de una nueva administración. El mensaje del secretario refleja también el perfil —capacidad y experiencia— del general que deba sucederlo. Quien sea, debe entender que no se debe ingresar a un debate sin fin sobre si los militares deben o no participar activa y directamente en enfrentar a las actuales y futuras amenazas de la seguridad nacional.
Quien llegue a ser el alto mando debe tener una capacidad de relación y negociación política que pueda representar a los soldados ante el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Un general secretario que, con la experiencia en el mando de tropas, pueda dirigir a los jefes y oficiales, así como también a motivar a los relevos generacionales que están por llegar en el corto plazo.
Un hombre de armas que no solamente sepa usarlas; también tendrá que administrarlas de manera correcta y eficiente para que el escrutinio no se convierta en escarnio; para que la transparencia no resulte en el más mínimo debilitamiento de la institución.
Juan Ibarrola
Cadena de Mando
Milenio Diario
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