México, 31 de octubre (La Razón).- Supongo que por razones básicamente sentimentales, hay un síndrome, o casi una bipolaridad, entre los funcionarios públicos salientes mediante el cual oscilan, día tras día conforme se acerca la ceremonia del adiós, de la presunción arrogante (“dejamos un país distinto y mejor”) a la admisión del fracaso (“quisimos otra cosa, pero falta mucho por hacer”).
Esta semana, por ejemplo, dentro de una conferencia internacional sobre prisiones, finalmente el secretario de Seguridad Pública y su equipo, reconocieron el tremendo fracaso de su gestión en materia penitenciaria, que no es, por cierto, sino la confirmación de un diseño equivocado en la política pública dedicada a estos temas. Y si, como se ha dicho, el estado de sus cárceles es revelador del grado de civilidad que alcanza un país, en el nuestro la situación es dramática.
En general, en México hay una grave crisis penitenciaria, y, de hecho, un agotamiento del modelo carcelario vigente que fuera diseñado en los años setenta del siglo pasado, por la Secretaría de Gobernación federal, que entonces tenía bajo sus responsabilidades este sistema. Hoy, de los 419 penales existentes en México, 406 son administrados por los gobiernos estatales, municipales y el DF, con una población total, a julio de 2012, de 238 mil 269 internos, de los cuales el 78.8% son del fuero común y el 21.2 del fuero federal. Del total de cárceles, 227 tienen una sobrepoblación calculada en 48 mil 872 internos.
Quizá con la aparente excepción relativa de algunos penales federales (que son 13 y sólo a ellos reducen los funcionarios de la SSP erróneamente el universo carcelario), el legado que deja esta administración en la materia es terrible en todo el país: sobrepoblación, hacinamiento, corrupción, comercio ilegal de bienes y servicios, tráfico de drogas y armas, promiscuidad, cohabitación de procesados y sentenciados o de internos del fuero común y del federal, y autogobierno, son las notas distintivas en la gran mayoría de esos establecimientos.
Frente a ello, los funcionarios federales se ocuparon todo el sexenio de negar ese panorama o, en el mejor de los casos, de eludirlo bajo el recurso de que las peores prisiones son administradas por los estados. Pues sí, sólo que éstas representan nada menos que el 97% del total y es, por ende, un problema nacional.
Al final del día, la crisis no es de crecimiento ni de desarrollo, como alegremente argumentan García Luna y su gente: es de modelo. Si la tesis de que más inversión es igual a penales más eficientes; si el número actual de internos se mantiene constante; si la SSP calcula la sobrepoblación en 48 mil personas y si cada nuevo penal cuesta alrededor de unos 3 mil millones de pesos con capacidad para albergar 2 mil internos, entonces los gobiernos de todo nivel requerirían de unos 66 mil millones de pesos para construir 22 nuevos penales, más los gastos de operación, mantenimiento, salariales y de pensiones del personal.
Peor, imposible.
Otto Granados
Opinión
La Razón
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