México, 26 de octubre (La Razón).- Una persona de un estado que en los últimos años ha sido azotado por los criminales compartía hace algunas semanas su pesimismo sobre la posibilidad de que en el siguiente sexenio se resuelva de fondo el tema de la inseguridad.
Su argumento era que en los estados es muy fácil que la gente sepa lo que sí está pasando.
Y lo que estaba pasando en la entidad de origen de esta persona es que ya era notorio que había empresarios locales que se habían vuelto socios de Los Zetas. A tal punto era público que quienes de pronto son víctimas de un secuestro o una extorsión acuden a viejos conocidos locales a solicitar ayuda. Esos empresarios locales están en inmejorable posición para mediar con “los malosos”, pues hacen negocios juntos.
Alguien dijo ayer lo mismo que la persona del párrafo anterior, aunque es claro que el lugar desde el cual Humberto Moreira lo dice es completamente distinto a un ciudadano común. En entrevista con el diario Vanguardia, el ex gobernador de Coahuila abre todo un flanco para la discusión pública: sacó a escena a “los narcoempresarios”, a los que acusó de ser cómplices en la muerte de su hijo.
Moreira pidió “que se haga una investigación de aquellos personajes que forman parte de la sociedad, y que algunos son hasta reconocidos, que tienen relaciones financieras con ellos (con los narcotraficantes). O que han hecho sus fortunas a través de vincularse con ellos, por consiguiente son corresponsables de las muertes, de la de mi hijo y de las de (…) los miles de muertos de esta guerra. (…) Tan culpable es el que ejecuta esas cosas, los narcotraficantes, como esas personas que tienen vínculos de tipo financiero y que están en la sociedad, dentro de la sociedad, de gente que se hace pasar como de bien”.
Moreira ha dado el paso de un duelo privado a uno público. Ha reiterado que se asume como un padre-víctima más de los miles que ha dejado la violencia en los años recientes. Sin embargo no es uno más. El trato privilegiado que ha recibido el caso de su hijo asesinado lo obliga a estar a un nivel más allá de otros que de pronto se han visto en la triste circunstancia de convertirse en fustigadores, tanto de los criminales como de autoridades omisas.
Nadie le regatea a Moreira su derecho a reclamar justicia. Pero si la exigencia ha de ser pública, el ex gobernador no puede iniciar esa etapa sin cerrar la anterior, sin dar la información que, asegura, echaría por los suelos la fundada percepción de que ocultó la megadeuda que heredó a sus ex gobernados. Pero ya no debe prometerlo, debe probarlo y punto.
Además es muy importante que a pesar del dolor, y por su notoriedad pública, Moreira evite usar términos como “cerdos” para referirse a individuos acusados de participar en la muerte de su hijo. Eso no contribuye a la justicia.
Pero lo más importante es que Moreira debe ayudarnos a entender cómo y quiénes son los “narcoempresarios”. Porque si ha habido un gobernante de control absoluto en su estado ese fue él. Y si ha habido un gobernante que intimó con los empresarios coahuilenses ese fue él. Sería muy raro que a Moreira se le haya escapado el notar que algunos empresarios estaban en malos pasos. Ahora que exige justicia de manera pública, tiene el deber de ampliar al máximo su denuncia sobre ésos que se han enriquecido sobre la sangre de otros.
Salvador Camarena
Opinión
La Razón

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