México, 14 de octubre (Milenio Diario).- En toda lógica, la mayoría de las drogas no deberían de estar prohibidas. Para empezar, el uso de esas sustancias es perfectamente voluntario y se deriva de un ejercicio de la soberanía individual. ¿Son malas para la salud? Pues, no puedo casi imaginar sustancia tan nociva como el tabaco. Y el alcohol –omnipresente en nuestras vidas: está en todas las reuniones, en las bodas, en los partidos de futbol, en los festejos, en las recepciones de las embajadas, en los aniversarios, en las cenas románticas, etcétera, etcétera— puede ser terroríficamente dañino. Todos sabemos de esos conductores borrachos que provocan tragedias tan innecesarias como costosas o de esos maridos alcoholizados que perpetran maltratos a sus mujeres o de esas colosales pérdidas económicas causadas por los empleados adictos. Resulta, sin embargo, que tanto el alcohol como el tabaco se pueden consumir con absoluta tranquilidad; es más, se promueven abiertamente en tentadoras publicidades. Además, para aquellos que hayan podido preocuparse grandemente –y con razón— de lo dañino del cigarrillo, las autoridades han impuesto restricciones a los anunciantes y a los propios consumidores llegando, inclusive, a extremos tan absurdos como suprimir los espacios para los fumadores, por ejemplo, en la totalidad de un aeropuerto o de un centro comercial. A pesar de sus tintes indudablemente gazmoños, esta persecución no significa una verdadera prohibición como en el caso de la mariguana –una droga tan “blanda” como el tabaco que, encima, se consume masivamente— sino que se puede considerar una restricción meramente disuasoria cuyo propósito es disminuir el número de fumadores, proteger a los individuos que no fuman y mejorar los índices de la sanidad pública. Pero, justamente, si el criterio fuera el mismo en el caso de todas las drogas, entonces la mariguana y la cocaína debieran comercializarse tan abiertamente como el alcohol y el tabaco. Y, en todo caso, si alguien quiere incursionar en el tenebroso universo de las llamadas drogas “duras”, su propósito no debiera implicar un delito–por ejemplo, el hecho de comprarle heroína a un delincuente— sino, por su propia salvaguarda en su condición de adicto, una transacción legal con un Estado que interviene como una especie de supervisor directo. Dicho en otras palabras, las autoridades debieran tener mecanismos para colocar las sustancias en manos de aquellos que las consumen –y que lo hacen de todos modos— para evitar que un problema de salud se trasmute en asunto de seguridad pública.
Los promotores de la legalización de ciertas drogas aducen, además, que la medida debilitaría financieramente a las organizaciones criminales. Esto es tal vez muy probable y muy posible pero, con perdón, ese debilitamiento no se va a traducir en una inmediata disminución de la delincuencia ni mucho menos. Justamente, uno de los fenómenos más preocupantes de los recientes tiempos es la irrupción de los cárteles de la droga en actividades delictivas que no tienen directamente que ver con el tráfico de sustancias ilegales: el secuestro, el robo y la extorsión. Los ciudadanos nos encontramos así con que el tema de las drogas, que nos parecía lejano y que no nos preocupaba mayormente en tanto que tenía que ver meramente con los consumidores y los traficantes, nos afecta ahora directamente. De la misma manera, un posible menoscabo del poder del narco va a significar, por el contrario, un aumento en la actividad delincuencial que sí nos amenaza de forma inmediata y, por así decirlo, personal: podemos así imaginar que el dueño de un pequeño negocio, el cirujano plástico, el notario y cualquier persona que se dedique a una actividad medianamente productiva que pueda interesar a los antiguos narcos, estará ahora en la mira de esa gente como un posible sujeto a extorsionar o a ser secuestrado. Habrá también más robos como esos que ahora comienzan a perpetrar esos comandos que irrumpen, armados con fusiles automáticos de alto poder, en los grandes almacenes, en las joyerías, en las estaciones de servicio y en los bancos. O, ¿acaso imaginamos, como ya lo he preguntado aquí otras veces, que los sicarios, con las manos vacías porque papá gobierno les deshizo el jugoso negocio de vender drogas, se van a ir tranquilamente a sus casas y se dedicarán a vender enciclopedias de puerta en puerta?
El problema que enfrentamos como sociedad, absolutamente aterrador, es qué hacer con miles de delincuentes que ya están ahí y que no conocen otra forma de ganarse la vida que no sea el crimen. Y la vocación de esa gente no resulta de la promesa de ganar dinero fácil (finalmente, no es cierto porque todos terminan muertos o en la cárcel) en una actividad extraordinariamente lucrativa (el precio del gramo de cocaína es cada vez mayor) sino de no experimentar otro temor, a falta de sentimientos de culpa o remordimientos o escrúpulos, que el de ser finalmente detenidos, juzgados y enviados a una prisión de alta seguridad. Es en esto, y no en la mera legalización de las drogas, donde debe de concentrarse la acción del Estado. Ah, pero con un aparato de justicia carcomido por la podredumbre ¿podemos siquiera ver una pequeña luz al final de este negro túnel?
Román Revueltas Retes
Opinión
Milenio Diario
1 comment for “Legalizamos las drogas. Y, luego, ¿qué hacemos con los ‘narcos’?”