Saldos de la guerra híbrida en Michoacán

México, 6 de julio.- El seguimiento realizado por los servicios de inteligencia militar a la cúpula de Cárteles Unidos desde el sexenio pasado, es una bitácora de la evolución del conflicto territorial contra el CJNG en la Tierra Caliente michoacana convertido en guerra híbrida. El secretario de la Defensa Nacional informó que 625 artefactos explosivos improvisados han sido decomisados entre minas antipersona y drones equipados de noviembre a la fecha. La proliferación de estos equipos ha orillado a la Industria Militar a echar a andar un proyecto para fabricar vehículos especiales antiminas y adquirir drones de última generación que pueden detectar este tipo de artefactos. El General Ricardo Trevilla Trejo reconoció que la incursión de grupos criminales antagónicos a los que predominan en la región ha dado pie a este tipo de conflicto. 

A finales del año 2021 en la zona de Tepalcatepec los servicios de inteligencia militar detectaron una conversación que les llamó la atención. Uno de los operadores más cercanos de Juan José Farías Álvarez, alias “el Abuelo” líder de  Carteles Unidos, identificado como José Arturo Barragán Malfabón alias “el Cuate”, pidió a un integrante de la organización –que a su vez aparece en documentos del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI) con clave de informante—que consiguiera los números telefónicos para comunicarse con la Unidad de Investigaciones Sensibles de la Administración para el Control de Drogas (DEA) para “realizar denuncias relacionadas a las ubicaciones de personal integrante del grupo antagónico Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán”. El intento resultó infructuoso, dice uno de los documentos, por lo que el peticionario “hizo la recomendación de conseguir los números de denuncia de la Armada de México, comentando la confiabilidad para explotar ese tipo de información, haciendo referencia que hasta el momento ninguna autoridad les ha hecho caso a pesar de que ya les han proporcionado datos al respecto”. 

El seguimiento a la cúpula de Cárteles Unidos desde el sexenio pasado es una bitácora de la evolución del conflicto territorial contra el CJNG en la Tierra Caliente michoacana, donde el uso de drones, la colocación artefactos explosivos improvisados terrestres, la intervención de exguerrilleros colombianos y el uso de información confidencial con tácticas de propaganda, son rasgos que los especialistas en seguridad han catalogado como parte de una guerra híbrida. 

Las tácticas irregulares y actos terroristas con herramientas no convencionales han quedado registrados en documentos de inteligencia como los que están fechados en diciembre del 2021. Otro de los informantes recibió instrucciones por aquellos días para realizar un pedido de 100 artefactos explosivos a Salvador “Chava” Farías Álvarez, hermano de “el Abuelo”, con un gramaje de 360 “para ser utilizados en drones Mavic Air 2”. El informante comentó a quien le hizo la petición que estarían listos en dos días y posteriormente le tendría listo otro de dos kilogramos para usarse en otro tipo de ataques para lo cual se tienen contemplado adquirir drones M-300 con capacidad de carga de cuatro kilos. 

Por esos días “el Abuelo” Farias fue informado por uno de sus lugartenientes que se habían incorporado 26 colombianos para combatir al CJNG, quienes tienen experiencia “como guerrilleros”. Esa misma persona le informó al líder de Cárteles Unidos, que “la población civil de Tepalcatepec no está apoyando las acciones en contra del CJNG como en anteriores ocasiones, por temor a los artefactos explosivos lanzados desde drones a los que agregan Furadan” (químico altamente tóxico). 

En los documentos aparece Juan José Farías Mendoza, hijo de “el Abuelo”, quien el pasado jueves 2 de julio fue acusado junto a su primo Israel Vega Farias, por el Departamento de Justicia de conspirar para fabricar y distribuir metanfetaminas en la Unión Americana y “por prestar apoyo material a una organización terrorista extranjera y usar, portar y poseer armas durante el presunto delito de tráfico de drogas” ( Carteles Unidos, en la mira de la justicia norteamericana https://www.estadomayor.mx/110136 ). La acusación contra los herederos del jefe de la organización criminal asentada en Tepalcatepec, ocurrió mientras las hostilidades no cesan en la Tierra Caliente. 

De acuerdo con los documentos militares, Cárteles Unidos tiene infiltrados en varias de las presidencias municipales de la región. En el ayuntamiento de Tepalcatepec “Dani”, identificado como trabajador en la presidencia municipal, “informó a Juan José Farías Mendoza (hijo de “el Abuelo”) que hizo llegar al “General”, en hojas membretadas de la Presidencia Municipal, un reporte (al parecer población desplazada por la disputa entre organizaciones delictivas) donde “claman” por ayuda para que las personas regresen a su comunidad, incluyendo además a las personas que solicitaron asilo político (probablemente en los Estados Unidos); Farías Mendoza se comprometió a informarle a su padre”, dice el reporte donde no se especifica si la mención del militar se trataría del comandante de la 43 zona en Apatzingán. 

Los informes identifican a “el Abuelo” como el principal abastecedor a los jefes regionales de su organización de artefactos explosivos improvisados, junto a su hermano “Chava Farías”, quienes operan la distribución de drones y la asignación de células de mercenarios extranjeros con preparación militar y guerrillera como parte de la ofensiva contra los grupos armados del CJNG, que también emplean individuos de otras nacionalidades con conocimientos militares. 

PARTE DE GUERRA HÍBRIDA

La proliferación de minas antipersona o artefactos explosivos improvisados en la región de la Tierra Caliente michoacana es resultado de la confrontación entre Cárteles Unidos y el CJNG, aseguró el pasado viernes 3 de julio el secretario de la Defensa Nacional. El General Ricardo Trevilla Trejo no mencionó que el conflicto –que va para más de cinco años—ha crecido en intensidad, pero aportó datos que lo reflejan. Dijo que en Michoacán operan 10 mil elementos del Ejército y Guardia Nacional, apoyados con tres helicópteros de la Fuerza Aérea, drones y equipo tecnológico empleado para la localización de minas terrestres en coordinación con los mandos militares de unidades desplegadas del lado de Jalisco que dependen de la 15 zona militar mientras que las tropas en la región de Tepalcatepec, Coalcomán y Aguililla dependen de la 43 zona con sede en Apatzingán. 

La guerra híbrida se traduce así: de noviembre del año pasado a la fecha se han detectado 625 artefactos explosivos improvisados entre minas antipersona y drones equipados. El General Trevilla explicó durante la conferencia “mañanera” efectuada en Morelia, que está en marcha una operación de desminado en las comunidades de El Guayabo, el Alcalde y otros poblados de Apatzingán donde están desplegados elementos del Grupo de Respuesta a Emergencias, integrado por oficiales de materiales de guerra, entrenados en la ubicación y desactivación de este tipo de explosivos. Informó que la dirección de Industria militar analiza fabricar vehículos especiales antiminas y se estudia adquirir drones de última generación que puedan detectar este tipo de artefactos.

El general reconoció que el CJNG ha logrado avanzar por zonas dentro del municipio de Apatzingán. “Entonces, los grupos locales, pues también ellos protegen esas áreas y es el motivo por el cual están colocando las minas. Ese es el motivo”, señaló. 

NARCOTERRORISTAS

Juan José Farías Mendoza alias “Juanjo” e Israel Vega Farías conocido como “Papo”, identificados como integrantes de alto rango del grupo autodenominado Cárteles Unidos, fueron acusados el pasado jueves 2 de julio por un jurado federal del Distrito de Columbia, de tráfico de drogas, prestación de apoyo material a una organización terrorista extranjera y delitos contra armas de fuego. 

El hijo y el sobrino de “el Abuelo” Farías, por quien el Departamento de Estado ofreció desde agosto del 2025 10 millones de dólares por información que lleve a su captura, forman parte de la organización que controla una red de distribución que abarca los Estados Unidos, con centros en Dallas, Houston, Atlanta, Kansas City, Missouri, Sacramento, California, Los Ángeles, Denver y Chicago con ramificaciones en Europa y Australia. 

“Juan José Farías Mendozas e Israel Vega Farías están acusados de traficar inmensas cantidades de metanfetaminas a los Estados Unidos y apoyar a una organización terrorista extranjera”, declaró Tysen Duva, fiscal general adjunto de la división criminal del Departamento de Justicia. “Esta acusación demuestra el esfuerzo sistemático y enfocado de la División Criminal para desmantelar los cárteles mexicanos apuntando a sus elementos de mando y control, incluidos los de los círculos más cercanos a los líderes del cártel”. 

Las pesquisas estadounidenses contra la organización michoacana Cárteles Unidos, comenzaron en el Distrito Este de Tennessee, después de un decomiso de metanfetaminas en un poblado a las afueras de Knoxville que llevó a incautar más de 950 kilos de la misma droga y fentanilo a las afueras de Atlanta. 

Cuando en agosto del año pasado el Departamento de Justicia anunció la recompensa contra “el Abuelo” Farías y otros líderes de la organización, fue resultado de una investigación de varias agencias federales con sus homólogos en algunos estados de la Unión Americana. 

Farias Mendoza, uno de los tres hijos de “el Abuelo” identificados en documentos de inteligencia, y su sobrino Vega Farías, fueron investigados por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF por sus siglas en inglés), creado por la orden presidencial de Donald  Trump conocida como “Protección del Pueblo Estadounidense contra la invasión”, dedicada a “eliminar a los cárteles criminales, las bandas extranjeras, las organizaciones criminales trasnacionales y las redes de contrabando y tráfico de personas” que operan en Estados Unidos y en el extranjero. 

La operación contra la cúpula de Cárteles Unidos se inscribe dentro de la ofensiva que el Departamento del Tesoro ha lanzado contra las redes de financiamiento que las organizaciones criminales mexicanas tienen y que han sido usadas presuntamente para el financiamiento de campañas políticas electorales. 

Juan Veledíaz / @velediaz424 / EstadoMayor.mx

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