México, 4 de mayo.- Existen personajes dentro de la milicia que dejan huella no por su conducta y liderazgo para impulsar a sus tropas y mantener la moral y disciplina en alto, sino por prácticas fuera de toda norma con abusos de por medio aprovechando sus posiciones de poder. Es el caso del Coronel Ari Zempoalteca Romano, un oficial denunciado ante la CNDH por presuntas violaciones de los Derechos Humanos cuando se desempeñó como director de la prisión militar número cinco ubicada en Mazatlán, Sinaloa. El oficial fue relevado después de más de dos años al frente de la dirección del lugar, donde acumuló acusaciones que buscaba ocultar detrás de su faceta de predicador cristiano.
–Dios me envió a dirigir esta prisión para castigar algunas conductas malas por parte de algunos de ustedes—solía decir el Coronel Ari Zempoalteca Romano, un oficial de infantería que en los primeros meses del 2024 fue nombrado director de la prisión militar número cinco, que se localiza al interior del campo militar número 9-B, en el complejo castrense donde también se encuentra la sede de la comandancia de la tercera región militar en Mazatlán, Sinaloa.
De acuerdo con testimonios de militares internos de diferentes rangos que hicieron llegar a este Blog una serie de documentos sobre el desempeño del coronel Zempoalteca Romano, desde que asumió la dirección del centro penitenciario su conducta era violatoria de los Derechos Humanos de los soldados, oficiales y sus familias y que gozaba de la permisividad de la dirección general de Justicia Militar, de la que depende el penal. La inspección a su labor la realizaban funcionarios de esta dirección quienes solían realizar “visitas de cortesía” al coronel cada seis meses sin que se atendiera las “múltiples quejas por su actuar irregular y actos abusivos en la administración”, según la denuncia.
“Los principales problemas que coexisten en la prisión militar número 5 se relacionan con drogadicción y enfermedades mentales que algunos internos padecen, a quienes lejos de procurar su atención médica, el Coronel Ari Zempoalteca da trato despótico a través de gritos y actos de humillación a la vista de todos”.
Antes de llegar a Mazatlán para tomar la dirección del penal militar, Zempoalteca adquirió notoriedad mediática en su anterior responsabilidad como comandante del 53 batallón de infantería con sede en Tlaltenango, Zacatecas. La razón se debió al resultado de una emboscada que miembros del crimen organizado realizaron contra una patrulla militar y se cobrara la vida de un soldado dejando dos heridos, en un hecho ocurrido en la comunidad de El Capulín, del municipio de Tepetongo. El suceso fue a finales de octubre del 2022 y de acuerdo con fuentes militares de la 11 zona en Zacatecas que conocieron el caso, fue producto de la falta de adiestramiento de las tropas, una mala conducción de las operaciones y poca información de inteligencia que se sumó al desconocimiento del terreno del Coronel que quedó marcado por este suceso. Nadie lo llamó a cuentas, los partes militares que se presentaron omitieron los errores en el ejercicio del mando, a los pocos meses fue relevado para mandarlo a administrar la prisión militar.
EXPEDIENTES DE LA CNDH
El Coronel Zempoalteca solía ingresar a los dormitorios de los internos en horarios de descanso, fuera de la normatividad con el argumento de verificar que se cumpliera el reglamento. Los internos señalan que el asedio era permanente, el trato déspota era un rasgo que se acentuó al paso de los meses tras su llegada al frente del penal. Prohibió el ingreso de artículos de primera necesidad para que la población penitenciaria los comprara en la tienda del lugar, donde obtuvo beneficios económicos que ocultó a las autoridades superiores.
En el verano del 2024 durante una revisión los celadores que acompañaban al Coronel ingresaron al dormitorio del soldado Santiago Ramírez Pelayo donde destruyeron un ventilador y artículos personales con el argumento de que estaban prohibidos. El militar presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) donde documentó lo que consideró era violatorio de sus garantías individuales, ya que este tipo de pertenencias por las altas temperaturas en el puerto y por necesidades básicas de higiene están permitidas para la población. De acuerdo con el documento de queja presentado a finales de aquel año, solicitó el pago de los artículos mismo que fue negado por la dependencia en su resolución sin que se realizara ninguna investigación sobre la forma en cómo habían ocurrido los hechos denunciados, ni se revisaran las disposiciones que señala el reglamento. Quien firmó el oficio fue la otrora líder social guerrerense vinculada en su momento con grupos armados ilegales Nestora Salgado García, quien hoy día se desempeña como encargada de despacho de la tercera visitaduría de la dependencia.
En represalia por haber presentado la queja, el director del penal solicitó el traslado del soldado Ramírez Pelayo a una cárcel civil, lo cual sucedió en diciembre del 2025 cuando fue llevado al Cefereso 17 de Tomatlán, Michoacán.
Un segundo caso fue el del Capitán Ovidio Rojas López, quien se encontraba inscrito en la licenciatura en psicología en modalidad en línea y comenzó a ser hostigado por la autoridad del penal. El Coronel obstaculizaba la elaboración de sus tareas, prohibió la introducción del material que utilizaba para hacer sus trabajos escolares y le restringió el acceso al área de reinserción, obstaculizando el envío de tareas que se le solicitaban.
El oficial presentó una queja en la CNDH misma que fue desestimada con un procedimiento similar, sin investigar a fondo, sin visitas de inspección ni recabar testimonios, el documento también lo firmó Nestora Salgado. En diciembre del año pasado tuvo el mismo destino que su compañero del penal, fue trasladado al Cefereso 17 de Tomatlán, en represalia por haber presentado su inconformidad ante el organismo federal.
Ambos casos de los cuales los internos documentaron la actuación del Coronel, forman parte de la lista de agravios que Zempoalteca acumuló en su segundo año al frente del penal militar.
COLEGA MILLONARIO
Los internos cuentan en el documento enviado a este Blog que “el trato déspota no era para todos”. Quienes estaban exentos eran “sus hermanos de la religión cristiana” que gozaban de privilegios y oficiales que lo tenían bien “cuidado”. Como ocurrió el día que ingresó detenido al penal el Coronel Rafael Alejandro González Hernández, un ingeniero constructor procesado por acusaciones de desvío de recursos y malversación cuando se desempeñó como subdirector de ingenieros militares en la secretaría de la Defensa Nacional.
González encontró la forma de agradar a su colega de rango, buen trato y tenerlo a “su disposición”, quizá por el manejo de recursos que le dejó su paso al frente de obras militares el sexenio pasado, donde los escándalos por desvío de recursos entre los ingenieros militares no faltaron.
Zempoalteca pasó por alto en “sus principios” que el Coronel González estuviera acusado de contratar de forma ilegal impermeabilizantes por más de 252 millones de pesos en 2019, de los cuales, de acuerdo con la acusación, 179 millones fueron depositados a cuentas particulares de un subalterno. La fiscalía militar acusó al coronel de uso ilícito de atribuciones y facultades, al adquirir presuntamente de forma ilegal servicios con recursos públicos lo que provocó un daño al presupuesto por más de 61 millones de pesos
Este caso fue uno de los varios que se denunciaron durante el sexenio pasado cuando varios de los oficiales del servicio de ingenieros militares participaron en diversas obras de carácter civil y tras ser auditados encontraron irregularidades como desvío de recursos que en algunos casos originaron acusaciones penales.
PREDICADOR
El Coronel González goza en la prisión militar de “una celda VIP”, de acuerdo con la denuncia de los internos, la cual fue facilitada por el director del penal. Esto incluye pantalla de televisión, ventilador, cafetera, hasta un refrigerador. “Esto mientras que al interno normal no se le permite el acceso de un par de tenis extra para practicar deportes”, dicen en su escrito.
Zempoalteca se jactaba de que tras haber cumplido dos años al frente de la prisión hace unos meses, cuando en promedio un militar de su rango no rebasa ese lapso en sus encomiendas, su permanencia se debía a que el alto mando militar consideraba que su desempeño ha sido muy bien valorado. “Si la superioridad me mantiene en el cargo de esta prisión después de dos años, es por algo”, decía.
Hace unos días los internos recibieron la noticia de que el Coronel Zempoalteca sería relevado de la dirección del penal con fecha 1 de mayo. Su nuevo destino donde podrá seguir su veta de predicador es una brigada de la Guardia Nacional. Antes de irse, relatan los internos, “compró muchas artesanías con insignias de la Guardia Nacional para regarla a su nuevo comandante”, un general de brigada al que busca echarse a la bolsa para intentar continuar con su “exceptuación médica permanente”, una categoría de prescripción médica que lo inhabilita para realizar tareas operativas y lo mantiene con trabajo de oficina detrás de un escritorio.
El año pasado el Coronel Zempoalteca estaba en lista para ser relevado de su puesto en el penal castrense, viajó a la Ciudad de México a las instalaciones centrales de la Defensa Nacional a pedir que no lo cambiaran a unidades operativas por una supuesta fractura de pierna que tenía. Fue su argucia tras acomodarse al frente de la dirección del penal y mantener “sus negocios” con las prebendas y las ganancias de las ventas de la tienda al interior del lugar. De poco le sirvió porque fue relevado al iniciar este mes de mayo.
Juan Veledíaz / @velediaz424 / EstadoMayor.mx