México, 10 de octubre (La Razón).- La caída de Heriberto Lazcano en Coahuila es la noticia más importante de los últimos años en materia de combate a la delincuencia organizada.
Los Zetas son el grupo criminal más poderoso y sanguinario que ha conocido el país en muchas décadas, y quizá en su historia. No se trata de un cártel del narcotráfico que disputa rutas para llevar drogas a Estados Unidos, sino que secuestra, mata y mutila para extorsionar, traficar con seres humanos y hasta por diversión.
Sin proponérselo, el gobierno de Felipe Calderón asestó el golpe más duro de su administración a la banda más violenta de las que operan en el país, y que extendió su poder hacia América Central.
El hecho de que Heriberto Lazcano haya sido abatido no acaba con Los Zetas, pero representa una señal de que todavía es posible frenar a los grandes criminales. Y ese grupo ya no será el mismo sin su jefe.
La justicia en el país es zona de desastre, lo sabemos y lo hemos escrito en éste y otros espacios. Es necesario cambiar las políticas de seguridad y darles un objetivo diferente al actual, que consiste en acabar con “los malos” y dar lustre a tales o cuales instituciones que combaten a los criminales.
Una política de seguridad de Estado tiene que llevar por objetivo la devolución de la tranquilidad a la ciudadanía y hacer realidad el derecho a la convivencia pacífica entre nosotros.
La caída de Lazcano va en esa dirección: es positiva y es una buena noticia. No fue torturado ni su familia fue atormentada para revelar su paradero. Cayó en combate. Murió en su ley. Se acabó el jefe de Los Zetas.
El golpe a Los Zetas con la muerte de su líder coincide con la captura de otro jefe de esa organización. Cayó Salvador Martínez Escobedo (La Ardilla). Este último vinculado al asesinato de centenares de migrantes centroamericanos y luego echados a una fosa en el municipio tamaulipeco de San Fernando.
Las detenciones y la caída del Lazca se dieron en un contexto de coordinación entre fuerzas federales, y entre éstas y la policía del estado de Coahuila.
Estamos, quizá, ante un momento de inflexión en el combate a la criminalidad. El trabajo debe ser coordinado entre distintas instancias y autoridades. Ninguna acción de seguridad debe ser partidista.
Los grupos más violentos deben ser perseguidos con mayor ahínco.
Entre las instituciones del Estado no debe haber competencia por colgarse la medalla, sino colaboración que tenga por destinario el ciudadano y su tranquilidad.
Las víctimas tienen derecho a la justicia: que sus victimarios no queden en la impunidad.
Pablo Hiriart
La Razón