México, 9 de octubre (Excelsior).- A raíz de la nueva y escandalosa fuga de reos del penal de Piedras Negras, el pasado 17 de septiembre, han surgido nuevamente los análisis y las interrogantes sobre qué medidas tomar para resolver la crisis que desde hace varios años enfrenta el Sistema Penitenciario nacional y que, a decir de varias organizaciones civiles, se ha convertido en una “bomba” de tiempo que amenaza con explotar en cualquier momento.
Desde principios de año Excélsior dio cuenta de las cifras proporcionadas por la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal en el sentido de que la sobrepoblación en los penales estatales era de 46 mil 217 presos, con una población total de 230 mil 258 personas, de las cuales más de 95% eran hombres.
Los centros de reclusión saturados suman 216 y en el primer lugar se encuentran los del DF con una población de 18 mil 558 reos, seguidos de los del Edomex, que suman siete mil 788 reclusos. Desde hace varios años diversas bancadas en el Congreso federal han pretendido presentar una iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Penitenciario, pero ha sido prácticamente imposible tener un documento que uniforme los criterios de todos los partidos ante los altos niveles de corrupción, impunidad y nula readaptación social que prevalece en los penales estatales.
El panorama es desalentador. Según cifras del Observatorio Penitenciario Nacional, organismo surgido de la sociedad civil y que ha trabajado durante varios años en la elaboración de políticas de prevención, capacitación en derechos humanos y en orientación legal a familiares de internos en cárceles del país, “el panorama es triste… Enquistadas (las cárceles) por el crimen organizado, todo lo controlan las mafias”. Calcula que más de 60% de las prisiones estatales son controladas por los grupos delictivos, principalmente Los Zetas, lo que contribuye a que continúen siendo instituciones formadoras de criminales, no sólo por la falta de políticas públicas verdaderas en materia de reinserción social, sino porque 80% de la población penitenciaria está bajo proceso penal o purga sentencias por delitos patrimoniales (robo y despojo), porque no tuvieron dinero para pagar sus fianzas o porque simplemente fueron víctimas del abuso de la autoridad. De ahí que existan, incluso, programas del sector privado que pagan —bajo ciertas condiciones— las fianzas a reos de escasos recursos con tal de rehabilitarlos antes de que sean copados por las organizaciones criminales. De unos años a la fecha ha surgido en el mundo la propuesta de diversos modelos penitenciarios que buscan sustituir a los ya caducos y obsoletos que se aplican en cárceles de países latinoamericanos, principalmente. El más popular es el que sugiere la participación de la iniciativa privada en la construcción y administración de cárceles modernas, bien vigiladas y con las herramientas suficientes para garantizar la reinserción de los presos a la sociedad.
A lo más que hemos llegado en México es a permitir la participación de la iniciativa privada en la construcción y operación de los servicios de alimentación, lavandería y limpieza, entre otros. La seguridad de esos penales seguirá en manos de las autoridades gubernamentales. De lo que no hay duda es de que algo se tiene que hacer para “enterrar” el viejo sistema e implementar uno nuevo, moderno, eficaz, seguro y, principalmente, blindado a la corrupción que ha corroído sus más profundas raíces. Pero sin una coordinación desde el gobierno federal, difícilmente cada estado podría echar a andar —por su cuenta— nuevos penales como los descritos. Tiene que haber coordinación desde la esfera nacional que le permita a los gobiernos locales unificar criterios y comenzar el desmantelamiento del sistema actual no sin antes sentar las bases del nuevo modelo. De que hace falta, ni duda cabe. La pregunta es: ¿cuándo?
Martín Espinosa
Opinión
Excelsior
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