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Estado Mayor/05 enero 2022
Jorge Alejandro Medellín
El 4 de septiembre de 2021, al menos 14 pilotos de la disuelta Escuela Militar de Aplicación Aerotáctica (EMAAT) de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) que operaba en la BAM Número 11 de Santa Gertrudis, en Chihuahua, salieron de México hacia una de tres bases áreas estadunidenses para recibir entrenamiento avanzado en turbohélices AT6C Wolverine.
El objetivo no era solo el de capacitarse y actualizarse en el pilotaje de un aparato que ya conocían a la perfección, porque forma parte de la familia de los AT6 Texan II que operan en México desde hace casi diez años, tanto en la FAM como en escuadrones aeronavales de la Armada de México.
La idea era otra, muy distinta y trascendental: crear un nuevo escuadrón aéreo de intercepción con capacidades avanzadas para la interdicción en el Caribe y en toda la costa de Pacífico, desde Chiapas hasta Ensenada. Pero había más; en un momento determinado, los pilotos del escuadrón deberían estar entrenados para derribar aeronaves civiles no identificadas que ingresaran al espacio aéreo mexicano con drogas, armas, sustancias y dinero de los cárteles del narcotráfico.
Una nueva fase, una nueva etapa más agresiva y directa en las acciones aéreas militares para disuadir y frenar las oleadas de narcoaviones procedentes del sur del continente, en una dinámica que las fuerzas aéreas de Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela ya tienen en práctica.
Estas oleadas de narcoaviones presentan cada vez con mayor frecuencia el uso de jets Challenger, Cessna, Gulfstream, Hawker y de otros modelos con capacidades mucho más amplias de carga, autonomía de vuelo y velocidad para la huida en caso de ser descubiertas y de que se les trate de obligar a aterrizar.
Los datos oficiales sobre este fenómeno revelan el tamaño de un escenario muy poco revisado y analizado en el que se acumulan, sexenio tras sexenio, los aseguramientos de aeronaves que son reportados cuando las autoridades militares así lo deciden.
Estas cifras son poco confiables, sobre todo porque no son constantes en cuanto a metodología, frecuencia y detalle en la presentación final que, invariablemente, siempre es distinta de la anterior, sobre todo cuando llega una nueva administración. Así, el informe de seguridad del gobierno federal presentado el pasado 20 de diciembre en una conferencia mañanera, mostraba datos de la SEDENA extraídos de la FAM, obtenidos del SIVA, sacados de los cuatro radares operativos con los que se cubre menos del 50 por ciento del territorio nacional.
En el balance de ese día presentado por el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la SEDENA, se afirmaba, gráficas de por medio, que en los tres años de gobierno de López Obrador se habían interceptado y asegurado un total de 159 aeronaves de diverso tipo cargadas con droga.
En cambio, en los últimos tres años de la administración de Enrique Peña Nieto –con el general Salvador Cienfuegos Zepeda al frente de la SEDENA–, hubo solo 65 aseguramientos de aeronaves (31 en 2016, 22 en 2017 y 12 en 2018).
En total, sumando los tres años del cierre peñista y los tres primeros de Obrador, se han asegurado 224 aeronaves ilegales cargadas con drogas, dinero, armas, sustancias o alguna otra cosa movida por los cárteles vía aérea.
A primera vista la cifra de aseguramientos parece elevada, numerosa si se toman cuenta las muy limitadas capacidades de defensa, seguridad y vigilancia estratégica con las que cuenta la FAM para proteger el espacio aéreo nacional.
Pero la realidad es otra y tiene qué ver con la elevada cifra de vuelos ilegales que todos los días cruzan la frontera sur del país desde el Caribe o desde el Pacífico para adentrarse en territorio mexicano con drogas. Son miles, mientras que en el norte del país son cientos las avionetas que diariamente trasiegan enervantes, dinero, armas, gente y cosas de pista en pista, de carretera en carretera, de ranchería en ranchería sin demasiados problemas. La orografía y las incapacidades militares para controlar esta situación hacen lo suyo.
Paradójicamente, las continuas rispideces entre los gobiernos de Donald Trump y de Joe Biden con el de López Obrador en materia de seguridad y defensa han dado frutos extraños e inesperados, sobre todo para México, traducidos en escenarios de inusitada cooperación, como el que se mueve detrás del escuadrón imposible de Wolverines AT6C, imaginado para interceptar y derribar intrusos, conformado por un pie veterano de instructores de la disuelta EMAAT, inexistente en los hechos pero aguardando agazapados en algún lugar del sur de los Estados Unidos la orden para emigrar lejos.
@JorgeMedellin95