El flujo de armas de fuego en México; el caso de Italia y su relación con la Sedena (I)

México, 18 de diciembre.- Los controles finales del gobierno mexicano para regular el uso de las armas de fuego que ingresan legalmente al país para ser usadas por militares o por cuerpos policiacos, siguen siendo insuficientes. Esto ha derivado en su empleo en acciones represivas, violatorias de los derechos humanos, en contra de civiles de diversos núcleos sociales de México.

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Una parte de esas agresiones se han cometido con armas de fuego fabricadas en Italia por la compañía Beretta, que entre 2007 y 2018 le ha vendido a vendido a autoridades mexicanas alrededzor de 10 mil pistolas y mil 100 rifles automáticos por año.

Con esto, Italia se convirtió en la segunda nación que más armas pequeñas y livianas le vende a México, solo por debajo de los Estados Unidos y a la par de compañías ubicadas en unos 14 países que le venden armamento diverso a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que esta a su vez lo comercialice a usuarios particulares o bien lo entregue a cuerpos policiacos que han hecho tofos los trámites y cumplido con lo exigido para hacerse de pistolas, rifles, ametralladoras, escopetas, lanzagranadas, aditamentos lanzagranadas y equipo complementario para su uso.

Datos de la organización civil estadunidense Stop US Arms to México, y del Osservatorio Permanente Armi Leggere e Politichedi Sicurezza (Observatorio Permanente de Armas Ligeras y Políticas de Seguridad) revelan que “en los últimos 12 años, Italia ha sido el segundo exportador de armas no-militares, rifles y municiones a México”.

En promedio, señalan las pesquisas de ambas organizaciones, entre 2007 y 2018, las empresas italianas han vendido y entregado diez mil pistolas y revólveres y mil cien rifles al mercado mexicano cada año. México ha sido el segundo mayor cliente latinoamericano de armas militares producidas en Italia.

El ataque contra 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y su desaparición entre el 26 y 287 de septiembre de 2014 se ha convertido ya en un caso emblemático de violación a los derechos humanos aparentemente cometida por agentes del Estado mexicano.

En las acusaciones que dejan entrever diversos niveles de probable responsabilidad en la desaparición de los estudiantes se ha señalado a policías municipales de Iguala, Guerrero, a mandos estatales y a tropas del Ejército Mexicano que estuvieron en el lugar en el que los estudiantes fueron atacados y luego subidos a varias camionetas policiales, desapareciendo en la madrugada.

Las organizaciones responsables de la investigación sobre la venta de armas italianas a México recuerdan en su breve informe que “las policías que atacaron y desaparecieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014, en el estado sureño de Guerrero, estaban armadas con rifles de asalto de Beretta.

En el texto citan a Antonio Tizapa, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, quien le señala a los investigadores que “No es posible que los fabricantes de armas sigan sin reconocer el daño que han hecho a nuestros hijos y a nuestra población”. Esperemos que las compañías fabricantes no sigan vendiendo armas a México, porque con ellas mismas nos están desapareciendo, agrega Tizapa en su respuesta a los activistas.

En una parte de su investigación, los integrantes del Observatorio y de la organización Stop US Arms, dan cifras y estimaciones sobre la venta de armas italianas a nuestro país, destacando que el grupo Beretta ha dominado la venta de armas militares a México (con un valor de 50 millones de Euros desde 2007).

En este sentido, aseguran que “todas las marcas y fábricas de Beretta han contribuido al flujo de armas, incluyendo a Beretta, Benelli, Stoeger, y Sako, que son fabricadas en Italia, Finlandia, Turquía, y los Estados Unidos”. En cifras monetarias, las ventas de armas pequeñas y livianas a México han tenido un costo aproximado de mil 067 millones, 360 mil pesos (unos 55 millones, 090 mil dólares americanos en 12 años.

Los investigadores estadunidenses e italianos detallan que en México, las armas italianas entran al mercado por el ejército mexicano, lo cual comercializa las armas a personal militar, policías estatales y municipales, e individuos. Al mismo tiempo, recuerdan, “más de 20.000 armas han sido robadas o extraviadas de policías desde 2006”, y muchas de ellas han ido a parar a manos de del crimen organizado.

Esto ha representado durante años un severo problema que las autoridades de todos los niveles de gobierno han sido incapaces de solucionar y que continúa creciendo: el robo y/o pérdida de armamento y pertrechos a cuerpos policiacos e incluso a militares.

Esto remite al problema de la falta de controles del Estado para garantizar e destino final de las armas de fuego importadas, ya sea ara uso policial, cinegético, militar o de particulares.

Carlo Tombola del Observatorio de Armas ha dicho al respeto que “la exportación de armas italianas y la falta de controles de usos finales están regando gasolina al fuego de la violencia en México”. Por ello, considera que “Italia debe suspender su exportación de armas” a nuestro país.

Al respecto, un documento de la Sedena elaborado durante el gobierno del presidente Felipe Calderón en el que se explica cómo funciona el Sistema de Control de Exportaciones de Armas Convencionales de la dependencia, señala de manera muy esquemática, sin explicar a fondo el tema y sin abordar lo relacionado con las importaciones, que existe en la secretaría todo un marco jurídico eficaz y confiable para revisar ña forma en que se comercializan las armas de fuego.

El texto señala cuáles son los calibres de las armas permitidas según su fin y menciona los 13 países que le venden armas pequeñas y livianas a México: Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, España, Estados Unidos, Israel, Italia, República Checa, Serbia, Japón, Corea y Sudáfrica, pero sin explicar qué tipo de armas vende cada país ni los nombres de las compañías vendedoras.

Sobre el sistema de comercialización de armas y cartuchos en México, la Sedena explica que en México opera un sistema centralizado que maneja la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos (DGRFAF y CE), el cual tiene un Punto de venta Único en el país, ubicado en instalaciones de la Sedena, la cual tiene un “Registro Federal de Arma (sic) consistente y confiable (sic)”.

Paradójicamente, la Sedena asegura que sus medidas de control de exportaciones de armas de fuego y cartuchos son rigurosas y que existen mecanismos para darle seguimiento a las ventas al extranjero, ya que “en la nueva dinámica de análisis de riesgos se toma en cuenta: situación económica, política y social del país receptor, se investiga al usuario final, consultando fuentes gubernamentales y fuentes abiertas especializadas y públicas.

En caso de ser necesario, indica la secretaría, “se emplea como fuente de información la red de Agregadurías Militares en todo el mundo para verificar la existencia del usuario final declarado”. Asimismo, “se analiza el uso final, estudiando la congruencia de la naturaleza, características y cantidades del artículo o mercancía por exportar con respecto a las actividades del usuario final”.

En sus conclusiones, la Sedena indica que cuenta con la figura de Interventor Militar, el cual “es un servidor público que da fe y supervisa que los bienes que se importan o exportan sean exactamente aquellos declarados en la documentación correspondiente, coadyuvando de ese modo con las autoridades aduanales”.

Todo indica que esta clase de controles fueron precisamente los que fallaron en el caso de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, en donde se pudo documentar que la Sedena entregó fusiles HK G-36V (de la firma alemana Heckler & Koch) a cuerpos policiacos de los estados de Guerrero, Chiapas, Chihuahua y Jalisco, pese a que el gobierno alemán había emitido avisos para que no se entregaran armas de fuego a las autoridades de los estados en los que estaban plenamente documentados los casos de violaciones a los derechos humanos.

La venta de un lote de fusiles G-36V a México se habría hecho con documentación aparentemente falsificada por funcionarios de la empresa H&K sin que la Sedena hubiera revisado a fondo dicho papeleo. Medios de información alemanes siguieron el caso que llegó a las cortes de ese país. El fiscal de Stugartt que llevó el caso – Karlheinz Erkert- señaló en su momento que los funcionarios acusados de la venta ilegal de armas de fuego a México lograron colocar 4 mil 500 fusiles automáticos con un costo de 4.1 millones de euros en regiones y estados denunciados por constantes violaciones a los derechos humanos.

Esto ocurrió entre 2006 y 2009, al final del gobierno de Vicente Fox y en el inicio del mandato de Felipe Calderón y su guerra al narco.

La investigación periodística sobre lo ocurrido en Iguala, Guerrero, y la venta de armas de manera ilegal a México permitió conocer una parte del expediente del caso, en la que se señaló que al menos 228 fusiles habían sido asegurados en el marco de la indagatoria.

De esos 228 fusiles, 36 eran H&K G-36V. Además, la averiguación previa iniciada por la fiscalía del estado de Guerrero mencionaba otro dato relevante: entre las piezas decomisadas había fusiles de asalto italianos Beretta tipo SCP 70/90.

Jorge Medellín / @JorgeMedellin95 / EstadoMayor.Mx

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