Palabras Luis Raúl González Pérez, presidente CNDH en las Audiencias Guardia Nacional

PALABRAS DEL MTRO. LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN LA AUDIENCIA PÚBLICA RELATIVA A LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE GUARDIA NACIONAL CONVOCADA POR LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DENTRO DE LA LXIV LEGISLATURA

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Ciudad de México, 10 de enero de 2019

No podemos depositar la garantía directa de los derechos, dentro de nuestro sistema constitucional, en órganos o estructuras militares. La Secretaría de la Defensa Nacional no puede volverse la instancia que, directa o indirectamente, investigue, sancione y prevenga los delitos que cometan civiles, ni puede ser el eje en torno al cual se desarrolle la convivencia social en nuestro país. Parte muy relevante del surgimiento y consolidación democrática de México, que ha permitido, entre otras cosas, la alternancia en el poder, ha sido la separación y respeto existente entre las instancias civiles y militares. La primacía de las primeras sobre las últimas, es una condición ineludible y necesaria para preservar un Estado liberal y garantizar que nuestro sistema democrático no se vea condicionado o amenazado por intereses políticos o de cualquier otra índole de las estructuras militares, o sea viciado por la amenaza del recurso de la fuerza.

La CNDH acude a estas audiencias públicas con diversas preocupaciones adicionales al debilitamiento de la institucionalidad civil. Llama la atención que de manera paralela a la realización de estas audiencias que, en el contexto de austeridad imperante han sido objeto de una amplia difusión, se haya iniciado, sino formalmente, cuando menos mediáticamente, el proceso de reclutamiento para la Guardia Nacional, además de que en el Presupuesto de Egresos se hayan contemplado recursos para la implementación operativa de la misma, lo que haría presumir que, con independencia de lo que aquí se discuta, estamos frente a una determinación ya tomada.

Se debilitaría la credibilidad y la percepción pública sobre la autonomía, responsabilidad e independencia de esta Legislatura, si estas audiencias públicas terminaran repitiendo el esquema de simulación que operó en ocasión de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en la Legislatura pasada, en la que la convocatoria a especialistas, académicos, organizaciones civiles y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos terminó siendo un mero formalismo que pretendió legitimar decisiones políticas previamente definidas.

En el programa de las audiencias también sentimos la ausencia de las víctimas, no sólo de aquellas que han sido víctimas de algún delito, sino de quienes han sufrido los abusos del poder, que han visto sus derechos humanos vulnerados, no en pocos casos por miembros de las fuerzas armadas que se han apartado del debido ejercicio de su deber.

No podemos repetir errores del pasado. Más allá de las declaraciones o posicionamientos oficiales, en los últimos días la realidad violenta de diversas entidades como Oaxaca, Guerrero, Chihuahua o Guanajuato, así como la incertidumbre generada por hechos como el desabasto de gasolina cuyo origen estaría vinculado al combate a la criminalidad, nos ha reiterado la necesidad de actuar en este campo, no sólo con urgencia, sino con pertinencia, oportunidad, responsabilidad y trasparencia, asumiendo estas tareas como una prioridad nacional, dando intervención a todos los actores involucrados.

No hay números o calificaciones aceptables para ejecuciones, homicidios, actos de tortura o desapariciones. No hay delitos que sean más o menos aceptables o justificables. Los datos duros reflejan nuestra verdad, nuestra realidad, la cual no podemos ignorar o pretender que se modifique mediante declaraciones que la descalifiquen, desconozcan o generando opacidad en los mecanismos que la registren. Hemos rechazado enfáticamente la imposición de “verdades históricas”, no entremos a una época de “verdades oficiales”. Requerimos reconocer la evidencia e información objetiva para poder actuar con efectividad basándonos en ella. Esto requiere un trabajo conjunto, en el que no tienen cabida la simulación, ni posiciones polarizadas o dogmáticas. Nuestro filtro y parámetro es la realidad.

Si bien somos muchos los que estamos convencidos de que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad pública no es deseable, tampoco podemos desconocer que, por el momento, no es viable su retiro. Sin embargo, tal cuestión no puede justificar que pretenda verse en tal presencia la solución básica a la problemática que enfrentamos y que en razón de ello se busque perpetuarla.

El replanteamiento que se propone sobre las características y funciones de la Guardia Nacional representa una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad que enfrentamos, con una visión coyuntural y de corto plazo. Genera el riesgo de que se vulneren derechos humanos, no garantiza en modo alguno ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad, debilita nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir sentencias, principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos que nuestro país estaría obligado a cumplir.

De aprobarse la reforma que se plantea, se estarían desconociendo e incumpliendo con tales obligaciones, iniciándose con ello un proceso de alejamiento o ruptura de México con los sistemas internacionales de protección y defensa de los derechos humanos, consecuencia que debe ponderar y dimensionar esta Soberanía. En todo caso, como paso previo a la reforma que se plantea, el Estado Mexicano podría solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la compatibilidad de una institución como la Guardia Nacional, con el régimen iberoamericano de derechos humanos.

Por otra parte, advertimos con preocupación el hecho de que las distintas reformas normativas que se proponen en materia de seguridad y justicia se estén tratando de manera aislada y parcial como si fueran cuestiones desvinculadas o independientes, dejando de lado la necesaria visión integral, multidisciplinaria y multidimensional que requeriría la revisión de las políticas estatales correspondientes. El tema de la Guardia Nacional, la ampliación del catálogo de los delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, los aumentos o disminuciones presupuestales a dependencias tales como la SEDENA o la Fiscalía General de la República, no son materias o cuestiones independientes.

Son partes de un todo que tendría que ser revisado de manera objetiva, integral y responsable, junto con temas tales como la debida formación y capacitación de policías; la inteligencia financiera y la investigación patrimonial; el abatimiento de la corrupción; el combate al tráfico de armas; la revisión de nuestro sistema penitenciario; la modernización de nuestros sistemas de inteligencia; el replanteamiento de nuestras políticas de producción y consumo de drogas; así como el énfasis en el carácter preventivo de las políticas públicas en la materia.

Insistimos en la necesidad de contar con 33 fiscalías autónomas, con recursos, capacidades y posibilidades de operación reales y efectivas. No se trata sólo del perfil de sus titulares, se requieren marcos normativos y operativos adecuados. Por mejor capacitado que esté un cuerpo policiaco, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad si los delitos no se investigan y las causas judiciales no se sustentan debidamente. En esta tarea los mecanismos externos de supervisión ciudadana están llamados a jugar un papel determinante.

La iniciativa de reforma Constitucional no incorpora elementos objetivos ni aporta evidencia que sustente el sentido de la misma. No hay una metodología que pudiera avalar la información que fundamenta la iniciativa, ni registro de aquella que se consideró relevante para tal efecto. En particular, es clara la omisión sobre evidencia objetiva que sería relevante, tal y como lo son el número de recomendaciones por violaciones a derechos humanos que se han emitido en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, varias de ellas por violaciones graves, conductas que por regla general no son debidamente investigadas por las autoridades competentes y las sanciones que se llega a imponer, frecuentemente no corresponden a la gravedad de los abusos cometidos.

La propuesta no establece ningún mecanismo de garantía para que los elementos de las fuerzas armadas que se han visto involucrados en violaciones a derechos humanos no puedan formar parte de la Guardia Nacional, ni tampoco para que las prácticas que generaron o propiciaron tales vulneraciones se preserven, transmitan y repliquen en dicho cuerpo.

Entre varios puntos que la iniciativa de reforma no responde, destaca el que no queda claro cómo y cuándo vamos a desarrollar a las policías civiles sin tinte militar, así como cuál será el destino y papel de las policías que actualmente se encuentran operando. La Guardia Nacional como se plantea no garantiza justicia, en todo caso una disuasión o contención que tienen efectos limitados y de corto plazo. Se marca una ruta para militarizar áreas hasta ahora reservadas a las instituciones civiles, pero se omite establecer claramente una ruta en sentido contrario. La naturaleza y características híbridas del cuerpo que se pretende crear, más que dar certezas generará confusión y abrirá espacios de vulnerabilidad para su integración y operación.

Si la intención es generar un marco jurídico que sustente y encuadre de mejor forma la actuación temporal y extraordinaria de las fuerzas armadas en tareas vinculadas a la seguridad de las personas, dando certidumbre tanto a los elementos militares como a la sociedad, en un marco de respeto a los derechos humanos y rendición de cuentas, deberíamos de emprender directamente el desarrollo de esa tarea. Si la iniciativa parte de la necesidad de atender una situación excepcional de violencia e inseguridad que pone en peligro a la sociedad, porqué optar por una reforma constitucional como la que se plantea y seguir dejando de lado la reglamentación pendiente del artículo 29 constitucional, que acotaría dichas condiciones de excepción y necesariamente se tendría que llevar a cabo conforme a estándares internacionales.

Proponemos el establecimiento inmediato de un grupo o panel de análisis especializado y plural que revise la evidencia objetiva y concreta, cuyas consideraciones aporten elementos para construir un esquema de seguridad pública, en el que aceptando y reconociendo la necesidad temporal de la participación de las Fuerzas Armadas en el ámbito de la seguridad pública, prevea una ruta para corregir las deficiencias, así como para el desarrollo y fortalecimiento de las policías e instituciones civiles, tanto federales como locales y municipales, a efecto de que sean ellas quienes asuman la seguridad pública, contemplando un plan para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a las tareas que les son propias. Eventualmente, esta estrategia podría implicar la creación y consolidación de una fuerza de seguridad intermedia de carácter civil, con disciplina y adiestramiento especializado, que sea un elemento que coadyuve en el proceso de transición entre la intervención militar directa y el que las policías civiles recuperen las funciones que les corresponden.

Es claro que, en el tiempo fijado para cada intervención, no es posible exponer un análisis técnico pormenorizado de la propuesta de reforma constitucional que nos convoca, en razón de lo cual, hago entrega a esta Mesa de un documento jurídicamente sustentado donde se exponen de manera pormenorizada tales cuestiones.

Muchas gracias.

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