Tlatlaya y Palmarito, en el turbulento sexenio del general Cienfuegos



México, 20 de noviembre.- El sexenio militar, el de la preminencia de las fuerzas armadas en la agenda de seguridad pública, termina como acabó el de Felipe Calderón; sumido en una oleada de violencia creciente, con niveles históricos de impunidad, con militares y marinos en el ojo del huracán por la carencia de un marco legal que regule su participación y permanencia en el combate al crimen y señalados por sus excesos en la lucha para tratar de detener la escalada delictiva.

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A estos escenarios se suma la incertidumbre creada por el gobierno entrante de Andrés Manuel López Obrador, quien anunció la creación de la Guardia Nacional, el reclutamiento de 50 mil jóvenes para engrosar las filas militares, la permanencia de las tropas en las calles mientras se resuelve el problema de la ineficacia policial, la utilización de la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal para apoyar la labor de la Guardia Nacional, todo esto cimentado en reformas a la Constitución Política del país que impulsarán legisladores de Morena.

Un pesado récord de 42 Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al Ejército y a la Marina durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, define la ruta de excesos y situaciones graves protagonizadas por el personal militar en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada.

De las 42 Recomendaciones, 25 fueron dirigidas a la Marina-Armada de México y 17 al Ejército y Fuerza Aérea. La más reciente, la 51/2018, fue emitida el 31 de octubre de este año y hecha pública apenas el 19 de noviembre. En ella, dirigida al General Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, la CNDH señala que tropas del ejército que operan en Matamoros, Tamaulipas, asesinaron a un joven de 20 años que viajaba con su familia en la carretera durante una persecución a dos vehículos con gente armada.

El vehículo en el que viajaba el joven se orilló en la carretera. Él estaba vivo aún. Los militares siguieron disparando. Dos tiros lo alcanzaron en el cuello y en la cabeza. Los soldados dijeron que hubo un fuego cruzado, que los tiros no eran de ellos, que eran de los hombres armados en los otros coches. La CNDH demostró que no fue así.

Dos situaciones ligadas por un hecho común perfilaron un nuevo (y último) choque entre el general Salvador Cienfuegos Zepeda y una parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) representada en el Senado de la República: le negativa para otorgar el ascenso a general de División del mando José Luis Sánchez León, vinculado a la ejecución de al menos 11 civiles en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, y la liberación del sargento José Isidro Gómez Hernández, acusado de ejecutar a un civil desarmado y sometido durante un operativo anticrimen en Palmarito Tochapan, Puebla.

El hilo conductor de ambos hechos es el abuso de autoridad, traducido para efectos prácticos en violación a los derechos humanos en el curso de una operación militar en apoyo a labores de seguridad pública.

En el primer caso, el general Sánchez León estuvo a punto de no ascender con los otros 186 militares de diversos rangos que integraban la lista de promociones enviada por el secretario Cienfuegos al Senado para su aprobación y ratificación.

Alguien en la bancada de Morena le puso el ojo a los seis generales de Brigada que encabezaban los ascensos y recordó que el actual comandante de la VI Región Militar en La Boticaria, Veracruz, era el jefe de la 22 Zona Militar en Santa María Rayón, en el Estado de México, en 2014, el año en que un pelotón del 102 Batallón de Infantería (102 BI) fue acusado de ejecutar a al menos 15 civiles armados luego de un enfrentamiento en una bodega.

En junio de 2014 un pelotón de soldados del 102 BI que realizaba un patrullaje carretero, se encontró con un grupo de civiles que resguardaba una bodega cerca del poblado de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya. Hubo un enfrentamiento que dejó 22 muertos, todos civiles. La Sedena emitió un comunicado dando a conocer el hecho.

Sin embargo, investigaciones periodísticas de la Agencia Asociated Press (AP) y de la revista norteamericana Esquire basadas en evidencias fotográficas del lugar del enfrentamiento, revelaron que varios de los civiles fueron ejecutados cuando ya se habían rendido, habían sido sometidos, no tenían armas e incluso algunos estaban heridos.

Lo publicado obligó al gobierno federal a abrir una investigación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) profundizó para concluir que 15 de los civiles armados fueron ejecutados por los militares, que los cuerpos de varias de las víctimas fueron movidos de lugar y la escena del enfrentamiento había sido alterada por los soldados, quienes tardaron varias horas en dar parte a las autoridades civiles para que acudieran al sitio.

Por esos hechos fueron detenidos y sujetos a investigación Ezequiel Rodríguez Martínez, Samuel Torres López, Julio César Guerrero Cruz, Alan Fuentes Guadarrama, Roberto Acevedo López, Fernando Quintero Millán y Leobardo Hernández Leónides.

El abogado Juan Velázquez –defensor contratado por la Sedena– llegó a decir que el caso era un invento para atacar a la institución militar. Las declaraciones de dos mujeres que estaban con los civiles ejecutados presuntamente ejerciendo la prostitución, fueron cuestionadas precisamente por dedicarse a esa actividad.

Los soldados detenidos fueron liberados gradualmente mediante amparos. En octubre de 2015, Ezequiel Rodríguez Martínez, Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz y Samuel Torres López fueron liberados por no haber pruebas contundentes en su contra.

En mayo de 2016 fueron liberados otros tres militares: Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides fueron liberados. El último purgó una pena de un año por desobediencia y fue liberado por haber cumplido la sentencia.

La liberación de los militares implicados en la masacre de Tlatlaya hizo que grupos defensores de derechos humanos se inconformaran en diversas instancias para que se revisaran los criterios del juez del caso.
Finalmente, en agosto de este año se conoció la decisión del juez décimo cuarto de distrito de amparo penal, Erick Zabalgoitia, quien falló a favor del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro” para que la Procuraduría General de la República (PGR) reabriera el caso Tlatlaya debido a las inconsistencias en la investigación y a la omisión de diversas pruebas que sustentaban la responsabilidad de los militares que estaban bajo proceso.

La masacre ocurrió en junio de 2014. Tres meses después, el alto mando de la Sedena ordenó la remoción del general de Brigada José Luis Sánchez León, comandante de la 22 Zona Militar ubicada en Santa María Rayón y responsable de las tropas del 102 BI del cual salió el pelotón que mató a los civiles.

Sánchez León fue retirado que tenía y su lugar fue tomado por el general Ricardo Bárcena Rosiles, hombre de confianza del secretario Cienfuegos. El general Sánchez León fue enviado a Jalisco como Jefe de Estado Mayor de la V Región Militar en La Mojonera, Jalisco, en donde protagonizó el episodio más trágico y vergonzoso de la milicia en la guerra contra el narcotráfico: el derribamiento del helicóptero Cougar 1009 de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM).

El aparato transportaba a 12 elementos que formaban parte de la Operación Jalisco con la que el 1° de mayo se fracasó en el intento de capturar a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El aparato era parte de una escuadrilla de cuatro helicópteros y fue derribado con lanzacohetes y fuego de ametralladoras. El responsable del diseño de la operación y encargado de brindar fuego de apoyo desde tierra era el general José Luis Sánchez León.

Este 20 de noviembre, tras cumplir diversas misiones y encomiendas en la Sedena, el general Sánchez León ascenderá oficialmente al grado de general de División. Con él ascenderán también cinco generales de Brigada al grado de Divisionarios.

Su aparición encabezando la lista de 187 ascensos y promociones -en una lista elaborada y aprobada por el alto mando militar para ser enviada al Senado para su aprobación- fue tomada como una suerte de afrenta por la mayoría morenista que de inmediato reaccionó vetando el ascenso por unas horas, mientras los senadores pedían más datos y referencias del general en la Sedena.

Dos días después del congelamiento del ascenso, los legisladores se echaron para atrás y ratificaron el grado de divisionario al general Sánchez León. La PGR no ha reabierto el caso Tlatlaya.

En el poblado de Palmarito Tochapan, en el estado de Puebla, tropas de los batallones 16, 17 y 18 así como Policías Militares de la 25 Zona Militar, ingresaron al lugar en horas de la noche del 3 de mayo de 2017 en busca de civiles armados que habían atacado a militares y policías con armas de fuego.

Palmarito es uno de los puntos de concentración de las bandas dedicadas al robo de combustible de los ductos de Pemex desde hace más de cinco años. Los huachicoleros de ese trabajan con otras bandas regionales y han logrado corromper a policías municipales por las buenas o por las malas.

La incursión significó la movilización de alrededor de 200 elementos del ejército quienes utilizaron blindados pesados Tiger II, de fabricación israelí, para entrar en las zonas en donde los huachicoleros se habían dispersado. En ese lugar había no menos de 10 cámaras de video instaladas en fachadas, postes de luz, de teléfonos y en bardas de lotes baldíos.

Al menos cinco de esas cámaras captaron desde diversos ángulos y con distintos niveles de calidad, la incursión de los militares, el tiroteo en calles oscuras, a medio iluminar o sin la menor iluminación.

También captaron las persecuciones, los bloqueos, el asesinato de un soldado por la espalda, cuando un grave error cometido por policías militares que no revisaron a un civil detenido, permitió que el sujeto se retirara una metros sacara una pistola y le disparara al militar que murió al instante.

Una de las cámaras que no fue desmontada por los soldados, grabó la ejecución de un civil que ya había sido detenido junto con otra persona. Ambos, desarmados y aparentemente heridos, eran obligados a ponerse boca abajo mientras dos soldados caminaban de lado a lado junto al vehículo.

Uno de ellos -aparentemente el sargento segundo José Isidro Gómez Hernández- se acercó al civil que tenía más cerca, le dijo algo y le disparó en la nuca. El otro soldado no se inmutó ante la ejecución. Las imágenes del asesinato comenzaron a inundar las redes sociales en la medida en que las versiones oficiales se centraban en las agresiones de los civiles hacia la tropa.

Como respuesta, los huachicoleros subieron a las redes los videos editados, con secuencias cortas y largas, mostrando aspectos de la incursión, del enfrentamiento y de la muerte del soldado a quemarropa y del civil, tendido sobre el piso, las manos en la nuca.

El empresario Alejandro Martí le encargó a su abogado, Alejandro Robledo Carretero, llevar el caso sin cobrarle un centavo al sargento José Isidro Gómez. El abogado, no especializado en derecho militar, armó la defensa en una primera etapa a partir de un argumento subjetivo: el estado emocional del militar en una noche complicada en la que los soldados fueron atacados primero y él y sus compañeros estaban estresados por haber visto la muerte de dos militares.

Pero el argumento se fue diluyendo hasta ser innecesario porque a línea principal a rebatir fue la de la autenticidad, el origen y fidelidad de los videos aportados como pruebas por la PGR.

Al final, tras un año de reclusión en la prisión militar del Campo 1-A, el sargento fue liberado porque el juez de la causa no encontró elementos de peso para continuar el proceso en su contra.

¿La clave?, los videos aportados como prueba principal y que fueron desechados por desconocerse su origen, por estar editados y por resultar imposible el establecer con absoluta certeza la identidad del militar al que se ve ejecutar al civil rendido, herido, boca abajo y con las manos en la nuca.

¿Quién fue entonces el soldado de la Policía Militar que mató al presunto delincuente que estaba sometido e indefenso sobre una de las calles de Palmarito Tochapan?

Es un misterio.

El sargento José Isidro Gómez Hernández fue liberado el 11 de noviembre, luego de la juez de Control de Procesos del Centro de Justicia Penal Federal de Puebla, Joana Karina Perea Cano, determinó absolverlo del delito de homicidio calificado, porque la PGR no demostró con testigos que el militar fue quien disparó y mató al presunto delincuente y tampoco demostró que fuera la persona que aparece en el video asesinando al sujeto.

Así, la Sedena cierra el sexenio con 17 Recomendaciones (2 por Violaciones Graves) de la CNDH en su contra, recibiendo la última diez días antes de concluir el gobierno de Peña Nieto, de cara un sexenio en el que tendrá un papel todavía más protagónico como punta de lanza en el combate a la delincuencia y entrenando a la nueva fuerza anticrimen en al que se convertirá la Guardia Nacional, que contará con 50 mil efectivos a los que se sumarán otros miles más, provenientes de la Policía Federal, próxima a fusionarse con la nueva corporación.

 

Jorge Medellín

@JorgeMedellin95

Estadomayor.mx



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