México, 7 de agosto (Redacción).- “La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la posibilidad de asegurar que se ponga fin al uso de un sistema opaco y sin imparcialidad, que ha protegido a militares por sobre sus víctimas”, declaró José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch sobre la propuesta hecha por varios académicos y asociaciones civiles para restringir el fuero militar en los casos donde se violen los derechos humanos de los civiles. Dicha propuesta se discute en estos momentos por los magistrados de la SCJN.
La respuesta oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional en voz del Procurador de Justicia Militar, el General de Brigada Jesús Gabriel López Benítez, fue tajante: la propuesta no es viable.
El principal argumento dado por el General de Brigada es que el 97 por ciento de los casos contra los infractores de la disciplina militar reciben castigo y que además dichas sentencias emitidas por los tribunales militares, son revisables por los jueces federales, los cuales confirman las resoluciones en un porcentaje altísimo.
Actualmente, el Ejército Mexicano investiga a por lo menos 37 militares involucrados con homicidios y detenciones extrajudiciales de civiles, en casos emblemáticos como son:
La supuesta detención y desaparición de los hermanos José Luis y Carlos Guzmán Zúñiga el 14 de noviembre de 2008.
El asesinato del indígena Juan Alberto Rodríguez el 12 de febrero de 2010.
Las detenciones extrajudiciales y asesinatos de Alejandro Gama Habif, Ismael Amaya y Aarón Rojas de la Fuente ocurridas en marzo de 2009.
El homicidio del médico naturista Jorge Otilio Cantú en abril de 2011.
La tortura y posterior muerte de Jehtro Ramsés Sánchez el 1 de mayo de 2011.
Y por supuesto el caso de moda de presuntos nexos con el crimen organizado por par de los Generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe, Rubén Pérez Ramírez y Ricardo Escorcia, así como el Teniente Coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz.
El tema sobre las acotaciones del fuero militar no es nuevo, pero ciertamente ha tomado fuerza en vista de la situación en materia de seguridad la cual atraviesa México.
Los mayores avances hacia una reforma en cuanto a justicia militar se refiere se dieron durante el periodo en el cual Fernando Gómez Mont fue Secretario de Gobernación. Sin embargo, a la salida del antes mencionado, las negociaciones se cayeron y el proyecto se quedó atorado en el Congreso, se intentó incluir la reforma con una especie de calzador a la Ley de Seguridad Nacional y además se atravesó el proceso electoral y las prioridades cambiaron.
Ahora todo queda en manos de la Corte…