México, 7 de agosto (Milenio Diario).- ¿Cómo entender que un general, ex subsecretario de la Defensa Nacional, esté siendo acusado y procesado en una corte civil por haber presuntamente colaborado con los narcos; mientras que algún cabo, que presuntamente viola los derechos humanos de un ciudadano, es normalmente juzgado en una corte militar?
Que no haya respuesta lógica para esa pregunta es resultado de las contradicciones y absurdos en que ha caído la defensa a ultranza y la manipulación del amplísimo fuero militar mexicano.
Fue durante los meses en que Fernando Gómez Mont ocupó la Secretaría de Gobernación cuando más se avanzó en una serie de iniciativas en relación con la actuación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública, en las que se incluía una modificación al alcance del fuero.
Al final de cuentas, se fue Gómez Mont, las negociaciones se atoraron en el Congreso, se mezcló el asunto con la Ley de Seguridad Nacional, llegó el proceso electoral y todo se quedó a medias.
Y entonces estamos en la situación en que el Ejército, que siempre argumenta la necesidad de que los militares sean juzgados por militares, no tiene empacho en que unos generales sean juzgados por civiles.
Ahora, por no haberlo solucionado en el Legislativo, todo podría resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no es la mejor forma de resolverlo.
La Corte ha acumulado una veintena de casos impugnando el fuero militar, amparados en la decisión de la Suprema del año pasado, en relación con el caso Radilla y el fallo de la Corte Interamericana.
Digo que la SCJN no es la mejor forma de resolverlo porque lo que necesitamos es una nueva legislación que no desaparezca el fuero, sino que lo acote y redefina. La Corte no está para legislar, solo dirá si lo que hoy se hace es o no constitucional.
Hay suficiente evidencia de que lo que hoy tenemos no funciona. Cito un comunicado de Human Rights Watch: “La Fiscalía Militar abrió cerca de 5,000 investigaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas por soldados contra la población civil de 2007 a abril de 2012, según información obtenida a través de solicitudes de información pública por Human Rights Watch. El Ejército mexicano ha condenado a sólo 38 efectivos militares durante ese tiempo, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, no está claro en los registros proporcionados por las Fuerzas Armadas si el número de los condenados eran fugitivos condenados en ausencia o cuántos fueron exonerados. Además, 11 de los militares fueron castigados por los crímenes cometidos antes de 2007”.
Más allá de lo que decida la Corte, los legisladores que toman posesión en unas semanas tienen en sus escritorios este pendiente… Uno más.
Carlos Puig
Duda Razonable
Opinión
Milenio Diario