La película prohibida del batallón 27

Abarca y el 27 Batallón de Infantería. Foto: EspecialLa dupla del teniente Vicente Barbosa y del capitán Miguel Crespo del batallón 27 de infantería de Iguala, resurge tras conocerse los primeros testimonios de los policías de Cocula y de Iguala, detenidos a raíz de la desaparición en septiembre pasado de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, quienes los señalan de operar para la organización criminal Guerreros Unidos. Una acusación por la detención y desaparición forzada de seis jóvenes en marzo del 2010, con una grabación en video de por medio, refuerza la sospecha sobre los mandos e integrantes de esta unidad, cuestionada desde tiempos de la “Guerra Sucia” en Guerrero.

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México, 21 de noviembre.- Poco antes de la medianoche del primero de marzo del 2010, dos cámaras de seguridad localizadas frente al disco bar Cherry´s, en el boulevard Colegio Militar de Iguala, Guerrero, captaron el momento en que tres autos sin identificar se estacionaron en la acera del lugar. De los vehículos se observa cuando un grupo de individuos bajan para ingresar al club. Mientras al otro lado de la calle, se aprecia una camioneta militar que se estaciona en espera. Poco después los sujetos salen con unas personas a las que suben a sus unidades y arrancan. Entonces una señal con las luces que hace la camioneta tipo militar aparcada sirve de señal al convoy de vehículos que se aleja del lugar seguido de otras tres unidades castrenses.

Aquella fue una operación realizada por soldados del 27 batallón de infantería, en aparente coordinación con sujetos vestidos de civil, quienes se llevaron a seis jóvenes que momentos antes habían llegado a dejar unos equipos de sonido que utilizaron en la feria de Iguala. Desde ese día no se volvió a saber nada de ellos.

El batallón 27 de infantería con cuartel en Iguala era encabezado en ese momento por el coronel Antonio Reyes Rivera, quien apenas meses atrás en noviembre del 2009 había sido ascendido a ese grado. Su superior jerárquico a cargo de la 35 zona militar en Chilpancingo era el general de brigada Roberto de la Vega Díaz. Ambos jefes castrenses aparecen involucrados en la desaparición de Francisco Alejandro García Orozco de 32 años de edad, señalado como dueño del bar; de Sergio Menes Landa de 22, Andrés Antonio Orduña Vázquez de 21, Olimpo Hernández Villa de 34, Zózimo Chacón Jiménez de 22 y el menor Lenin Vladimir Pita Barrera de 17 años.

La detención a manos del ejército quedó documentada en un video, del cual los familiares realizaron varias copias, y fue reconocida dos años y siete meses después durante una reunión realizada el 23 de octubre del 2012 entre autoridades militares en Guerrero y representantes de la sociedad civil. En ese encuentro el entonces comandante militar en Chilpancingo, a cargo de la 35 zona, el general Juan Manuel Rico Gámez aceptó que el ejército participó en la detención de los seis jóvenes, aunque minutos después uno de sus ayudantes, el agente del ministerio público militar Francisco Rubio Castro, dio lectura a un reporte que decía que no los detuvo el ejército sino un grupo de personas “encapuchadas”.

“Atendimos con cuidado ese problema. Estoy enterado de que personal militar revisó a unos jóvenes que estaban bajando unas cosas de un vehículo, después de ahí se pasó la revista no hubo nada y seguimos nuestro patrullamiento y esa fue la respuesta oficial”, declaró el general de acuerdo a una nota aparecida al día siguiente en el periódico El Sur de Acapulco.

Poco después que los muchachos desaparecieron, la camioneta donde llegaron de la feria y traían el equipo de sonido fue resguardada en las instalaciones del batallón 27. El mismo vehículo tiempo después fue visto en la sede de la 35 zona militar en Chilpancingo.

Félix Pita García, padre del menor Lenin Vladimir, denunció desde el año 2011 lo que ocurrió en los días posteriores a la desaparición de su hijo y sus cinco compañeros. Dijo que junto a otros familiares se presentaron en las instalaciones militares de Iguala para reclamar la libertad de los jóvenes, conocer por qué razón los detuvieron y de qué se les acusaba. Fue cuando se toparon con la añeja táctica militar de negarlo todo. Quien los recibió les dijo que no estaban ahí. Tiempo después recibieron de manera anónima un video donde se aprecia el momento en que los jóvenes son sacados detenidos del local y llevados en los vehículos los cuales van escoltados por camionetas del ejército. “Por miedo a los guachos nadie se presentó a declarar como testigo”, señaló en aquel momento el señor Pita García.

Una ocasión pocos días después de la desaparición, los familiares de los seis jóvenes se reunieron con el procurador de justicia militar quien aceptó que si eran efectivos del 27 batallón de infantería los que aparecían en las imágenes. Desde entonces comenzaron los amedrentamientos, las amenazas y ante la corrupción y complicidad de policías, ministerios públicos y militares, decidieron bajar de tono las demandas para que aparecieran.

Hace unos días a raíz de la convocatoria lanzada por las organizaciones Causa Forense Ciudadana y la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG), centenares de familiares de personas desaparecidas en los últimos años en los municipios de Cuetzala, Cocula, Taxco, Teloloapan y Mezcala, entre otros municipios aledaños a Iguala, se reunieron para dar sus testimonios y realizar los protocolos para pruebas de ADN después de varios años en que por temor y desconfianza no denunciaron nada.

Realizada el pasado 11 de noviembre en la parroquia de San Gerardo María Mayela de Iguala, la reunión sirvió para colocar el foco mediático en otros casos previos a los de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. “Me duele mucho, me sangra en abundancia el corazón, se ensañaron con un chamaco adolescente de 17 años, un chamaco preparatoriano muy hábil para la cuestión del audio”, decía el señor Pita a los medios reunidos esa ocasión. Ante las cámaras el padre de Lenin Vladimir señalo que su hijo tiene como rasgo distintivo una cirugía en el antebrazo izquierdo donde se le aprecia una cicatriz como de un centímetro. Otro de los testimonios recogido fue el de Guadalupe Orozco, madre de Alejandro García Orozco, quien señaló que pese a que el video se presentó como evidencia ante la procuraduría militar, nunca se realizó investigación alguna contra el coronel Reyes Rivera y el personal que participó aquella noche en la detención de los seis jóvenes que continúan desaparecidos.

¿Comandos de la muerte?

Pocas semanas después de la desaparición de los seis jóvenes, el coronel Reyes Rivera fue relevado del mando del batallón 27 por su colega Alfredo Aponte Carranza, quien asumió el cargo en mayo del 2010. El coronel Aponte quien habían encabezado años atrás el 82 de infantería en Michoacán, y había estado comisionado desde 2009 en Ciudad Juárez en labores policiales dentro de un grupo de militares que se hicieron con la seguridad pública del municipio en los meses en que la violencia se desbordó, permaneció en Iguala hasta octubre del 2011 cuando llegó para relevarlo Juan Antonio Aranda Flores.

Con la llegada del coronel Aranda Flores un fenómeno comenzó a ser denunciado por ciudadanos de Iguala y municipios aledaños, cuyos familiares habían sido privados de la libertad desde aquellos días del otoño del 2011. Las voces que hablaban de escuadrones de la muerte, compuestos por personal entrenado en tácticas militares, equipado con armas de grueso poder, y distinguidos por su vestimenta oscura y pasamontañas, comenzaron a multiplicarse de manera exponencial.

Testimonios recogidos por la prensa local, señalaban que estos grupos acudían a enfrentamientos y operaciones para eliminar personas de grupos delincuenciales rivales, y se distinguían de los demás por su atuendo, su físico, y por el manejo de armamento de alto poder. Las sospechas de la participación militar, por omisión o complicidad, en la operación de estos grupos aumentaron tras la llegada del coronel Aranda Flores, un oficial de infantería quien había estado en la guarnición militar de Nuevo Laredo, Tamaulipas y antes había sido comandante del octavo batallón de fuerzas especiales en Jalisco.

Con Aranda Flores al frente del 27 de infantería los “lazos” con el grupo criminal de Guerreros Unidos parecieron “estrecharse”. El alcalde de Iguala José Luis Abarca, de quien se tenían reportes de inteligencia que operaba para esta organización, se convirtió en el principal interlocutor del comandante del batallón entre todos los presidentes municipales de la región.

La relación entre los mandos del 27 de infantería con Abarca databa por lo menos desde el año 2008, cuando por intermediación del diputado local Rubén Figueroa Smutny, el senador Lázaro Mazón principal padrino político del hoy ex alcalde de Iguala preso, consiguieron que el ejército donara al entonces empresario los terrenos frente a las instalaciones del batallón para construir Plaza Tamarindo

Cuando en el año 2013 el coronel José Rodríguez Pérez relevó a Aranda Flores al mando del batallón, las sospechas de la posible vinculación de militares con el grupo criminal de Guerreros Unidos aumentaron. Estas sospechas quedaron registradas en los expedientes de las causas penales contra los 22 policías municipales de Iguala, y las de los 14 de Cocula detenidos tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo a fuentes judiciales consultadas, en varias de esas causas aparecen los nombres del teniente Vicente Barbosa y del capitán Miguel Crespo, oficiales del 27 de infantería, quienes presuntamente operarían para la organización. Ambos fueron señalados en una lona colocada el 31 de octubre pasado en Chilpancingo de estar vinculados con la delincuencia organizada. Las sospechas contra el ejército se incrementaron a raíz de que se conoció la denuncia que hizo Salvador Bravo Bárcenas, jefe de la policía de Cocula, ante el coronel Rodríguez Pérez. El mando policial acusó al comandante César Nava González de pagar una nómina extra a los efectivos de la corporación.

Poco después el coronel Rodríguez Pérez se entrevistó con Nava González sin que lo detuviera, lo interrogara o lo presentara ante las autoridades ministeriales. A las pocas semanas el comandante Nava González fue señalado de haber sido quien operó la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

Juan Veledíaz

@velediaz424

Estado Mayor

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  3 en “La película prohibida del batallón 27

  1. Avatar
    Fausto Ibarra
    21 de noviembre del 2014 en 19:18

    Este reportaje tiene mucha inconsistencias, ellos trabajaban para la delincuencia organizada, tanto asi que uno de los hermanos de Garcia Orosco fue tundido a palos y sus familiares dijeron que habia tenido un accidente, poco tiempo despues murio, a los jovenes que dicen que los “levanto” el Ejercito, no fueron ellos fueron sus propios “amigos” y esto ocurrio en la mañana, un dia despues del evento del ejercito, y fueron sacados del local que tenian en la feria de Iguala.

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