México, 10 de noviembre.- El intento de quemar una puerta de Palacio Nacional resume el caos en ciernes que nos amenaza. A todos. Porque a la explicable irritación social por el asesinato de un grupo de estudiantes en Iguala se han incorporado elementos políticos revestidos de ambición supina, de destrucción impensable.
Frente a eso la omisión, la incapacidad del Estado-Gobierno de responder.
Cuando el procurador Jesús Murillo Karam, uno de los hombres más dignos de confianza de este sexenio, anunció que la nueva línea de investigación lleva al asesinato de los jóvenes secuestrados en Iguala y su posterior “incineración”, fue cuestionado sobre si estos hechos conformaban un “crimen de Estado”.
Que es la línea política sobre la que se quieren montar enemigos políticos del gobierno, sin darse cuenta de todo lo que esto implica, para todos. Es decir, para millones de mexicanos.
¿Fue un crimen de Estado? Fue un crimen cometido por sicarios, por criminales que no tienen moral alguna, y que contó con la participación de policías municipales, que a su vez tuvieron una orden proveniente de un presidente municipal perredista protegido por el gobernador y por su partido a sabiendas de sus nexos criminales.
Ni en una guerra se entienden las razones para asesinar a 43 jóvenes desarmados.
Pero muy pocos parecen interesados en esto. En lo más importante, en descubrir el motivo para matarlos. Porque el inicio de todo fue evitar que los estudiantes “estorbasen” o anularan el efecto político de la celebración de la esposa del presidente municipal que, asombrosamente, no está en la cárcel.
Pero si la orden inicial fue impedir el paso de los estudiantes de la Normal al centro de Iguala, ¿qué motivó que los sicarios criminales los mataran? Esta es la gran pregunta.
Queda clarísima la inmundicia de la policía municipal, tanto en Iguala como en Cocula, bajo el mando del grupo criminal “Guerreros Unidos”, dirigido por la familia de la esposa de Abarca, Ángeles Pineda. No los motivos para el asesinato.
Frente a esto, a la complicidad de autoridades locales con criminales locales, hubo una también incalificable omisión del Estado-Gobierno.
Cuando Murillo Karam sentenció que hubiese sido peor, así lo dijo textual, si “el Ejército hubiese intervenido”, de lo que estaba hablando es de lo más grave de todo: La incapacidad de respuesta oficial.
O sea no tenemos una institución con capacidad de evitar una masacre.
A la luz de los acontecimientos de Tlatlaya esto es gravísimo.
Murillo Karam insistió, en su intervención en medios nacionales que lo seguían minuto a minuto, en que los militares actúan por órdenes superiores. Lo que sabemos, pero dicho en ese contexto es muy grave, porque entonces tenemos que preocuparnos sobre si estas “órdenes superiores”, de sus jefes inmediatos, necesariamente no hubiesen llevado a regresar al orden, a salvar a los estudiantes secuestrados. Sino en sentido contrario, a la muerte.
¿Es posible que los jefes militares de Iguala, tanto como el responsable de la policía federal ahí presente, no estuviesen enterados de este “secuestro”, al menos de que un grupo de varias decenas de estudiantes eran transportados en camiones hacía un sitio desconocido por policías municipales? Hay constancia de que el titular de seguridad pública de Iguala, que fue quien comenzó el operativo que esa noche terminó con varias muertes y disparos contra autobuses, avisó al delegado de la policía federal de su “operativo”.
¿Pudieron todas estas autoridades federales no ver lo que sucedió esa noche?
¿Por qué el presidente municipal de Cocula, Cesar Miguel Peñaloza, priísta, recibió la orden de comprar vehículos para su policía de “Guerreros Unidos” y a sabiendas de que serían utilizados por esta organización criminal lo permitió?
¿Puede un gobernador no enterarse de todo ello?
¿Por qué, esto es tan doloroso, la ira popular no se dirige contra los asesinos?
La ambición política de enemigos políticos del gobierno legítimo está manipulando la protesta social y la está llevando a terrenos muy peligrosos para el país. Frente a esto, el Estado-Gobierno no está demostrando capacidad de respuesta. Y la omisión, como sucedió en Iguala, es tremendamente costosa para millones de mexicanos. No se trata de incendiar una puerta de Palacio Nacional frente a la mirada complaciente de la autoridad, que no recibe órdenes de actuar porque sería “peor”, sino de que parecerían a punto de incendiar el país…
Isabel Arvide
@isabelarvide
Estado Mayor