Las imágenes donde aparece la sede del congreso del estado de Guerrero, y el palacio municipal de Chilpancingo, atravesados por llamas y humaredas, dan la vuelta al mundo desde la tarde del lunes 13 de octubre. La protesta de estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, por la desaparición de 43 de sus compañeros, frente a la inacción del gobierno que encabeza el perredista Ángel Aguirre Rivero, ya encendió la mecha y activó todas las alertas en el gabinete de seguridad nacional. Los destrozos y quema de varias oficinas alcanzaron la sede de dos poderes cuyos representantes han sido acusados de tener vínculos con el narco.
México, 14 de octubre.- El rostro y la voz de Omar García se volvieron tendencia en redes sociales y en Internet en todo el país, y algunas ciudades de Estados Unidos, desde la segunda semana de octubre. El joven estudiante de primer año de la normal rural de Ayotzinapa, uno de los sobrevivientes del macro secuestro de la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, fue entrevistado por una cadena de televisión estadounidense donde narró cómo logró escapar con otros de sus compañeros después de que asesinaran a tres, y otros 43 fueran plagiados por policías municipales y un comando armado.
En una parte de su relato señala que cuando huían se encontraron con varios militares que realizaban un rondín por la zona centro de Iguala, mientras en la orilla por el rumbo de la carretera que conecta la ciudad con el centro del estado, el grupo armado baleaba otro camión donde viajaban futbolistas y se llevaba en camionetas patrulla a sus compañeros.
Los militares los retuvieron, narró Omar, y los obligaron a no moverse y en caso de recibir llamadas a su teléfono celular, les indicaron que dijeran que estaban bien. El testimonio contradijo la versión que dio el coronel José Rodríguez Pérez, comandante del batallón 27 con sede en Iguala, quien aseguró al día siguiente que sus hombres no habían participado en los hechos.
“Cuando llegamos a las inmediaciones de la plaza, huyendo de los balazos, el ejército ya estaba patrullando. Nos jalan y nos retienen. Nos decían: ‘Cállense, cállense, ustedes se lo buscaron. Quería ponerse con hombrecitos, pues ahora éntrenle, éntrenle y aguántense’. Teníamos miedo, y rabia a la vez, porque no podíamos ni hablar, no pudimos ni recibir llamadas. Si alguien nos llamaba, un militar se ponía ahí a escuchar primero, nos iba diciendo lo que teníamos que decir, básicamente como que encubriéndose. Si podía recibir llamadas para que no se dieran cuenta que los tenemos pero no digas que te tienen los militares, tu di que estas bien, algo así le decían a los compañeros que estaban recibiendo llamadas”.
“A partir de ahí, ellos llamaron una ambulancia, tomaron fotografías de todos, nos tomaron fotos a todos, incluso al compañero que estaba herido, dijeron, le vamos a tomar fotografías para que la ambulancia ya más o menos vaya tanteando la gravedad del asunto, esa ambulancia nunca llego. Entonces de ahí los compañeros se dispersaron y me dejaron a mí y a un maestro a cargo del compañero a riesgo de que nos mataran pues por las calles. Porque entre muchos no sabíamos, éramos dos, tres y ya pudimos llegar al hospital general como a las dos y media o tres de la mañana”.
Mensajes a otros “sospechosos”
El presidente municipal de Chilpancingo el priista Mario Moreno Arcos no imaginó que podría tener un día como el del pasado lunes 13 de octubre. Tampoco su colega, el diputado perredista Bernardo Ortega Jiménez, presidente de la comisión de gobierno del congreso del estado. El primero porque un grupo de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), irrumpió en palacio municipal causando destrozos y quemando algunos inmuebles. El segundo porque la sede del congreso del estado quedó con los cristales rotos y destrozos y daños diversos por las llamas del incendio. Casualmente ambos han sido vinculados en diferentes momentos, en meses recientes a raíz de la ola violenta que sacude al estado, de tener vínculos con el narco.
A finales de enero pasado en asamblea pública en la comunidad del Ocotito, a las afueras de Chilpancingo, Moreno Arcos fue acusado por el líder de los comerciantes de la capital del estado, el empresario Pioquinto Damián Huato, de proteger a los criminales mientras extorsionan comerciantes y favorecer con permisos ilegales a mafias que venden productos robados en la ciudad.
El día que hizo la denuncia de regreso a la capital del estado, fue atacado a tiros en su vehículo por un comando armado, presuntamente enviado por Moreno Arcos. En el atentado murió Laura Rosas Brito, esposa de Walter Damián Bautista, hijo del dirigente de la Canaco en Chilpancingo.
Bernardo Ortega Jiménez, legislador perredista y ex presidente municipal en Quechultenango, una comunidad en la zona centro sur del estado, encabeza la comisión de gobierno pese a que ha sido señalado de provenir de una familia relacionada al crimen organizado en la región serrana.
El diputado Ortega Jiménez, al igual que el gobernador Ángel Aguirre Rivero, forma parte de Nueva Izquierda, la corriente conocida como “los Chuchos”, reelecta a principios de mes con Carlos Navarrete en la dirigencia del partido. El legislador es hijo de Celso Ortega Rosas, un individuo al que conocían como “la Ardilla”, y que fuera detenido en el año 2008 acusado de secuestro y asesinato de dos agentes federales, quienes realizaban operaciones encubiertas contra las redes del narco en la zona centro de Guerrero. Obtuvo su libertad pocos años después y en enero del 2011, cuando se encontraba a las afueras de su domicilio en el poblado de Tlanicuilulco, fue asesinado a tiros por hombres armados que llegaron en una camioneta.
Al grupo que fundó su padre los conocen como “los Ardillos”, y son considerados acérrimos enemigos de “los Rojos”, con quienes disputan el corredor que viene de la sierra de Tlapa, pasa por Quechultenango, en dirección a Chilpancingo. Se acusó al diputado perredista Ortega Jiménez, que cuando fue alcalde utilizó a las policías del municipio para labores relacionadas al narco.
La alerta de tiempo atrás
Fue una tarde agitada la del lunes 13 en Chilpancingo. Desde temprano comenzaron las movilizaciones de normalistas de la escuela “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, quienes junto a maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), marcharon y tomaron las instalaciones del palacio de gobierno y el congreso del estad para exigir la presencia con vida de sus 43 compañeros desaparecidos desde el 26 de septiembre.
Medios locales informaron que los manifestantes incendiaron también la oficina de finanzas de gobierno, la secretaría de seguridad pública y uno de los edificios del palacio de gobierno. Más tarde un contingente de maestros se dirigió al palacio municipal donde irrumpieron de manera violenta. Antes los inconformes habían incendiado un camión de la empresa Marinela el cual dejaron a mitad de la avenida frente al Tecnológico de Chilpancingo.
La alerta por los disturbios se sumó a la crisis que se vive por la inseguridad en diferentes partes del estado de Guerrero. Mientras el caso de los 43 jóvenes desaparecidos no se ha resuelto, los asesinatos en el puerto de Acapulco siguen en a la alza. El pasado fin de semana se reportó el atentado contra un grupo de estudiantes del Tecnológico de Monterrey a manos de policías ministeriales. En el ataque resultó herido un joven alemán quien viajaba con el resto de sus compañeros. El hecho desató la condena de la institución que exigió se aclarara el suceso. Horas después la Procuraduría de Justicia de Guerrero anunció la detención “entre 15 y 20” agentes vinculados al caso.
Juan Veledíaz
@velediaz424
Estado Mayor