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México, 25 de abril.- Todo se volvió caótico por el miedo, justificado, del Gabinete de Seguridad. Ellos fueron los que pidieron, y consiguieron que se incluyeran cambios en la iniciativa de ley que despertaron protestas justificadas de grandes sectores de la población.
A estos cambios ya se les dio marcha atrás. Principalmente en lo que se refiere a bloquear señales de Internet por temas de seguridad pública.
Para que no hubiese duda al respecto, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, ya declaró públicamente que ese tema será eliminado de la reforma, en definitiva. Quedando igual el artículo 29 constitucional al que se pretendió reformar.
¿Cuál era la intención de estas reformas, qué está detrás de la intención de modificar las leyes respectivas? El uso que criminales les dan a las redes sociales.
Seguramente tendrán que encontrarse otros caminos.
No debe censurarse Internet pero sí, en definitiva regularse mucho de lo que sucede en Internet, en Facebook, en Twitter para proteger a los ciudadanos de que los mismos poderosos, sean del ámbito político o económico puedan manipular información, utilizar estos medios para desde el anonimato destruir honras y afectar la vida privada de muchas personas.
Estoy hablando de las campañas, pagadas con dinero público, que gobernadores o funcionarios públicos de primer nivel instrumentan contra quienes no son gratos a sus intereses o han denunciado sus malos manejos. Todo esto por un “ejército” de “troles” que crean cuentas para insultar.
En este sentido hay que dar la bienvenida a las modificaciones que se hicieron a la iniciativa de ley para que sea voluntario por parte del concesionario “bloquear el acceso” a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición del usuario o cuando medie orden de la autoridad.
Es decir, que cualquier ciudadano víctima de una campaña de este tipo, que es muy fácil de analizar porque en su mayoría se trata de cuentas nuevas que solamente fueron abiertas en Twitter para insultar a un individuo, donde todos los mensajes emitidos llevan el mismo contenido, podrá pedir al Ministerio Público que a su vez exija a los concesionarios que bloqueen estos mensajes.
No es mucho, pero se consigue avanzar en contra de la impunidad de quienes desde el anonimato se dedican a insultar en redes sociales por orden, y pago, de los
poderosos.
La realidad nacional, y de muchas otras naciones, es que las redes sociales son el vehículo que la mayoría usan para comunicarse. Sobre todo los jóvenes que se nutren de la información cotidianamente y, a su vez, interactúan con la sociedad.
Esto ha abierto inconmensurablemente los espacios de libertad de expresión en nuestro país. Más allá de los intereses económicos o políticos de editores y dueños de comunicación es posible expresar cualquier cantidad de versiones sobre la realidad, analizar, contabilizar, criticar a todos.
Muchos medios de comunicación han surgido como “portales” de Internet, y a través de Twitter establecen vínculos con miles de lectores, a la vez que sus análisis o reportajes pueden ser leídos exponencialmente, como comentario repetido (retuiteado) a grupos sociales muy diversos.
Ciudadanos que no son periodistas se han convertido en redes sociales en críticos conocidos y reconocidos por su valor.
Todo esto es saludable.
Excepto cuando las redes sociales están en manos del poder y son utilizadas en contra de un ciudadano que no tiene capacidad ni técnica ni económica para
defenderse.
Bastaría con acabar, por ley, con el anonimato en las redes sociales. Que todos tuviesen que dar la cara, el nombre, su ubicación. Que fuesen personas reales quienes utilizan esta libertad tan importante, y no cuentas falsas que ocultan las verdaderas intenciones.
Que los equipos de gobernadores y políticos tuviesen que identificarse como lo que son, de igual forma que lo hacemos los periodistas. De igual manera que los ciudadanos tienen obligaciones legales en otros ámbitos.
Cuidemos la libertad, pero también protejamos a los ciudadanos del poder. Tiene que establecerse un mecanismo legal que impida su victimización en las redes sociales.
Isabel Arvide
@isabelarvide
Estado Mayor
8 comments for “Los miedos del gabinete de seguridad”